Por: Redacción www.costaricamayor.com
El FMI recomendó gravar la canasta básica con la tarifa general del 13%. Reconstruimos el presupuesto de una persona adulta mayor que vive sola, paga alquiler y recibe ₡250.000 del IVM. La conclusión es incómoda: las cuentas ya no cierran hoy, antes de cualquier impuesto nuevo.
Don Jorge tiene 76 años y una libreta de tapas verdes donde apunta todo. Cada fin de mes se sienta en la mesa de la cocina, en el cuarto con baño que alquila en un barrio de Cartago, y hace las cuentas con lapicero. De un lado, su pensión del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte: ₡250.000. Del otro, los recibos: alquiler, luz, agua, gas, comida, pases de bus para las citas y las pastillas para la presión que a veces no hay en la farmacia de la Caja. Hace meses que la columna de gastos le gana a la de ingresos. Su estrategia, dice, es sencilla: «Donde único puedo recortar es en la comida».
Don Jorge es un personaje compuesto, construido a partir de testimonios y situaciones reales documentadas por este medio. No corresponde a una persona específica, pero su presupuesto refleja la realidad de miles de personas pensionadas del IVM en Costa Rica.
Es precisamente ahí, en la comida, donde apunta la recomendación más reciente del Fondo Monetario Internacional.
Qué propuso el FMI
En su informe de la Consulta del Artículo IV de 2026, publicado el 29 de mayo, el FMI sugirió a Costa Rica una reforma tributaria para aumentar la recaudación. La medida estrella: elevar el IVA de los bienes de la canasta básica del 1% actual a la tarifa general del 13%. Según el organismo, este cambio por sí solo generaría ingresos equivalentes al 1% del producto interno bruto, el mayor rendimiento de todo el paquete.
El paquete incluye otra propuesta que golpea directamente a las personas mayores: eliminar la exoneración del IVA al equipo médico. Andaderas, sillas de ruedas, glucómetros y audífonos pagarían más. El FMI plantea compensar el impacto con transferencias sociales dirigidas a los hogares en condición de pobreza. Ahí está la trampa para don Jorge, y volveremos sobre ella.
El presupuesto que ya no cierra
Hagamos las cuentas con datos oficiales. El Instituto Nacional de Estadística y Censos calcula que la Canasta Básica Alimentaria —lo mínimo que una persona necesita comer en un mes— cuesta ₡61.189 en zona urbana. Solo comer. Sin techo, sin luz, sin medicamentos.
El alquiler es el rubro que devora la pensión. Un apartamento formal pequeño en la Gran Área Metropolitana ronda los ₡400.000 o más, fuera de todo alcance. La opción real de don Jorge es un cuarto con baño o un anexo en barrio popular: entre ₡130.000 y ₡150.000 mensuales. Sumemos electricidad y agua (₡25.000 a ₡30.000), gas e higiene (₡15.000), transporte (₡12.000 a ₡15.000) y medicamentos no cubiertos por la CCSS o compras de urgencia ante desabastecimiento (₡15.000 a ₡25.000).
El total oscila entre ₡258.000 y ₡286.000 mensuales. La pensión es de ₡250.000. El presupuesto está reventado entre ₡8.000 y ₡36.000 cada mes, hoy, sin reforma alguna. Don Jorge no es pobre según las estadísticas: la línea de pobreza urbana es de ₡127.150 per cápita y él la duplica. Pero esa línea no contempla lo que significa pagar un alquiler completo, solo, a los 76 años.
Los ₡7.000 que nadie le preguntó si puede pagar
Si la canasta básica pasa del 1% al 13% de IVA, los ₡61.189 de comida mensual subirían a aproximadamente ₡68.460. Son unos ₡7.270 más por mes: sobre ₡87.000 al año, más de un tercio de una pensión mensual completa, solo en el encarecimiento de la comida. Para un presupuesto que ya cierra en negativo, no es un ajuste: es la diferencia entre tres comidas al día o dos.
Y aquí aparece la trampa anunciada. La compensación del FMI está dirigida a hogares bajo la línea oficial de pobreza. Don Jorge está por encima: quedaría fuera de las transferencias y dentro del aumento de precios. Es la franja invisible de este país: demasiado «rico» para los programas sociales, demasiado pobre para absorber el impuesto.
Un derecho, no una variable de ajuste
La Ley 7935 y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, incorporada por la Ley 9394, obligan al Estado a garantizar a esta población un nivel de vida adecuado, incluida la alimentación. Hay una ironía que el propio informe registra: el FMI advierte sobre la fragilidad financiera del régimen IVM. El mismo texto que reconoce que las pensiones penden de un hilo propone encarecer la comida de quienes viven de ellas.
Toda reforma fiscal es una decisión sobre quién paga. Cuando un país decide cobrarle el faltante a la libreta de tapas verdes de don Jorge, no equilibra las finanzas públicas: transfiere el desequilibrio a la mesa de quienes menos margen tienen para resistirlo.
Termino aquí. Si las cuentas de don Jorge no cierran hoy con la canasta básica al 1%, ¿quién va a responder por él cuando esté al 13%?
¿Su papá o su mamá vive de una pensión del IVM y paga alquiler? Esta discusión fiscal también es sobre ellos. Comparta esta nota, cuéntenos su caso y únase al canal de WhatsApp de Costa Rica Mayor para seguir esta propuesta y la reforma del IVM. La voz de las personas mayores tiene que estar en la mesa donde se deciden estos impuestos.
