EL REPORTE | Encuesta Idespo-UNA 2026
Por: Eduardo Méndez, Director www.costaricamayor.com
El 80,5% de las personas encuestadas por el Idespo-UNA califica como nula o poca la capacidad de hospitales y clínicas públicas para atender la salud mental de las personas adultas mayores. Detrás del dato hay rostros, silencios y un derecho que la ley ya reconoce.
Doña Miriam tiene 74 años y hace dos que enviudó. Dejó de ir a misa, dejó de llamar a sus hermanas, dejó de regar las matas que su esposo le había sembrado en el patio. Su hija la llevó al EBAIS porque «ya no era la misma». La respuesta que recibieron cabe en una frase que miles de familias costarricenses conocen de memoria: «Eso es normal a su edad». Salieron con una cita de control para dentro de varios meses y sin una sola pregunta sobre cómo se sentía por dentro.
Lo que doña Miriam vivió no es una anécdota aislada. Es, según la evidencia más reciente, la percepción dominante en Costa Rica.
El dato que retrata una deuda nacional
El Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional presentó este martes 9 de junio, en el Campus Omar Dengo de Heredia, el informe «Percepciones de la población sobre accesibilidad y calidad de los servicios que reciben las personas adultas mayores en Costa Rica, 2026», a cargo del programa Envejecimiento: cambios poblacionales y retos sociales.
El hallazgo central es contundente: el 80,5% de las personas encuestadas —8 de cada 10— califica como «nada» o «poca» la capacidad de los hospitales y clínicas públicas para atender las situaciones de salud mental de las personas adultas mayores.
La encuesta, de carácter telefónico, se aplicó a 701 personas entre el 11 y el 19 de junio de 2025, con un margen de error de 3,7% y un nivel de confianza del 95%. No es una impresión suelta: es una fotografía estadísticamente sólida de cómo el país percibe la respuesta institucional ante el sufrimiento emocional de su población mayor.
No es solo salud mental: la confianza está erosionada
El estudio dibuja un cuadro más amplio de desconfianza. El 64,3% de las personas encuestadas considera nula o poca la capacidad de los centros públicos para tratar dolencias físicas en personas mayores. Y al consultar sobre la preparación del personal médico para atender a esta población, el 50,6% respondió que está «poco» capacitado y un 13,7% que no lo está en absoluto. Solo el 37,7% le otorga una valoración alta.
Esto ocurre en un país donde la mayoría no tiene alternativa: el 64,6% de las personas encuestadas se atiende en la Caja Costarricense de Seguro Social, frente a un 30,8% que acude a servicios privados y un 4,6% que combina ambos. Cuando el sistema público falla en salud mental, no falla un servicio entre muchos: falla la única puerta disponible para la mayoría.
Los problemas señalados con mayor frecuencia confirman el patrón: tiempos de espera prolongados (28,3%), trato inadecuado, falta de empatía y discriminación (26%) y falta de capacitación y atención especializada (15,9%). Tres de las primeras causas percibidas tienen que ver con cómo se trata a la persona, no solo con cuánto se tarda en atenderla.
Lo que la ley ya dice y el sistema todavía no cumple
La salud mental de las personas adultas mayores no es un favor ni un lujo: es un derecho reconocido en el ordenamiento costarricense. La Ley 7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, garantiza el acceso a la atención integral en salud, y la Ley 9394, que incorporó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, obliga al Estado a asegurar servicios de salud que incluyan expresamente la atención de la salud mental, con personal capacitado en geriatría y gerontología.
La Organización Mundial de la Salud estima que alrededor del 14% de las personas de 70 años o más vive con algún trastorno mental, y señala la soledad y el aislamiento social como factores de riesgo cruciales en esta etapa de la vida. La depresión en la vejez no es «normal». Es una condición de salud que se puede detectar, tratar y acompañar, cuando el sistema está preparado para verla.
La percepción ciudadana recogida por el Idespo-UNA dice, con números, lo que doña Miriam vivió en una sala de espera: que entre el derecho escrito y la consulta real hay una distancia que el país no ha querido medir. Hasta ahora.
Una sociedad se mide por cómo escucha a sus mayores
Costa Rica envejece aceleradamente y lo sabe. Lo que este informe revela no es únicamente una falla de servicios: es una forma de mirar la vejez que confunde tristeza con destino y silencio con normalidad. Cambiar esa mirada no le corresponde solo a la CCSS. Nos corresponde a todos: a las familias que preguntan «¿cómo se siente?», a los profesionales que no despachan el dolor con «cosas de la edad», a las instituciones que deben rendir cuentas por un derecho que ya está en la ley.
Termino aquí. Si 8 de cada 10 costarricenses ya saben que el sistema no está preparado, ¿cuánto más vamos a esperar para prepararlo?
¿Su mamá o su papá ha cambiado de ánimo, dejó de hacer lo que disfrutaba o se aísla? No lo normalice. Pida valoración en su EBAIS o clínica y, si percibe abandono, maltrato o negligencia, comuníquese con la Línea Dorada 1165 de CONAPAM, gratuita y confidencial. Comparta esta nota con esa hija, ese hijo o esa persona cuidadora que necesita leerla, y únase a nuestro canal de WhatsApp de Costa Rica Mayor para recibir información que defiende los derechos de las personas mayores.
