Por: Redacción www.costaricamayor.com
El Ministerio de Hacienda ha abierto la puerta a gravar la canasta básica con la tarifa general del IVA, que pasaría del 1% al 13%. Detrás del debate técnico hay una pregunta que rara vez se formula: ¿qué ocurre con quienes viven de una pensión mínima y destinan casi todo su ingreso a comer?
Doña Emilia tiene 74 años y vive sola en un cuarto alquilado en las afueras de Cartago. Cada mes recibe una pensión del Régimen No Contributivo y, con ese monto, cubre el alquiler, la luz, los medicamentos que el seguro no le da y la comida. Cuando escuchó en la radio que se estudiaba subir el impuesto al arroz, los frijoles y la leche, no entendió los porcentajes, pero sí entendió lo esencial: iba a alcanzarle para menos.
Qué se está discutiendo, con exactitud
Conviene precisar el punto de partida, porque en estos temas la imprecisión asusta más que el dato. El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, abrió la posibilidad de revisar el tratamiento tributario de la canasta básica, en línea con las recomendaciones que el Fondo Monetario Internacional dirigió al país tras la Consulta del Artículo IV, divulgada a finales de mayo de 2026. No se trata, todavía, de una ley aprobada ni de un proyecto presentado ante la Asamblea Legislativa. Se trata de un estudio del Poder Ejecutivo. Cualquier cambio de este tipo requeriría el aval del Congreso, y la historia costarricense demuestra que aprobar un aumento tributario nunca ha sido sencillo.
El contenido de la propuesta es claro. Hoy, tras la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas de 2018, los bienes de la canasta básica pagan una tarifa reducida del 1% del Impuesto al Valor Agregado, muy por debajo del 13% general. La idea en estudio consiste en elevar esa tarifa hasta el 13% para, según el planteamiento oficial, focalizar mejor el beneficio y compensar después, mediante transferencias, a los hogares de menores ingresos. En esa canasta figuran productos que doña Emilia compra todas las semanas: arroz, frijoles, huevos, pan, leche, natilla, queso, pollo y aceite. No son artículos de lujo. Son la base de su alimentación.
Por qué la vejez está en primera fila
El IVA es un impuesto indirecto: no pregunta cuánto gana quien compra. Cobra lo mismo a quien tiene mucho y a quien tiene poco. Esa neutralidad aparente esconde un efecto profundamente desigual, porque el peso relativo del impuesto crece cuanto menor es el ingreso. Quien destina casi todo lo que recibe a comer siente cualquier alza en la comida como un golpe directo a su subsistencia. Y en Costa Rica, un porcentaje considerable de las personas adultas mayores está exactamente en esa posición.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, presentados junto con la Asociación Gerontológica Costarricense, dibujan un panorama que no admite lecturas complacientes. Al menos un 26,6% de las personas adultas mayores vive en condición de pobreza, y una proporción muy alta no recibe pensión alguna. La Universidad de Costa Rica ha documentado que más de 215.000 personas mayores viven sin ningún tipo de pensión, mientras que quienes dependen del Régimen No Contributivo reciben un monto que, en palabras del propio decano de la Facultad de Medicina de la UCR, apenas alcanza para lo mínimo. Sobre esa realidad frágil se plantea encarecer los alimentos esenciales.
Hay un rostro concreto detrás de estas cifras, y es un rostro de mujer. El envejecimiento en Costa Rica está feminizado: las mujeres viven más años y, por trayectorias laborales interrumpidas o informales, llegan a la vejez con menos protección y mayores tasas de pobreza. Cuando el precio de la leche o de los frijoles sube por la vía del impuesto, quien primero lo resiente es, muchas veces, una mujer mayor que vive sola.
La compensación prometida y sus vacíos
Los defensores de la medida responden que nadie quedaría desprotegido, porque el Estado devolvería el impuesto a los hogares de menores ingresos mediante un mecanismo similar al que ya existe para útiles escolares, canalizado a través del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (Sinirube). Todos pagarían el IVA en caja y, después, las familias pobres recibirían un reintegro. En el papel, el argumento busca que el beneficio deje de favorecer por igual a ricos y pobres.
El problema, para la persona adulta mayor, está en las palabras «después» y «registro». Una devolución posterior obliga a pagar hoy y esperar mañana, y quien vive al día no siempre tiene margen para adelantar ese dinero. Además, todo mecanismo basado en registros de beneficiarios corre el riesgo de dejar por fuera precisamente a los más aislados: personas sin acceso digital, sin acompañamiento familiar, sin la información necesaria para inscribirse o reclamar. Doña Emilia no realiza transacciones bancarias en línea, y no es una excepción. La brecha digital de la vejez es real y medible. Una compensación que exige trámite puede convertirse, para quien más la necesita, en un beneficio inalcanzable.
Conviene decirlo sin ambigüedad: el país enfrenta un problema fiscal serio y legítimo, y discutir cómo se financia el Estado es parte de una democracia responsable. Pero el modo en que se financia no es neutral. Descansar la recaudación sobre impuestos que pesan igual para todos significa, en la práctica, pedirle más a quien menos tiene. Y en Costa Rica, entre quienes menos tienen, hay una proporción creciente de personas mayores.
Un asunto de derechos, no de caridad
La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, Ley N.° 7935, y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, Ley N.° 9394, reconocen a la persona adulta mayor como sujeto pleno de derechos, incluido el derecho a un nivel de vida adecuado y a la alimentación. Estos no son gestos de buena voluntad del Estado. Son obligaciones jurídicas. Cualquier reforma fiscal que encarezca la comida básica debe medirse también con esa vara, y no únicamente con la de la recaudación.
Envejecer en Costa Rica ya plantea desafíos suficientes. La conversación fiscal apenas empieza, y todavía hay tiempo para que la voz de la vejez forme parte de ella y no sea, una vez más, la última en escucharse.
¿Qué clase de país queremos ser cuando decidimos quién paga el precio de la comida de doña Emilia?
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Fuentes: Ministerio de Hacienda; Informe de la Consulta del Artículo IV 2026 del Fondo Monetario Internacional; Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC); Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO); Universidad de Costa Rica; Ley N.° 7935 y Ley N.° 9394.
