NOTICIAS EN CONTEXTO – Por Eduardo Méndez, Abogado . Director de www.costaricamayor.com
Tres proyectos de ley están listos para discutirse en la Asamblea y permitirían a miles de personas pensionadas retirar su ahorro complementario antes de lo que hoy permite la ley. Sin embargo, no avanzan. La razón no es que falten votos: es que nadie los convoca. Detrás de esa parálisis hay un pulso político que conviene entender.
Don Jorge se pensionó a inicios de este año. Siguió la campaña electoral y escuchó a varias figuras prometer que el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, su ROP, por fin se les entregaría a las personas como él. Votó con esa esperanza. Hoy, medio año después, revisa las noticias cada semana esperando que los proyectos se voten, y encuentra siempre lo mismo: están listos, pero no se discuten. No entiende por qué, si el dinero es suyo y casi todos dicen estar de acuerdo, nadie termina de entregarlo.
La confusión de don Jorge es razonable, porque el tema tiene una trampa: sobre el papel casi todos dicen que el ROP es de los trabajadores. La verdadera discusión no es de quién es el dinero, sino cuándo y cómo se entrega. Ahí es donde se ha trabado.
Qué hay sobre la mesa
En la corriente legislativa hay tres proyectos, todos dictaminados favorablemente por la Asamblea anterior y listos para el Plenario. Uno, impulsado en su momento por la exdiputada Ada Acuña, permitiría retirar la totalidad del fondo a quienes reciban del régimen básico una pensión relativamente alta. Otro, de la exdiputada Rocío Alfaro, del Frente Amplio, habilitaría a quienes se pensionen entre 2021 y 2029 a retirar su ROP en tractos durante un plazo definido. Y un tercero, del exdiputado Óscar Izquierdo, de Liberación Nacional, plantea entregarlo en cuatro pagos escalonados. Las fórmulas cambian, pero el norte es el mismo: que el dinero llegue antes y de manera más flexible que hoy.
El problema es que un proyecto dictaminado no se vota solo. Para llegar al Plenario durante las sesiones que hoy controla el Poder Ejecutivo, alguien tiene que convocarlo. Y la presidenta Laura Fernández, pese a haber respaldado la entrega durante la campaña, dejó estos proyectos fuera de sus convocatorias. Ahí empieza la respuesta a la pregunta de don Jorge.
Quién frena la entrega y por qué
La voz más clara en contra dentro del Gobierno es la de Nogui Acosta, jefe de la fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano y exministro de Hacienda. Su posición es directa: el ROP no debe entregarse de golpe porque no es un ahorro cualquiera, sino parte de la pensión. «No hay dos pensiones, no hay dos fondos; hay una única pensión», ha resumido. Acosta insiste en que antes de decidir hay que medir las consecuencias, y no solo para quien retira su dinero, sino para toda la economía.
Sus advertencias son concretas. Si se entregara el fondo de forma masiva, calcula, entrarían a circular de golpe cerca de dos mil millones de dólares, con posibles efectos sobre el tipo de cambio, la inflación y las tasas de interés. A eso suma un argumento que viene de su paso por la Superintendencia de Pensiones: según un estudio que cita, la mitad de las personas que en el pasado recibieron su ROP en un solo pago se lo habían gastado en tres años, buena parte en gastos ajenos a su sostenimiento en la vejez . Por eso califica de «populista» prometer el reparto sin explicar sus efectos. Otras instituciones han reforzado esa cautela: el Banco Central y el Ministerio de Hacienda emitieron criterios negativos sobre el retiro total, y hasta el Fondo Monetario Internacional pidió no avanzar con las reformas.
La propia presidenta Laura Fernández se ha refugiado en ese mismo argumento técnico. Aunque en campaña afirmó estar «absolutamente de acuerdo» con la devolución y repite que el ROP «es única y exclusivamente de los adultos mayores», hoy sostiene que entregarlo sin los estudios necesarios sería irresponsable. En lugar de convocar los proyectos, acordó con Liberación Nacional pedir estudios técnicos a la Superintendencia de Pensiones, al Banco Central y a Hacienda antes de dar cualquier paso.
Quiénes exigen que se entregue
Del otro lado hay un reclamo que no se apaga. La fracción de Liberación Nacional, por medio de su jefe Álvaro Ramírez, ha pedido públicamente a la presidenta que «cumpla su palabra» y convoque los proyectos. Su argumento es tan político como social: el país lleva años sin aumentos significativos en salarios ni pensiones, y entregar el ROP sería, en sus palabras, una manera muy directa de dar un alivio que las personas mayores merecen y necesitan. En foros y en la barra del público de la Asamblea, grupos de personas pensionadas han acompañado ese reclamo, pidiendo disponer de un dinero que consideran suyo para pagar deudas, atender la salud o sostener a sus familias.
Lo llamativo es que ese reclamo también vive dentro del propio partido de gobierno. Aunque su jefe de fracción se opone, varias figuras del oficialismo defienden abiertamente la entrega: una exfuncionaria de peso ha dicho que «la devolución se debe hacer total», aunque no en un solo tracto; otro dirigente afirma sin rodeos que los recursos «son nuestros»; y un tercero lo describe llanamente como «un ahorro que se les tiene que devolver» a los pensionados [VERIFICAR FUENTE]. El oficialismo, cuyos votos son determinantes para aprobar o archivar los proyectos, no tiene entonces una sola voz: tiene varias, y no coinciden.
Entonces, ¿por qué no se entrega?
La respuesta honesta es que no se entrega porque quienes tienen el poder de convocarlo prefieren esperar. No es, al menos por ahora, un rechazo abierto: es una pausa. El Gobierno dice que quiere entregar el ROP, pero solo cuando los estudios técnicos le indiquen cómo hacerlo sin desestabilizar la economía ni las pensiones de quienes todavía cotizan. Sus críticos responden que esa espera se ha vuelto una forma elegante de no cumplir una promesa, y que mientras tanto hay personas mayores que necesitan ese dinero hoy, no dentro de varios años.
Ambas cosas pueden ser ciertas a la vez. Hay razones técnicas legítimas para no vaciar de un tirón un fondo diseñado para durar toda la vejez, y hay una necesidad igualmente legítima de personas que no pueden esperar indefinidamente por lo que ahorraron. Lo que está claro es que la decisión no se resolverá en una operadora ni en una calculadora, sino en la Asamblea, y que depende de una voluntad política que, por ahora, ha optado por el freno. Para don Jorge y para cientos de miles de personas como él, ese freno tiene un costo concreto: no saber si verán su dinero, ni cuándo.
Termino aquí.
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