Por: Redacción www.costaricamayor.com
Heredia, 09 de Junio del 2027. Costa Rica construyó hospitales con rampas, ascensores y baños accesibles. Y, sin embargo, ocho de cada diez personas creen que esos mismos servicios no saben cómo cuidar la salud mental de quienes envejecen. La infraestructura llegó primero. El trato digno todavía no.
Así lo revela el estudio Percepción de la población sobre accesibilidad y calidad de los servicios que reciben las personas adultas mayores en Costa Rica, del programa Envejecimiento: cambios poblacionales y retos sociales del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional. No es un informe técnico más. Es un espejo en el que el país mira cómo trata a su gente mayor cuando más lo necesita.
La paradoja: edificios accesibles, atención cuestionada
El dato más contundente del estudio toca la salud mental. Ocho de cada diez personas califican como «nada» o «poca» la capacidad de clínicas y hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social para atender las necesidades de salud mental de la población mayor. Cuando se trata de padecimientos físicos, el 64.3% mantiene esa misma valoración crítica.
La mitad de las personas encuestadas (50.6%) considera que el personal está poco capacitado para atender a esta población. Y el 58.3% estima como «poco o nada» suficiente el equipo médico destinado a este grupo. El respeto en las consultas divide al país casi por la mitad: el 50.3% lo valora de forma favorable, mientras que el 49.7% le otorga un valor de «poco» o «nada».
Donde el sistema sí aprueba es en lo construido. Seis de cada diez personas valoran positivamente la infraestructura física de los centros públicos: ascensores, rampas, señalización, barandas, pisos antideslizantes y baños adecuados. La accesibilidad arquitectónica avanza. La accesibilidad humana —el saber tratar, el saber escuchar, el saber acompañar— se queda atrás.
Conviene reconocer lo que funciona. La percepción de los servicios médicos especializados es buena: el 68.8% está de acuerdo con la atención en geriatría y el 67.4% valora positivamente áreas como odontología, oftalmología, audiología y nutrición. El respaldo baja al 51.7% cuando se evalúan los servicios de emergencia. Los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis), por su parte, obtienen mejor percepción que clínicas y hospitales.
Tres heridas: la espera, el trato y la formación
Cuando se pregunta cuáles son los principales problemas que enfrentan las personas mayores en salud, la ciudadanía señala tres en orden de gravedad. En primer lugar, los tiempos de espera prolongados (28.3%). En segundo, el trato inadecuado del personal, la falta de empatía y la discriminación (26%). En tercero, la falta de capacitación y de atención especializada (15.9%).
Lea bien esa segunda cifra. Uno de cada cuatro costarricenses identifica el maltrato y la discriminación como un problema central del sistema. No la falta de camillas. No la escasez de medicamentos. El trato. La forma en que se mira, se nombra y se atiende a una persona mayor.
Esto no es opinión: es una vulneración con nombre legal. La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (Ley 7935) reconoce el derecho a una atención de salud oportuna, eficiente y de calidad. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (incorporada por la Ley 9394) obliga al Estado a garantizar servicios libres de discriminación por edad. El edadismo en la consulta no es un detalle de cortesía. Es el incumplimiento de un deber.
Afuera del hospital: la ciudad que expulsa
El derecho a la salud no termina en la puerta del consultorio. Empieza en la acera. Y ahí el país reprueba con dureza: el 64% está en desacuerdo con que las aceras sean aptas —lisas, niveladas y anchas— para las personas mayores. Cifras similares reciben la seguridad de las calles (63.7%), la ausencia de parques adecuados (61.5%) y la falta de espacios para compartir entre generaciones (50.8%).
Una acera rota no es un inconveniente menor. Es una barrera que decide si una persona mayor sale o se queda encerrada, si llega a su cita o la pierde, si conserva su autonomía o la entrega. La Ley 7600 y la Ley 9078 establecen obligaciones concretas de accesibilidad en el espacio público y el transporte. Su incumplimiento tiene rostro: el de quien ya no sale de casa porque la calle lo expulsó.
Hay un dato que duele por lo que revela del lugar simbólico de la vejez. En 2026, el Ministerio de Salud reconoce 51 cantones como «ciudades amigables con las personas adultas mayores». Pero ocho de cada diez personas desconocen por completo qué significa ese concepto. Se legisla y se certifica una promesa que la población ni siquiera sabe que existe.
La pensión como dignidad, no como rendimiento
El estudio también pulsa el debate sobre las pensiones, hoy en el centro de la discusión nacional con las reformas al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Casi nueve de cada diez personas consideran «muy importante» cotizar para la vejez. ¿Por qué? Las razones que dan son reveladoras: garantizar la subsistencia (40.5%), buscar seguridad y tranquilidad (22.3%) y, en tercer lugar, mantener la independencia y la dignidad personal.
La ciudadanía no habla de la vejez como un costo a optimizar. Habla de ella como una etapa que merece subsistencia digna y autonomía. Frente a las propuestas de elevar la edad de retiro, el 54.6% considera que el rango ideal para pensionarse está entre los 60 y los 64 años. La conversación técnica sobre sostenibilidad fiscal tiene, del otro lado, a personas que defienden el derecho a descansar a tiempo.
Termino aquí.
Este estudio no descubre que las personas mayores existen. Descubre que las estamos atendiendo a medias. Construimos las rampas y olvidamos la mirada. Certificamos cantones amigables que nadie reconoce. Reconocemos la buena geriatría mientras uno de cada cuatro denuncia maltrato. El andamiaje normativo está: Ley 7935, Ley 9394, Ley 7600, Ley 9078. Lo que falta es la voluntad de cumplirlo en cada consulta, en cada acera, en cada ventanilla.
Envejecer no debería significar resignarse a esperar de más, a que lo traten mal o a no poder salir de casa. La pregunta que deja este estudio no es para la Caja ni para el Ministerio de Salud únicamente. Es para todos: ¿qué clase de país queremos ser cuando seamos nosotros quienes empujemos la silla, busquemos la cita o crucemos esa acera rota?
