La jefa de Cardiología del Hospital México sostiene que el procedimiento se postergó “intencionalmente”. La Caja Costarricense de Seguro Social abrió investigación preliminar. El caso desnuda, una vez más, la fragilidad con que se trata el derecho a la salud de las personas mayores. La urgencia, cuando se trata de una persona mayor con un corazón en falla, no admite calendario.
Puntarenas, 26 de Mayo del 2026. Una persona adulta mayor de 67 años ingresó al Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas el martes 12 de mayo, a las 5:00 de la tarde, con un infarto agudo de miocardio y shock cardiogénico. Murió el viernes 15 de mayo. Lo que ocurrió entre esas dos fechas es hoy materia de denuncia formal ante la Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La jefa del Servicio de Cardiología del Hospital México, doctora Sofía Bogantes Ledezma, sostiene en un oficio remitido a la institución que el paciente “falleció porque lo dejaron intencionalmente esperando” un cateterismo de emergencia que el propio equipo del Hospital Monseñor Sanabria había calificado de urgente, según consignó La Nación.
La cronología que la denuncia pone sobre la mesa
El miércoles 13 de mayo, al día siguiente del ingreso, la cardióloga Jimena Araya valoró al paciente y concluyó que cursaba con insuficiencia cardíaca congestiva de origen coronario y edema pulmonar. En dos oportunidades distintas, según la denuncia, dejó indicada la necesidad de un cateterismo urgente.
El procedimiento, sin embargo, no se coordinó. La denuncia señala directamente al doctor Gabriel Roberto Abarca Soto, coordinador de Radiología Intervencionista y Hemodinamia del centro médico, por no haber articulado la intervención. La fecha que finalmente se asignó fue el sábado 16 de mayo, dentro de una jornada de pago excepcional de producción. La persona adulta mayor murió el viernes 15. Un día antes.
La doctora Bogantes afirma en el documento que la postergación obedecía a que el médico hemodinamista Víctor Alfaro Obando percibiría 600.000 colones por ese turno. La denuncia añade un dato igual de delicado: la sala de hemodinamia que habitualmente utiliza el equipo del Hospital México para atender pacientes referidos desde Liberia, San Carlos, Los Chiles, Nicoya y Quepos habría sido bloqueada durante ese período.
La respuesta institucional: investigación abierta
El 19 de mayo, la Gerencia Médica de la CCSS remitió oficio a la Dirección General del Hospital Monseñor Sanabria ordenando una investigación preliminar urgente. La institución pidió un informe que revise cuatro puntos concretos: la atención brindada al paciente, las valoraciones médicas consignadas en el expediente, la coordinación del cateterismo y la programación general de procedimientos urgentes en ese servicio. Solicitó, además, determinar si existió algún impedimento o actuación deliberada que retrasara la intervención.
Consultado el Hospital Monseñor Sanabria por la prensa, el centro respondió únicamente que el caso se mantiene en investigación.
Lo que está en juego: el derecho a la salud y a la vida de las personas mayores
Más allá del expediente clínico y del proceso disciplinario que pueda abrirse, este caso interpela el andamiaje normativo que Costa Rica se comprometió a respetar.
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por el país mediante la Ley 9394, reconoce explícitamente que las personas mayores tienen derecho a la salud sin discriminación por edad y a recibir, con oportunidad y calidad, los servicios necesarios para prevenir, tratar y rehabilitar su condición. La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (Ley 7935), por su parte, obliga a las instituciones públicas a garantizar atención preferente y oportuna.
Si la denuncia interna se confirma —y eso debe determinarlo la investigación—, no estaríamos ante un retraso administrativo. Estaríamos ante una vulneración directa de derechos: derecho a la salud, derecho a la vida y derecho a recibir atención oportuna, agravada por la condición de persona mayor en situación crítica.
Lo que sigue
La investigación preliminar de la Gerencia Médica deberá esclarecer si hubo dilación deliberada, si la programación respondió a incentivos económicos por encima del criterio clínico y si la sala de hemodinamia estuvo efectivamente bloqueada. De confirmarse cualquiera de esos extremos, el caso trascendería el ámbito administrativo: tocaría puertas penales y abriría legitimación para acudir a la Defensoría de los Habitantes y, eventualmente, a la Sala Constitucional por la vía del recurso de amparo en favor del derecho a la salud.
Costa Rica Mayor dará seguimiento al expediente.
La pregunta que no podemos esquivar
¿Qué clase de sistema sanitario estamos construyendo si la vida de una persona adulta mayor, con el corazón en emergencia, puede quedar supeditada al calendario de pago de un turno?
