SU DERECHO HOY- El REPORTE. Por: Eduardo Méndez, Abogado. Director de www.costaricamayor.com
11 de Junio del 2026. Una encuesta del IDESPO-UNA revela que 4 de cada 10 personas consideran que el transporte público no es apto para las personas adultas mayores. Los testimonios recibidos por este medio apuntan a un problema que va más allá de las gradas: el trato. Aquí los datos, los derechos y las rutas para denunciar.
Doña Flor levanta la mano con tiempo. El bus la ve. Ella lo sabe porque el chofer la mira de frente, a los ojos, durante los dos segundos que tarda en decidir que no vale la pena detenerse. El bus pasa de largo y doña Flor, de 81 años, se queda en la parada con la cédula en la mano: el documento que le garantiza viajar y que, esa mañana, no le sirvió ni para subirse.
Lo que confirma la encuesta del IDESPO-UNA
La escena no es una percepción aislada. El Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (IDESPO-UNA) publicó este 9 de junio su informe sobre accesibilidad y calidad de los servicios que reciben las personas adultas mayores, con base en 701 entrevistas telefónicas de junio de 2025. Los resultados sobre transporte público dibujan un servicio partido en dos.
El 52,1 % de las personas entrevistadas considera que el transporte público de su comunidad es apto para las personas adultas mayores. Pero el 41,4 % opina lo contrario. Cuatro de cada diez. En el respeto a los asientos preferenciales el país está literalmente dividido: 49,7 % percibe que se respetan frente a un 43,5 % que percibe que no — un empate técnico, considerando el margen de error de ±3,7 %. Y aunque el trato de los choferes es el aspecto mejor evaluado (56,6 % lo califica como respetuoso), el 26,6 % percibe falta de respeto hacia las personas mayores.
Hay un contraste en el mismo informe que retrata el problema de fondo. El respeto a las ventanillas preferenciales en instituciones públicas alcanza un 80 % de valoración positiva. El respeto a los asientos preferenciales en el bus apenas roza el 50 %. Donde hay norma visible, estructura y supervisión, el derecho se cumple. Donde queda en manos de la cultura ciudadana y de la voluntad del chofer, se cae treinta puntos. Eso tiene nombre: edadismo cotidiano.
Las quejas: seis categorías, un mismo patrón
Costa Rica Mayor recopiló y sistematizó decenas de testimonios de personas adultas mayores y sus familias sobre el servicio de autobuses. Las quejas se agrupan en seis grandes categorías: maltrato y edadismo, problemas de accesibilidad, riesgos para la seguridad física, incumplimiento de derechos, deficiencias del servicio e infraestructura inadecuada.
El hallazgo principal sorprende a quien espere que la queja número uno sea la tarifa o el estado de las unidades. No lo es. La queja más repetida es el trato irrespetuoso y discriminatorio de algunos choferes: regaños delante de otros pasajeros, comentarios ofensivos por la edad, molestia cuando la persona presenta la cédula para ejercer su derecho al viaje. Hay testimonios de cédulas arrebatadas, devueltas con brusquedad o lanzadas. Le sigue la accesibilidad: gradas excesivamente altas, rampas ignoradas y buses que se detienen a media calle.
El tercer bloque es el más peligroso: la seguridad física. Choferes que arrancan antes de que la persona se siente, puertas que se cierran sobre alguien que todavía aborda, personas con bastón obligadas a viajar de pie. Cada una de esas escenas es una caída en potencia, y una caída, a los 80 años, puede cambiar una vida entera. A esto se suman los buses que pasan de largo, los cobros indebidos y la sensación de que denunciar no sirve.
Lo que dice la ley (y nadie le puede negar)
Nada de lo anterior es un favor pendiente. Es un derecho incumplido. La Ley 7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, establece la atención preferencial en su artículo 13 y garantiza a las personas de 65 años o más la gratuidad o el descuento en el transporte público, según la distancia de la ruta. La Convención Interamericana ratificada mediante la Ley 9394 reconoce en su artículo 26 el derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal. Y la Ley 7600 obliga a que el transporte público sea accesible para personas con movilidad reducida, incluidas las rampas que algunos choferes prefieren no desplegar.
En palabras simples: la cédula de su mamá o de su papá no es un pase de cortesía que el chofer concede de buen humor. Es el documento que activa un derecho establecido por ley. Cuestionarlo, cobrarlo o castigarlo con malos modos es discriminación.
Qué hacer y dónde denunciar
Si su mamá, su papá o usted vive una de estas situaciones, anote tres datos en el momento: número de placa o de unidad, ruta y hora. Con esa información, la denuncia camina. La queja por calidad del servicio se presenta ante la ARESEP, que regula el transporte público; el incumplimiento de la concesión puede reportarse al Consejo de Transporte Público. Si la situación constituye maltrato o discriminación, la Línea Dorada 1165 de CONAPAM orienta de forma gratuita y confidencial, y la Defensoría de los Habitantes puede intervenir cuando una institución no responde. Denunciar no es hacer un escándalo. Es ejercer ciudadanía.
Las empresas autobuseras también tienen su parte: capacitar a sus choferes en derechos humanos, envejecimiento y atención al cliente no es un lujo corporativo. Es condición mínima para operar un servicio público en un país donde una de cada cuatro personas será mayor de 65 años en 2050.
Un bus es mucho más que un medio de transporte. Para miles de personas mayores es la cita médica, la pensión que se cobra, la visita a los nietos. Cuando un bus pasa de largo no deja atrás a una pasajera: deja atrás todo lo que esa pasajera iba a hacer con su día. Por eso este tema no es de buses. Es de derechos. Y los derechos no se piden por favor: se exigen, se denuncian y se defienden, juntos, como sociedad que entiende que en cada parada también se mide la dignidad de un país.
Para terminar: ¿Cuántos buses tienen que pasar de largo antes de que el país se detenga a mirar?
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Con información del informe «Percepciones de la población sobre accesibilidad y calidad de los servicios que reciben las personas adultas mayores en Costa Rica» (IDESPO-UNA, Programa Envejecimiento, publicado el 9 de junio de 2026; 701 entrevistas, junio 2025, error ±3,7 %), testimonios recopilados por Costa Rica Mayor, la Ley 7935, la Ley 9394, la Ley 7600 y CONAPAM. Imagen de la portada con fines ilustrativos.
