CONTEXTO · DERECHOS Y SEGURIDAD
Por: Eduardo Méndez, Director www.costaricamayor.com
El despojo del patrimonio encabeza las denuncias ante el Ministerio Público. Pero el abandono y el engaño en línea son las modalidades que crecen con mayor rapidez. Detrás de cada cifra hay una persona con derechos, y una familia que muchas veces no sabe cómo protegerla.
Las cifras no mienten, pero tampoco lo dicen todo.
En los últimos tres años, el Ministerio Público recibió más de 23.000 denuncias por delitos cometidos contra personas adultas mayores en Costa Rica, una cifra que crece año con año. Según las estadísticas de la institución, las denuncias pasaron de cerca de 7.900 en 2023 a 8.458 en 2024, y para agosto de 2025 ya superaban las 7.000. La tendencia, sostenida y al alza, dibuja un país que envejece más rápido de lo que aprende a proteger a quienes envejecen.
Conviene una advertencia desde el inicio: estos números reflejan la violencia que se denuncia, no la que ocurre. La propia fiscalía a cargo de las poblaciones en condición de vulnerabilidad reconoce que muchas personas mayores callan por miedo, vergüenza o dependencia de quienes las cuidan. Lo que sigue, entonces, es la parte visible de un fenómeno mucho más amplio.
El despojo del patrimonio: la violencia más denunciada
De las formas de violencia que la ley reconoce —psicológica, física, sexual y patrimonial—, esta última es la que más se denuncia. La fiscalía adjunta a cargo del tema ha sido explícita al respecto: los delitos más frecuentes son hurtos, robos y estafas. Datos judiciales de 2024 indicaban que aproximadamente una de cada cuatro denuncias correspondía a estafas.
El despojo no siempre viene de un extraño. Una variante especialmente dolorosa ocurre dentro del propio hogar: cuidadores que sustraen bienes o retienen propiedades, aprovechando que la persona mayor desconoce sus derechos. La confianza, en estos casos, se convierte en la herramienta del abuso.
El fraude digital: la modalidad que más se acelera
Dentro del despojo patrimonial, ninguna subcategoría crece tan rápido como el engaño en línea. En apenas ocho meses de 2025 se registraron 1.057 denuncias por fraudes digitales, frente a las 846 contabilizadas durante todo 2024. La Fiscalía contra la Ciberdelincuencia ha señalado que este cambio en el panorama del fraude resulta especialmente alarmante para las personas mayores, quienes suelen ser blanco de llamadas, mensajes y supuestos premios diseñados para vaciar sus ahorros.
El abandono: la violencia silenciosa que más ha crecido
Si el despojo encabeza las denuncias, el abandono encabeza el crecimiento. Los casos atendidos por el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) pasaron de 150 en 2014 a 1.050 en octubre de 2024: un aumento superior al 600% en una sola década. Su expresión más visible es el abandono en hospitales, donde personas mayores son dejadas por sus familias una vez que reciben el alta médica.
El abandono y la negligencia son, además, las formas más invisibilizadas de violencia. No dejan moretones, pero se manifiestan en omisiones cotidianas: alimentación insuficiente, falta de higiene, ausencia de acompañamiento, barreras para acceder a servicios de salud. La gravedad del fenómeno llevó al Estado a tipificar el delito de abandono de personas adultas mayores, incorporado a la legislación en 2024 tras el incremento sostenido de casos.
La violencia que ocurre en casa
El hogar, que debería ser el lugar más seguro, es con frecuencia el escenario del maltrato psicológico y físico. El Ministerio de Salud reportó que, en los primeros cinco meses de 2024, hubo 1.107 denuncias de violencia intrafamiliar, y la mitad de las víctimas eran personas mayores de 75 años. El dato sugiere que buena parte de la violencia contra esta población no proviene de la calle, sino del entorno más cercano.
Lo que protege la ley
Costa Rica no parte de cero. La Ley 7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, tipifica distintas formas de violencia y establece mecanismos de protección. A ese marco se sumó, en 2024, el nuevo delito de abandono, que prevé penas de prisión en los casos más graves. La persona adulta mayor es, ante la ley, titular plena de derechos: no objeto de caridad, sino sujeto que el Estado tiene el deber de proteger de manera integral.
La denuncia, conviene recordarlo, es de acción pública: cualquier persona puede interponerla ante la Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) o cualquier fiscalía del país. Las víctimas cuentan, además, con la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos.
Qué hacer ante una sospecha de maltrato
- Denuncie ante el OIJ, la Fuerza Pública (911) o cualquier fiscalía. No necesita ser familiar de la víctima; son delitos de acción pública.
- Contacte al CONAPAM para casos de abandono, desprotección o necesidad de reubicación.
- Acuda a la Defensoría de los Habitantes si la vulneración proviene de una institución o de un centro de cuido.
- Ante un fraude digital o telefónico, no entregue datos ni dinero, conserve la evidencia (mensajes, números, comprobantes) y repórtelo de inmediato.
- En una emergencia con riesgo para la vida, llame al 911.
El país que estamos construyendo
Detrás de cada denuncia hay una persona que trabajó, crió, aportó y construyó el país que hoy habitamos. Que el despojo encabece las estadísticas y que el abandono sea lo que más crece nos dice algo incómodo sobre nosotros mismos: estamos mejor preparados para perseguir el robo de un bien que para reconocer el abandono de una vida. Proteger a quienes envejecen no es un gesto de bondad, sino una obligación que la ley ya nombró y que la sociedad todavía está aprendiendo a cumplir.
Termino aquí. ¿Qué clase de vejez estamos preparando, hoy, para quienes vendremos después?
