Por: Eduardo Méndez Vásquez, Director de www.costaricamayor.com
Hay noticias que valen por lo que anuncian y otras que valen, además, por lo que revelan. La emisión que hizo el Banco Nacional a inicios de agosto pertenece a la segunda clase. Un bono social de treinta millones de dólares, con un componente destinado a financiar negocios de personas de entre 50 y 70 años, es un buen instrumento financiero. Pero es, sobre todo, una señal sobre cómo estamos empezando a mirar a las personas mayores en Costa Rica. Y esa señal merece que nos detengamos.
Aclaremos primero lo que la palabra «bono» no significa aquí, porque el lenguaje engaña. No es un subsidio. No es una transferencia que alguien reciba por haber cumplido cierta edad. Es un título de deuda que el banco coloca entre inversionistas para captar recursos y prestarlos después, canalizados a través de un programa llamado BN Silver. Quien quiera aprovecharlo se acercará al banco como cualquier otro solicitante de crédito, con un proyecto y con una evaluación de por medio. No hay regalo. Hay acceso. Y el acceso, cuando llega a quien nunca lo tuvo, no es poca cosa.
Porque conviene recordar contra qué juega esta iniciativa. Una persona de 58 años que solicita un crédito descubre, con frecuencia, que los plazos se le acortan, que el seguro de saldo deudor le cuesta más, que en la conversación flota la sospecha de que ya no es un sujeto productivo. Ese prejuicio tiene consecuencias materiales: cierra puertas, encarece proyectos, empuja a la informalidad a quien podría formalizarse. Un banco público que decide diseñar una herramienta pensada precisamente para ese segmento está corrigiendo, aunque sea en parte, una injusticia silenciosa. Hay que decirlo con claridad: es un paso en la dirección correcta.
Y es un paso que tiene respaldo en nuestro propio ordenamiento. La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, Ley número 7935, reconoce el derecho de las personas mayores a participar en la vida productiva del país. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada mediante la Ley número 9394, obliga al Estado a promover su inclusión económica en condiciones de igualdad. Cuando una entidad financiera del Estado abre una línea de crédito para quienes rondan o superan los sesenta, no está haciendo caridad. Está cumpliendo con algo que la ley ya ordenaba. La autonomía económica es un derecho, y el financiamiento es una de las formas más concretas de ejercerlo.
Sé lo que podría objetarse. Que esta línea beneficia solo a quienes todavía producen, y que la mayoría de las personas mayores del país vive de una pensión ajustada, cuida sin remuneración o enfrenta la dependencia. Es verdad. Pero esa objeción, bien mirada, no es un reproche a la iniciativa: es una invitación a que crezca. Nadie sensato pide que un primer paso resuelva el camino entero. Lo que pide es que haya un segundo, y un tercero. Que después del crédito venga el ahorro seguro, la protección frente al abuso patrimonial, la educación financiera pensada para quien administra el dinero de un familiar mayor. La semilla está sembrada. Falta regarla.
Ahí es donde quisiera insistir en algo que va más allá del producto. Una herramienta financiera vale tanto por su diseño como por la manera en que se comunica. De poco sirve un buen crédito si la persona a la que está dirigido no sabe que existe, o si lo entiende a medias, o si teme que detrás de la letra grande venga una letra menuda que no alcanza a leer. Comunicar bien —explicar qué es, para quién es, cómo se accede, sin promesas infladas— es parte del servicio, no un adorno. Y comunicar bien a las personas mayores y a quienes las cuidan exige hablarles como lo que son: titulares de derechos, no un renglón en una proyección de mercado.
Esa distinción no es retórica. Cuando a una persona mayor se le habla desde su dignidad, el punto de partida es quién es. Cuando se le habla como oportunidad de negocio, el punto de partida es cuánto rinde. Ambas miradas pueden coincidir en un mismo crédito, pero no forman la misma sociedad. Una institución pública, que existe para el desarrollo y no solo para el balance, tiene la responsabilidad de elegir la primera. Y tiene, me parece, todo para lograrlo.
Termino aquí.
Costa Rica envejece más rápido de lo que se prepara. Necesitamos instituciones que acompañen ese cambio con imaginación y con respeto, y necesitamos que cada gesto en esa dirección se reconozca y se aliente, no que se dé por sentado. El bono social del Banco Nacional es uno de esos gestos. Ojalá sea el primero de una serie larga. Y ojalá, en cada nuevo paso, no olvidemos lo esencial: que las personas mayores no son un mercado que conviene atender, sino ciudadanas y ciudadanos con derecho pleno a construir su futuro. Financiémoslo. Pero nombrémoslo bien.
