CONTEXTO · SALUD PÚBLICA Y ENVEJECIMIENTO. Por Eduardo Méndez, Director de www.costaricamayor.com
Detrás de cada demencia que avanza hay una persona con derechos —y tres preguntas que el país aún no responde bien: quién la cuida, quién paga su cuidado y quién protege su autonomía.
Doña Marta — una de nuestras lectoras de Cartago— tiene 49 años y hace tres cuida a su madre, diagnosticada con enfermedad de Alzheimer. Trabaja medio tiempo, coordina las citas en el EBAIS, administra los medicamentos y, cuando su madre no reconoce la casa donde vivió cuarenta años, respira hondo y sigue. Nadie le entregó un manual. Nadie le asignó un presupuesto. Su historia no aparece en ninguna estadística oficial actualizada, porque en Costa Rica ese registro, sencillamente, no existe todavía.
Lo que sabemos, y lo mucho que no sabemos
La cifra que más circula proviene de una estimación de la Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social, divulgada en 2019: entre 27.000 y 36.000 personas mayores de 60 años podrían vivir con algún tipo de demencia. Conviene decirlo con claridad: se trata de una estimación histórica, no de un conteo nacional del presente. Las proyecciones que acompañaron la formulación del plan de 2014 anticipaban entre 145.000 y 160.000 personas con demencia hacia 2050, una magnitud que ilustra el desafío, pero que requiere actualizarse con las nuevas proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística y Censos y con datos epidemiológicos más robustos. Lo doloroso es que el país no cuenta con datos actualizados.
El dato demográfico de fondo es contundente. El INEC proyecta que las personas de 65 años y más pasarán de representar alrededor del 11% de la población en 2024 a cerca del 25% en 2050. En una sola generación, uno de cada cuatro habitantes será una persona mayor. Esa transición, que en otros países tardó un siglo, aquí ocurre en décadas, y con ella crece la población en las edades donde el riesgo de deterioro cognitivo es mayor.
En materia de mortalidad, un análisis de la Universidad Hispanoamericana registró 11.728 defunciones acumuladas entre 2000 y 2023 al sumar cuatro patologías: enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, demencia no específica y demencia vascular. Para 2023 contabilizó 1.369 defunciones frente a 1.114 en 2022, un aumento aproximado del 23% en un solo año. Vale precisar, para no alarmar de más ni de menos, que ese porcentaje corresponde al conjunto de las cuatro patologías, y que la cifra de 8.102 defunciones que aparece en el mismo estudio es una proyección acumulada para el período 2024–2030, no un dato anual. De nuevo, lo digo, no tenemos datos actualizados.
Detrás de esta imprecisión hay un problema estructural: la debilidad de los sistemas de información. Costa Rica no cuenta con un registro epidemiológico nacional consolidado y actualizado que permita dimensionar las necesidades por edad, sexo, territorio, tipo de demencia, severidad y nivel de dependencia. Y lo que no se mide, difícilmente se planifica.
La brecha que no es un vacío
Aquí conviene ser precisos, porque el matiz importa. Cuando se afirma que el plan nacional específico venció en 2024 sin sucesor, algunos concluyen que el país quedó sin rumbo. No es así. Costa Rica conserva un marco institucional y normativo relevante: la rectoría sanitaria del Ministerio de Salud, el mandato legal del CONAPAM como órgano rector en envejecimiento y vejez, la Norma Nacional de Atención a Personas Adultas con Deterioro Cognitivo y Demencia de 2017 —de aplicación obligatoria—, la Estrategia Nacional para el Envejecimiento Saludable 2022–2026 y la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2023–2033.
No existe, por tanto, un vacío de rectoría. Lo que existe es una brecha de planificación específica. El Plan Nacional para la Enfermedad de Alzheimer y Demencias Relacionadas – Esfuerzos Compartidos 2014–2024, reconocido en su momento como pionero para un país de renta media, agotó su horizonte temporal. En las fuentes públicas oficiales revisadas a setiembre de 2026 no se localizó constancia de la adopción formal de un instrumento sucesor con metas, responsables, presupuesto e indicadores públicamente formalizados. Esa es la diferencia entre tener un marco general y tener una hoja de ruta específica: lo primero orienta; lo segundo compromete recursos y rinde cuentas.
Una política de salud mental que reconoce, pero no nombra
El país sí dio un paso relevante con la Política Nacional de Salud Mental 2024–2034 y su Plan de Acción 2025–2029. El documento incorpora de manera expresa la demencia vascular y la enfermedad de Alzheimer dentro del diagnóstico nacional; en su apartado 2.2.8 reporta un incremento de la incidencia notificada en los grupos de mayor edad entre 2019 y 2022, señala que las mujeres registran tasas superiores a los hombres en Alzheimer cada año analizado, y ubica al grupo de 75 años y más como el de mayor afectación. Identifica, además, a las personas adultas mayores como población que requiere atención por demencias, soledad y otros trastornos.
El reconocimiento, sin embargo, se queda a mitad de camino. En las tablas de indicadores, metas y acciones del plan no se identificaron metas, indicadores ni acciones nominadas específicamente para el Alzheimer y otras demencias. Es decir: la política reconoce el problema en el diagnóstico, pero no lo traduce en compromisos medibles. Por eso este instrumento complementa, pero no sustituye, la necesidad de una planificación especializada. El Alzheimer y las demencias no pueden quedar únicamente subsumidos dentro de una política general de salud mental: son condiciones de evolución prolongada que combinan deterioro cognitivo progresivo, pérdida de autonomía y necesidades crecientes de cuidados de larga duración. Exigen rutas de detección, seguimiento por etapas, apoyo a las personas cuidadoras y medición de resultados propios.
Quién sostiene el sistema cuando el sistema no alcanza
Mientras la planificación específica espera, la respuesta real ocurre en tres frentes que rara vez conversan entre sí. La CCSS atiende en sus tres niveles: el primer nivel, con más de mil EBAIS, es clave para reconocer señales de alerta y referir a tiempo, aunque la disponibilidad de equipos interdisciplinarios varía entre áreas de salud. En el nivel especializado, el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología concentra la valoración de los trastornos cognitivos, con una capacidad reportada de alrededor de 140 camas y un recurso humano de 203 geriatras y 51 residentes en formación a julio de 2025 para todo el país.
El segundo frente es la sociedad civil. ASCADA, que participó en la formulación del plan de 2014, y FundAlzheimer Costa Rica, fundada en 2006, traducen la información técnica para las familias, sostienen espacios de orientación y mantienen el tema en la agenda pública. Los centros diurnos —Cartago articula con diecisiete de ellos— ofrecen socialización, estimulación cognitiva y, no menos importante, respiro a las familias cuidadoras.
El tercer frente es la academia, valiosa pero dispersa. Universidades públicas y privadas investigan, forman profesionales y capacitan cuidadores: la UNED mantiene en 2026 un curso de ochenta horas para cuidadores de personas con demencia tipo Alzheimer; la Universidad Santa Paula sostiene su Maestría en Gerontología y línea de terapia ocupacional; la UCR desarrolla investigación desde el INISA. Falta, eso sí, una red nacional que articule de forma estable estos esfuerzos con una agenda común. Y por encima de todos, sosteniendo lo que el sistema no alcanza, están las familias, donde el cuidado recae de manera desproporcionada sobre las mujeres, con riesgo de agotamiento, empobrecimiento y deterioro de su propia salud.
De reconocer a comprometer
La respuesta nacional no parte de cero, y ese es un buen punto de partida. El reto consiste en articular y escalar las capacidades existentes dentro de un marco específico que permita seguir resultados. Eso significa adoptar un nuevo plan nacional de demencias para el próximo decenio, con línea base, responsables, metas verificables, cronograma y presupuesto propio; definir financiamiento trazable que no dependa de recursos residuales; consolidar un sistema nacional de información; actualizar la estimación de costos; fortalecer la detección temprana desde el primer nivel; consolidar los apoyos a las personas cuidadoras, y formalizar la articulación con municipalidades, sociedad civil y universidades. Reconocer el problema fue el primer paso; comprometerse con metas medibles es el que falta.
Finalizo y le invito a pensar. Si en su familia hoy alguien cuida a una persona con demencia sin más apoyo que su propia voluntad, ¿no merece ese esfuerzo un país que lo mida, lo acompañe y lo respalde con un plan?
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Nota de fuentes: Este artículo se basa en la nota técnica «Las demencias en Costa Rica: envejecimiento, mortalidad creciente y una brecha de planificación específica» (Costa Rica Mayor, 2026) y sus fuentes verificadas: estimaciones de prevalencia de la CCSS citadas por La Nación (2019); análisis de mortalidad de la Universidad Hispanoamericana (2024); proyecciones demográficas del INEC (2024); Política Nacional de Salud Mental 2024–2034 del Ministerio de Salud; Norma Nacional de Atención a Personas Adultas con Deterioro Cognitivo y Demencia (2017); Plan Nacional 2014–2024, y datos de recurso especializado publicados por La Nación (2026). Las cifras de prevalencia son estimaciones históricas, no un conteo nacional de 2026. Documento informativo: no sustituye criterio clínico ni asesoría jurídica.
