El Régimen No Contributivo (RNC), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), reportó un déficit de ¢39.646 millones en 2024.
Este se produjo por una disminución del 14% en sus ingresos, ocasionada por una menor cantidad de transferencias estatales que, en su mayoría, sostienen el sistema de pensiones para personas de bajos recursos.
Según el informe presentado ante la junta directiva de la entidad, mientras en 2023 se recibieron ¢218.330 millones, el año anterior apenas se percibieron ¢186.996 millones, pese a que los egresos aumentaron en más de ¢27.500 millones.
Estas cifras obedecen a recortes en diversas partidas presupuestarias. Por ejemplo, el monto girado por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) se redujo en ¢10.298 millones en comparación con el año previo.
Lo mismo ocurrió con los recursos correspondientes a la Ley 7972, es decir, los impuestos sobre cigarrillos y licores que el Ministerio de Hacienda debe trasladar, pero cuya entrega registró ¢461 millones menos. Además, existen fondos que dicha institución transfiere a la Caja, pero esta debe devolver, ya que no puede ejecutarlos debido a que el Plan Nacional de Desarrollo establece un límite anual para la apertura de nuevas pensiones.
“Nosotros solo podemos ejecutar 5.000 pensiones nuevas netas por año. Hemos venido presentando algunos déficits para completar el presupuesto.
Tratamos de negociar con Fodesaf para que esos recursos se quedaran en las arcas de la institución, pero por norma nos dijeron que no se puede”, aseguró Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS.
¿A quiénesse les otorga?
Para comprender la situación, conviene recordar que las pensiones del RNC se otorgan, en su mayoría, a personas en condición de pobreza, con parálisis cerebral profunda y adultos mayores que no cotizaron.
“Tenemos una cola de solicitudes que no se han gestionado para otorgar esa pensión. ¿Cómo vamos a hacer esa devolución? Me preocupa muchísimo”, comentó Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la institución.
Desde el Ministerio de Trabajo aseguran que están gestionando todos los recursos necesarios para que la Caja cumpla con sus compromisos hacia los beneficiarios.
