La muerte de un hombre de 80 años en Los Chiles y las alertas de posibles malos tratos que habrían llegado al CONAPAM plantean una pregunta que el país debe responder: ¿qué ocurre cuando alguien advierte que una persona mayor está en riesgo? La legislación costarricense ofrece mecanismos para intervenir, pero conocerlos y utilizarlos a tiempo sigue siendo un desafío.
SU DERECHO HOY | Por: Eduardo Méndez, Abogado. Director de www.costaricamayor.com
El domingo 8 de noviembre murió un hombre de 80 años en Los Chiles, Alajuela. Su fallecimiento es investigado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), luego de que circulara un video en el que aparentemente se observa una agresión contra él.
Las imágenes provocaron indignación. Era de esperar. Lo que resulta más preocupante es la información conocida posteriormente.
Según publicó CR Hoy, una revisión preliminar del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) identificó llamadas realizadas entre 2023 y 2025 a la Línea Dorada 1165, en las que familiares y personas cercanas reportaron posibles situaciones de maltrato y abuso patrimonial que podrían corresponder al hombre fallecido.
La institución indicó que se brindó orientación a quienes llamaron. También confirmó la apertura de una investigación administrativa interna para revisar la atención ofrecida.
No conocemos todavía el resultado de esa investigación ni las causas de la muerte. Tampoco corresponde señalar responsables sin que las autoridades hayan establecido los hechos. La presunción de inocencia es un derecho fundamental que debe respetarse, particularmente cuando una investigación se encuentra en sus primeras etapas.
Sin embargo, lo ocurrido permite abordar un problema que va más allá de Los Chiles: la dificultad que enfrentan muchas personas para saber qué hacer cuando sospechan que una persona adulta mayor está sufriendo violencia.
Durante años hemos insistido en la importancia de reconocer el maltrato en la vejez. Hablamos de agresiones físicas, humillaciones, amenazas, abandono y abuso patrimonial. Pero conocer estas manifestaciones no siempre significa saber dónde acudir o qué medidas pueden solicitarse para proteger a la persona afectada.
Y aquí encontramos una de las principales debilidades de nuestra respuesta social frente a la violencia: muchas veces sabemos identificar el problema, pero desconocemos los mecanismos legales para intervenir.
La ley permite actuar, aunque usted no sea familiar
Hay una disposición de nuestra legislación que debería ser ampliamente conocida por las familias, las comunidades y las organizaciones que trabajan con personas mayores.
El artículo 57 de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, Ley N.º 7935, establece que, ante situaciones de violencia física, psicológica, patrimonial o sexual, pueden solicitarse las medidas de protección contempladas en la Ley contra la Violencia Doméstica.
Lo importante es que esa misma disposición reconoce la posibilidad de que cualquier persona que conozca de estos abusos solicite protección.
Esto tiene una consecuencia práctica que merece destacarse.
Si una persona observa que su vecino de 75 años recibe golpes, escucha amenazas constantes contra una mujer mayor o conoce una situación en la que alguien aparentemente se apropia de la pensión de una persona adulta mayor, puede acudir al juzgado competente para solicitar que se valore la adopción de medidas de protección.
No necesita ser hijo, hermano, cónyuge ni tener algún otro vínculo familiar.
Tampoco necesita contratar un abogado para presentar la solicitud.
La legislación reconoce que la violencia contra una persona mayor puede ser conocida por personas distintas de sus familiares. En ocasiones son precisamente los vecinos, las amistades o quienes mantienen contacto cotidiano con ella los primeros en advertir cambios de comportamiento, señales de temor o posibles abusos.
Por supuesto, conocer una situación de riesgo no autoriza a nadie a sustituir arbitrariamente la voluntad de la persona afectada.
La protección debe ejercerse respetando su autonomía y sus derechos. Ser una persona adulta mayor no significa perder la capacidad de decidir, incluso cuando se necesita apoyo para realizar actividades cotidianas.
La intervención judicial debe valorar las circunstancias concretas y procurar que la protección no termine convirtiéndose en una nueva forma de imposición.
¿Qué puede hacer un juzgado?
Las medidas de protección tienen una finalidad preventiva. Buscan evitar que una situación de violencia continúe o se repita.
Dependiendo de los hechos y de la valoración judicial, pueden incluirse órdenes para que la persona señalada como agresora abandone una vivienda, se abstenga de acercarse a la víctima o deje de intimidarla, amenazarla o comunicarse con ella.
También pueden adoptarse otras medidas previstas por la ley, de acuerdo con las necesidades de protección.
No se requiere esperar una sentencia penal para solicitar este tipo de intervención. Precisamente, su utilidad radica en ofrecer una respuesta ante situaciones de riesgo que no deberían prolongarse mientras se determina si hubo un delito.
El procedimiento puede iniciarse mediante una solicitud ante el Juzgado de Violencia Doméstica o el despacho judicial competente. La persona interesada debe explicar lo que conoce y aportar los elementos de prueba que tenga disponibles, si los hay.
Corresponde al juzgado valorar los hechos y decidir si procede otorgar las medidas.
Esta posibilidad legal también resulta relevante cuando el posible maltrato ocurre fuera de una relación familiar. La jurisprudencia del Poder Judicial ha reconocido que el artículo 57 de la Ley 7935 permite solicitar protección frente a personas con las que no necesariamente existe parentesco o una relación de pareja.
Esto es particularmente importante en una sociedad donde cada vez más personas mayores viven solas, alquilan una habitación o reciben asistencia de terceros.
Denunciar no es lo mismo que publicar un video
Las redes sociales se han convertido en espacios donde se conocen situaciones que anteriormente permanecían ocultas. Una grabación puede alertar a la ciudadanía, aportar información y contribuir a que las autoridades conozcan posibles hechos delictivos.
Pero su difusión no garantiza que se abra un procedimiento judicial ni que la persona afectada reciba protección.
El Código Procesal Penal, en su artículo 278, establece que quienes tengan conocimiento de un delito de acción pública pueden denunciarlo ante el Ministerio Público, un tribunal con competencia penal o la Policía Judicial, con las salvedades que establece la propia legislación.
La denuncia permite comunicar los hechos directamente a una autoridad facultada para intervenir.
No es necesario llevar un expediente completo ni demostrar anticipadamente que alguien cometió un delito. Basta con proporcionar la información disponible de manera responsable, diferenciando lo que se observó personalmente de aquello que se conoce por referencias de otras personas.
También conviene distinguir entre una denuncia penal y una solicitud de medidas de protección. Son procedimientos con finalidades diferentes y, según las circunstancias, pueden utilizarse ambos.
La primera permite investigar hechos que podrían constituir delitos. La segunda busca prevenir nuevas agresiones.
Quien presencia una situación de riesgo puede, además, llamar al 9-1-1 para solicitar una intervención inmediata.
En cuanto a los videos, el artículo 47 del Código Civil protege el derecho a la imagen y contempla excepciones, entre ellas las relacionadas con acontecimientos de interés público y necesidades de justicia.
Por ello, sería incorrecto afirmar que toda publicación de una grabación sin consentimiento constituye automáticamente una infracción legal.
No obstante, debemos preguntarnos si resulta necesario difundir imágenes que exponen a una persona mayor en una situación humillante o de violencia.
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, incorporada al ordenamiento jurídico costarricense mediante la Ley N.º 9394, reconoce su derecho a la privacidad, la intimidad y la dignidad.
La prudencia aconseja conservar las grabaciones originales y ponerlas a disposición de las autoridades, evitando reproducciones innecesarias que puedan afectar a las personas involucradas.
Las alertas al CONAPAM y la responsabilidad institucional
El caso de Los Chiles también merece una discusión sobre la respuesta que reciben las personas cuando solicitan ayuda.
La Línea Dorada 1165 del CONAPAM funciona las 24 horas y ofrece orientación, apoyo emocional y atención a situaciones que afectan a personas adultas mayores.
De acuerdo con la información oficial de la institución, este servicio también contempla la valoración de situaciones, la coordinación con otras entidades y el seguimiento cuando corresponde.
Por esa razón, no podemos reducir su función a recibir llamadas y proporcionar consejos.
Ahora bien, tampoco sería responsable concluir que el CONAPAM incumplió sus obligaciones en el caso de Los Chiles sin conocer el contenido de los reportes, las actuaciones realizadas y los resultados de la investigación administrativa.
Lo que sí corresponde preguntar es qué procedimientos se aplican cuando una persona informa sobre posibles situaciones de violencia, cómo se determina la gravedad del riesgo y cuáles mecanismos permiten verificar que los casos que requieren intervención lleguen a las instituciones competentes.
El artículo 281 del Código Procesal Penal establece, además, que las personas funcionarias públicas deben denunciar los delitos perseguibles de oficio que conozcan en el ejercicio de sus funciones, bajo las condiciones previstas en la norma.
Determinar si esta obligación resultaba aplicable a las comunicaciones recibidas en el caso investigado requiere examinar los hechos concretos.
Es importante que la investigación institucional permita aclararlo, dentro de los límites legales de confidencialidad y protección de las personas involucradas.
Las familias y las comunidades necesitan confiar en que sus alertas serán valoradas adecuadamente. También necesitan conocer qué puede hacer cada institución y cuáles actuaciones corresponden a la policía, al Ministerio Público o a los juzgados.
¿Dónde acudir si sospecha que una persona mayor está siendo maltratada?
En Costa Rica existen varias opciones y no todas cumplen la misma función.
Cuando existe peligro inmediato, la vía es el 9-1-1. Si se conocen hechos que podrían constituir un delito, puede acudirse al OIJ o al Ministerio Público para presentar una denuncia.
Si lo que se necesita es prevenir nuevas agresiones, puede solicitarse la intervención del Juzgado de Violencia Doméstica o del despacho judicial competente, que valorará la procedencia de medidas de protección.
También puede llamarse al 1165 del CONAPAM para recibir orientación, atención y apoyo en la coordinación institucional. Conviene explicar con claridad los hechos, preguntar qué actuaciones pueden realizarse y conservar los datos de la comunicación.
El OIJ dispone, además, de la línea confidencial 800-8000-645 para proporcionar información sobre posibles hechos delictivos.
Lo fundamental es no esperar a contar con una grabación ni a que la violencia se agrave para buscar ayuda.
La sospecha de maltrato requiere una valoración responsable, sin acusaciones precipitadas y sin poner en riesgo a la persona afectada.
Una discusión que debemos asumir como país
Costa Rica cuenta con una legislación especial para proteger a las personas adultas mayores. También ha asumido compromisos internacionales que reconocen su derecho a vivir libres de violencia, a recibir un trato digno y a ejercer su autonomía.
El problema aparece cuando estos derechos no se traducen en respuestas oportunas.
No basta con disponer de leyes que permitan solicitar medidas de protección si la ciudadanía desconoce su existencia. Tampoco resulta suficiente contar con servicios de orientación cuando las personas no saben cómo acceder a la justicia o cuáles son las competencias de las instituciones.
La muerte del hombre de 80 años en Los Chiles debe investigarse con rigor, sin condenas anticipadas ni afirmaciones que excedan los hechos conocidos.
Pero también debería servir para revisar cuánto hemos avanzado en la prevención de la violencia contra las personas mayores y qué dificultades persisten para que una alerta llegue a convertirse en una intervención efectiva.
Me preocupa que, como sociedad, podamos acostumbrarnos a conocer estas situaciones cuando ya aparecen en los medios de comunicación. La protección de los derechos humanos exige actuar antes, con procedimientos claros y una ciudadanía que conozca sus posibilidades de intervención.
Queda una enseñanza que considero especialmente importante: cuando una persona adulta mayor enfrenta una posible situación de maltrato, la ley permite que cualquier persona que conozca esos abusos solicite protección judicial.
Es un derecho que deberíamos conocer y ejercer responsablemente.
Porque detrás de cada alerta hay una persona cuya seguridad, dignidad y autonomía merecen ser protegidas mientras todavía es posible hacerlo.
Fuentes consultadas
- Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, Ley N.º 7935, artículo 57.
- Ley contra la Violencia Doméstica, Ley N.º 7586.
- Código Procesal Penal, Ley N.º 7594, artículos 278 y 281.
- Código Civil, artículo 47.
- Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, Ley N.º 9394.
- Poder Judicial de Costa Rica: jurisprudencia sobre medidas de protección para personas adultas mayores y orientación para presentar solicitudes judiciales.
- CONAPAM: información oficial sobre la Línea Dorada 1165 y mecanismos de denuncia.
- CR Hoy, 9 y 10 de noviembre de 2026: información sobre la muerte investigada en Los Chiles y la apertura de una investigación administrativa en el CONAPAM.
- Repretel, 10 de noviembre de 2026: reportes periodísticos sobre los hechos investigados en Los Chiles.
Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico individualizado.
