CONTEXTO. Por Eduardo Méndez Vásquez , Director de www.costaricamayor.com
El aumento de personas mayores fuera de la fuerza laboral, la informalidad y una propuesta para exigir más cotizaciones abren una pregunta urgente: ¿cómo alcanzar la jubilación cuando el trabajo se vuelve inestable?
En el primer trimestre de 2026, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) registró aproximadamente 997.000 personas de 60 años o más fuera de la fuerza de trabajo, 147.000 más que un año antes. Al mismo tiempo, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) discute una propuesta para aumentar de 300 a 360 las cuotas exigidas para obtener la pensión ordinaria del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). En mayo, además, la institución reportaba unas 32.000 solicitudes pendientes en el Régimen No Contributivo (RNC). Los datos corresponden a períodos diferentes, pero exponen una tensión compartida entre empleo, cotización y protección económica en la vejez.
Patricia tiene 55 años y vive en Tres Ríos, La Unión. Durante 19 años coordinó un departamento de recursos humanos en una empresa de logística de Cartago, hasta que una reestructuración eliminó su puesto a inicios de 2026. Desde entonces ha enviado currículos y ha conseguido algunas asesorías de manera independiente, con ingresos irregulares. Cuando el dinero no alcanza, interrumpe sus cotizaciones. Tiene acumuladas unas 280 cuotas del IVM: 20 menos de las requeridas actualmente para una pensión ordinaria y, si la propuesta de 360 cuotas llegara a aprobarse en esos términos, la diferencia sería de 80. Su preocupación no es únicamente conseguir otro empleo, sino saber con qué ingresos podrá envejecer.
El ejemplo pone el foco en una realidad que no siempre aparece en la tasa de desempleo: hay personas con actividades ocasionales, ingresos insuficientes o largos períodos sin buscar trabajo que no pueden sostener una cotización continua. También hay quienes se jubilan, cuidan familiares, enfrentan problemas de salud o deciden no seguir trabajando. Las estadísticas deben permitir distinguir estas situaciones, no confundirlas.
Fuera de la fuerza de trabajo no significa necesariamente desempleadas
Según la Encuesta Continua de Empleo del INEC, la población de 60 años o más fuera de la fuerza de trabajo representó el 50,7% de todas las personas en esa condición en el primer trimestre de 2026. Su número aumentó en unas 147.000 personas frente al mismo trimestre de 2025: aproximadamente 109.000 mujeres y 37.000 hombres, con diferencias propias del redondeo estadístico. El aumento es una variación neta entre períodos, no un registro de 147.000 personas despedidas ni de 147.000 personas que abandonaron individualmente el empleo.
Una parte del incremento puede relacionarse con el envejecimiento demográfico y las jubilaciones. La encuesta no establece por sí sola cuántas personas dejaron de buscar trabajo por desaliento, cuántas perciben una pensión ni cuántas necesitarían trabajar y no encuentran oportunidades.
Para ser considerada desempleada en la medición oficial, una persona debe cumplir las condiciones estadísticas de no tener empleo, buscarlo y estar disponible para trabajar. Por eso, una tasa de desempleo relativamente baja no demuestra que sea sencillo conseguir trabajo después de los 55 años. Entre los 45 y los 59 años, el INEC estimó unas 654.000 personas en la fuerza laboral y 633.000 ocupadas durante el primer trimestre de 2026; la diferencia arroja una tasa aproximada de desempleo del 3,2%, calculada por Costa Rica Mayor a partir de cifras publicadas redondeadas.
Otro indicador requiere especial cuidado: entre las personas fuera de la fuerza de trabajo que declararon no estar disponibles para trabajar, el 25,9% mencionó limitaciones relacionadas con la edad, como vejez o jubilación. Ese porcentaje comprende distintas edades y circunstancias y no mide directamente discriminación en procesos de selección de personal.
La pensión proporcional cambia la lectura del problema
Las reglas ordinarias del IVM establecen 65 años de edad y al menos 300 cuotas mensuales para obtener una pensión ordinaria por vejez. Sin embargo, hay una modalidad fundamental: quienes cumplen 65 años y acumulan entre 180 y 299 cuotas pueden tener derecho a una pensión proporcional, conforme al Reglamento del IVM y sus condiciones de cálculo. En el esquema general, el retiro anticipado por edad y cotizaciones se mantiene para mujeres desde los 63 años con 405 cuotas, según una escala que disminuye conforme se acercan a los 65 años.
Por eso, si Patricia llegara a los 65 años con 280 cuotas y cumpliera los demás requisitos, podría optar por una pensión proporcional. No sería correcto afirmar que necesariamente quedaría sin pensión contributiva. La preocupación permanece: una trayectoria interrumpida puede impedir alcanzar la pensión ordinaria y limitar la protección económica que recibiría en la vejez.
A esa incertidumbre se agrega la discusión de nuevas reglas. La Gerencia de Pensiones de la CCSS planteó 20 propuestas para fortalecer la sostenibilidad del IVM; una consiste en elevar de 300 a 360 cuotas el requisito para la pensión ordinaria. La mesa de diálogo convocada para analizarlas se instaló el 28 de octubre de 2026. A la fecha de esta publicación, esta posibilidad sigue siendo una propuesta, no una reforma aprobada.
Sesenta cuotas representan cinco años de cotización mensual adicional. Sin embargo, su efecto concreto dependería del texto finalmente aprobado, de eventuales disposiciones transitorias y del trato que reciba la pensión proporcional. No puede concluirse que todas las personas tendrán que pensionarse cinco años más tarde. Lo que sí corresponde preguntarse es cómo se espera una mayor densidad de cotizaciones si parte de la población enfrenta empleo intermitente en la segunda mitad de su vida laboral.
El Régimen No Contributivo: protección necesaria, pero limitada
Para quienes no tienen acceso a una pensión contributiva y cumplen las condiciones de pobreza y demás requisitos, el Régimen No Contributivo representa una alternativa de protección social. El beneficio ordinario citado por la CCSS es de ₡82.000 mensuales, además de aguinaldo y cobertura del seguro de salud; no debe confundirse con las pensiones del IVM.
Un reportaje de La Nación publicado el 13 de mayo de 2026, con datos de la CCSS, informó que a finales de abril el RNC atendía a 159.274 personas y acumulaba unas 32.000 solicitudes pendientes. La institución advertía que algunas esperas podrían extenderse hasta tres años. La Sala Constitucional había resuelto 1.276 recursos de amparo relacionados con el RNC durante 2025, y en el corte divulgado en mayo de 2026 se reportaban 459 recursos resueltos ese año.
La Contraloría General de la República señaló que el presupuesto de 2026 para este programa era de ₡166.961 millones, un 15,1% menor que el de 2025 y el más bajo desde 2021. La CCSS estimó para ese año una necesidad de ₡227.463 millones, equivalente a una brecha proyectada de ₡60.502 millones. Estas cifras corresponden a los informes y fechas indicados, no necesariamente al saldo actualizado al 3 de noviembre.
Trabajo e informalidad: una brecha en la protección
Los datos del INEC del segundo trimestre de 2026 muestran que el 73,6% de las personas de 65 años o más que trabajaban lo hacían en condiciones de informalidad. En el conjunto del país, la proporción de empleos informales rondó el 36%. La tasa de desempleo abierto entre personas de 65 años o más fue de apenas 0,8%, indicador que debe interpretarse junto con la elevada no participación laboral.
La informalidad puede implicar ingresos inestables, menor protección y dificultades para acumular cotizaciones; sin embargo, no todo empleo clasificado estadísticamente como informal significa ausencia automática de aportes al IVM. Para conocer el riesgo previsional sería necesario distinguir entre personas asalariadas, independientes y sus registros efectivos de cotización.
El Código de Trabajo prohíbe la discriminación laboral por edad. Aun así, los datos de desempleo y no participación no permiten cuantificar, por sí solos, cuántas candidaturas fueron rechazadas debido a la edad. Esa pregunta requiere información específica sobre contratación, prácticas empresariales y experiencias de quienes buscan empleo.
El costo gerontológico: desventajas que se acumulan
Desde el enfoque de curso de vida, lo que ocurre entre los 55 y los 65 años puede repercutir durante décadas. Una pérdida de empleo, varios años de ingresos reducidos y cotizaciones interrumpidas pueden traducirse después en una pensión proporcional, un ingreso menor del previsto o, en determinados casos, la ausencia de una prestación contributiva.
El INEC informó que la pobreza entre las personas de 65 años o más pasó del 14,1% en 2015 al 18,5% en 2025, aunque la serie no fue de crecimiento continuo: en 2020 llegó al 21%. Estos datos muestran que la vulnerabilidad económica durante la vejez no desaparece por el hecho de alcanzar la edad de jubilación.
La Organización Mundial de la Salud advierte que el edadismo —los estereotipos, prejuicios y prácticas discriminatorias por razón de edad— se asocia con peor salud física y mental, mayor aislamiento y menor seguridad económica. Una investigación longitudinal realizada en Estados Unidos halló que las personas con percepciones más positivas sobre su propio envejecimiento vivieron, en promedio, 7,5 años más que aquellas con percepciones menos favorables. No se trata de una medida del efecto de un despido ni de una estimación aplicable automáticamente a Costa Rica. La OMS también difundió una estimación mundial de 6,3 millones de casos de depresión atribuibles al edadismo.
La dimensión de género merece atención. Las mujeres representaron aproximadamente 109.000 de las 147.000 personas del aumento neto de población mayor fuera de la fuerza laboral. Esa diferencia no prueba por sí sola los motivos de salida, pero invita a examinar cómo el trabajo de cuidados no remunerado, las trayectorias de empleo y las interrupciones contributivas pueden producir desigualdades acumuladas.
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada en Costa Rica mediante la Ley 9394, reconoce expresamente el derecho a la seguridad social (artículo 17) y al trabajo digno, decente y sin discriminación por edad (artículo 18). Una política previsional sostenible debe dialogar con esos derechos y con las oportunidades reales de cotizar.
Incentivos y proyectos: ¿qué puede cambiar?
Costa Rica aprobó la Ley 10079 para fomentar el empleo de personas mayores de 45 años, publicada el 25 de enero de 2022. Introdujo incentivos vinculados con la composición etaria de las planillas empresariales, pero su vigencia inicial era de cuatro años, período que concluyó en enero de 2026. No se identificó durante esta verificación una prórroga legislativa aprobada; por ello, no corresponde presentar esos incentivos como indefinidamente vigentes sin confirmar una modificación normativa posterior.
En la Asamblea Legislativa también se tramita el expediente 24.149, sobre promoción del trabajo para personas mayores de 55 años, que figura dictaminado. El texto base propone deducciones adicionales de renta relacionadas con salarios de trabajadores de ese grupo, mediante una escala progresiva que comienza en 5% a los 55 años y llega a 55% a partir de los 65 años; los porcentajes definitivos dependerán del texto que eventualmente se apruebe.
El expediente 24.453 plantea ampliar el preaviso después de diez años de continuidad laboral para personas de 55 años o más: tres meses como regla propuesta y dos meses en los supuestos previstos para determinadas pymes y personas patronas, con reglas específicas para el trabajo doméstico. La Procuraduría General de la República advirtió que, si se aprueba sin ajustes, el cambio también podría afectar el preaviso que debe dar una persona trabajadora cuando decide renunciar.
La discusión pública requiere mejores mediciones. Las estadísticas nacionales disponibles permiten observar diferencias por grupos de edad amplios, pero no bastan para describir por completo las trayectorias de quienes tienen entre 55 y 64 años, las razones por las que dejan de buscar trabajo o cuántas personas cumplen 65 años con un historial insuficiente de cuotas para cada modalidad de pensión.
La pregunta de fondo
Costa Rica necesita garantizar la sostenibilidad de sus sistemas de pensiones y, al mismo tiempo, evitar que las medidas propuestas se desliguen de las condiciones del mercado laboral. Mejorar las oportunidades de empleo, combatir los sesgos por edad, facilitar la formación continua y reconocer las trayectorias de cuidado también son decisiones de política previsional.
Si el país discute exigir cinco años más de cotización para acceder a la pensión ordinaria, ¿qué oportunidades de trabajo y protección ofrecerá a quienes intentan completar esas cuotas después de los 55?
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Lea también. Costa Rica ya tiene 638.378 personas de 65 años y más: radiografía del envejecimiento en 2026
Fuentes :
1. INEC. Encuesta Continua de Empleo, primer trimestre de 2026 (informe completo).
- CCSS. Acta de Junta Directiva N.º 9550, 23 de octubre de 2025, texto del artículo 5 del Reglamento del IVM (págs. 120 y ss.).
- La Nación. Mesa de diálogo del IVM y propuestas de 300 a 360 cuotas, 29 de octubre de 2026.
- La Nación. Solicitudes pendientes y amparos del Régimen No Contributivo, 13 de mayo de 2026.
- INEC, datos especiales sobre personas adultas mayores: empleo y pobreza difundidos por El Observador, 30 de septiembre de 2026.
- INEC. Resultados del segundo trimestre de 2026: empleo e informalidad.
- OMS. Envejecimiento: edadismo, preguntas y respuestas, 28 de abril de 2025.
- OMS y Naciones Unidas. El edadismo es un problema mundial, 18 de marzo de 2021.
- Asamblea Legislativa. Ley 10079, promulgada en 2021 y publicada en 2022; reseña normativa.
- BDS Asesores. Alcance y duración de cuatro años de la Ley 10079, 26 de enero de 2022.
- Delfino.cr. Ficha legislativa del expediente 24.149, estado y texto base.
- Procuraduría General de la República. Opinión jurídica PGR-OJ-174-2024 sobre el expediente 24.453.
- Organización de Estados Americanos. Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, artículos 17 y 18.
Nota metodológica: las cifras corresponden a diferentes fechas y levantamientos. El cálculo aproximado de desempleo para 45 a 59 años resulta de (654.000 − 633.000) ÷ 654.000, empleando cifras redondeadas de la ECE del primer trimestre de 2026. Las referencias a propuestas de ley no describen normas ya aprobadas. Verificación editorial cerrada el 3 de noviembre de 2026.
