CONTEXTO · SEGURIDAD SOCIAL . Por: Eduardo Méndez, Director de www.costaricamayor.com
El jefe de la fracción oficialista anunció una reforma profunda a la Caja Costarricense de Seguro Social. Detrás de la discusión política hay cifras oficiales que nos tocan de lleno a quienes envejecemos: un fondo de pensiones con un faltante de ¢74,6 billones, reservas de salud que se agotarían en 2029 y 1,4 millones de personas esperando atención. Conviene entender qué está en juego antes de que otros lo decidan por nosotros.
Don Rafael cumplió setenta y un años el mes pasado. Cotizó cuarenta y dos años a la Caja, primero como mecánico, después con un pequeño taller propio. Hoy su pensión del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte le alcanza apenas para los medicamentos que la farmacia del EBAIS no siempre tiene. Su hija, que leyó en el periódico que un diputado habla de reformar la Caja, le preguntó qué iba a pasar con su pensión. Don Rafael no supo qué responder. Nadie le ha explicado.
La pregunta de esa hija es la misma que recorre hoy el país. El 20 de junio, el jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano, Nogui Acosta, anunció que impulsará cambios profundos en la CCSS aprovechando los treinta y un votos del oficialismo en el Congreso. Lo resumió en una frase que conviene no olvidar: la Caja se va a mantener, pero la pregunta es cuál Caja y con qué dinero. Esa es, exactamente, la pregunta que debemos hacernos quienes envejecemos en este país.
El país que envejece: los números del INEC
Para entender la presión sobre la Caja hay que partir de un hecho demográfico que ninguna reforma puede cambiar. Según las Estimaciones y Proyecciones Nacionales de Población 1950-2100 del Instituto Nacional de Estadística y Censos, divulgadas en julio del 2024, la población de 65 años y más se duplicará entre 2024 y 2044. Para el 2050, veinticinco de cada cien personas en Costa Rica tendrán 65 años o más; hoy esa relación es de once de cada cien.
La esperanza de vida al nacer pasó de 76,95 años en 1990 a 80,91 en 2024, y el INEC proyecta que llegará a 84,27 años en 2050. Vivimos más. Pero al mismo tiempo nacen menos personas: la tasa de fecundidad cayó a 1,23 hijos por mujer en 2024 y tocaría un mínimo de 1,14 en 2031. El resultado es una balanza que se inclina año con año. La relación de dependencia de la población adulta mayor, es decir, cuántas personas de 65 años o más hay por cada cien en edad de trabajar, subirá de 16 en 2024 a 39,2 en 2050.
Traducido a la vida de don Rafael: cada vez habrá menos trabajadores cotizando para sostener la pensión de cada persona jubilada. No es una opinión ideológica. Es aritmética demográfica documentada por la institución oficial de estadística del país.
El IVM: un faltante de ¢74,6 billones
El régimen de Invalidez, Vejez y Muerte es el sistema de pensiones más grande del país. Según datos de la propia CCSS, a junio del 2024 contaba con 372.671 personas pensionadas y 1.740.935 trabajadores cotizantes. De ese fondo depende el sustento de la mayoría de las personas mayores costarricenses.
La Valuación Actuarial del IVM con corte al 31 de diciembre del 2022, elaborada por la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS, reveló un déficit actuarial de ¢74,6 billones. La cifra ya era mejor que la del estudio del 2018, que rondaba los ¢100 billones, gracias a la reforma de las condiciones de jubilación que entró a regir en enero del 2024. Según esa valuación, las reservas del fondo se agotarían en el 2047, año a partir del cual el régimen no tendría capacidad para pagar la totalidad de las pensiones con sus propios recursos.
Pero hay una señal de alarma más cercana y más concreta. Durante el 2025, según confirmó la Dirección de Pensiones de la CCSS, por primera vez se usó el cien por ciento de los intereses generados por la reserva para cubrir gastos corrientes, y fue necesario echar mano de la reserva misma. Es decir: el fondo empezó a consumir sus ahorros antes de lo previsto.
A inicios de junio del 2026, el Fondo Monetario Internacional advirtió que las reservas del IVM se agotarían a partir del 2037 y las del Seguro de Enfermedad y Maternidad, el que financia la atención médica, a partir del 2029. Las proyecciones varían según los supuestos de cada estudio, pero todas apuntan en la misma dirección. Cuando esas reservas se agoten, la Constitución obliga al Estado a cubrir el faltante. Y el Estado, como reconoció el propio Acosta, arrastra un déficit fiscal persistente y una deuda con la Caja que ronda los ¢4,4 billones, de los cuales cerca de ¢3,7 billones corresponden al seguro de salud.
La salud que esperamos, la espera que sufrimos
Mientras se debate la sostenibilidad financiera, las personas mayores enfrentamos un problema que ya no es del futuro sino del presente: las listas de espera. Según cifras de la CCSS citadas por el sindicato Sinae, la cantidad de pacientes en espera de atención pasó de 733.059 personas en 2022 a 1.443.260 en abril del 2026. Casi se duplicó en cuatro años.
Las especialidades que más usamos quienes envejecemos son, justamente, las más congestionadas. Ortopedia y oftalmología reportan demoras de hasta cinco años. Un caso conocido por la Sala Constitucional en abril del 2026 ilustra el absurdo: a una mujer de 63 años con un problema serio de rodilla, el hospital de San Carlos le programó la cita de valoración para el 2047, veintidós años después. Solo tras presentar un recurso de amparo le adelantaron la atención.
Ese recurso de amparo no es un detalle menor. Durante el 2025, la Sala Constitucional resolvió más de 42.000 asuntos, de los cuales cerca de 16.000 estaban relacionados con fallas en los servicios de salud de la CCSS. La vía constitucional se ha convertido, para miles de personas mayores, en la única forma de hacer valer su derecho a la salud que consagra la Ley N.° 7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor.
La Contraloría General de la República documentó algo aún más doloroso: entre abril del 2022 y abril del 2025, el 34% de los pacientes fallecidos siguieron catalogados como pendientes durante seis meses o más después de su muerte, ocupando cupos. La presidenta ejecutiva de la CCSS reconoció ante los diputados que, por la crisis de especialistas, en este momento no es posible reducir las listas de espera. La institución insiste en que los fallecimientos no pueden atribuirse de manera directa a las listas. La cifra, en todo caso, retrata un sistema bajo presión extrema.
Qué proponen, qué deberíamos vigilar
Las reformas que el oficialismo pone sobre la mesa tocan tres frentes que nos afectan de manera directa. El primero es el modelo de pensiones. Acosta planteó evolucionar hacia una pensión mínima estatal, complementada con el Régimen Obligatorio de Pensiones y con el ahorro individual de cada persona para alcanzar una pensión mayor. Para quien cotizó toda su vida esperando una pensión contributiva completa, ese cambio de contrato social merece preguntas claras y respuestas claras.
El segundo frente es la infraestructura hospitalaria. El diputado cuestionó si el país necesita construir más hospitales, dado que la población dejará de crecer. El argumento demográfico tiene base, pero conviene recordar que envejecer no significa necesitar menos atención médica, sino más, y de mayor complejidad. Menos población no equivale a menos demanda hospitalaria cuando esa población es cada vez más longeva.
El tercer frente es la gobernanza. Tanto el oficialismo como la Presidencia de la República han cuestionado la composición de la Junta Directiva de la CCSS, integrada por nueve miembros: tres del gobierno, tres del sector laboral y tres del sector empresarial. Se ha planteado sustituirla por directores con perfil gerencial. Quién decide sobre nuestras pensiones y nuestra salud no es un asunto técnico neutral: define a quién rinde cuentas la institución.
Hay un punto que ninguna persona mayor debería pasar por alto. Acosta afirmó que hará la reforma con o sin la oposición, e independientemente de que se invoque la autonomía constitucional de la CCSS. Esa autonomía, establecida en la Constitución Política, ha sido históricamente el blindaje que protege a la seguridad social de los vaivenes políticos. Discutir su alcance es legítimo. Pero hacerlo deprisa, sin participación de quienes dependemos de la Caja, sería un error que pagaríamos las personas mayores.
La pregunta que nos corresponde
Los números son serios y no admiten negación. El fondo de pensiones tiene un faltante enorme, las reservas se acortan, las listas de espera crecen y el país envejece más rápido que casi cualquier otro de la región. Hacer reformas es necesario. La pregunta no es si reformar, sino cómo, con quién y para proteger a quién.
Una reforma que se diseñe solo en clave fiscal verá a las personas mayores como un costo. Una reforma que se diseñe en clave de derechos nos verá como lo que somos: ciudadanas y ciudadanos que cotizamos durante décadas y que tenemos derecho a una vejez con salud y con dignidad.
La Caja no es un canasto roto ni una carga. Es el pacto que setenta años de costarricenses construyeron para que nadie enfrente la vejez en el desamparo.
Termino aquí. El país que estamos construyendo se define en cómo trate a quienes ya entregaron su trabajo. Don Rafael y su hija merecen una respuesta antes de que la reforma esté escrita, no después. La verdadera pregunta no es cuál Caja podemos pagar, sino cuál Caja queremos ser. ¿Vamos a permitir que el futuro de nuestra vejez se decida sin nosotros en la mesa?
