CONTEXTO · CUIDADOS – Eduardo Méndez, abogado. Máster en Gerencia Social. Director de www.costaricamayor.com
Costa Rica envejece, pero su sistema de cuidados apenas alcanza al 5% de quienes más lo necesitan
El país invierte cerca del 0,12% del Producto Interno Bruto en cuidados de larga duración y su sistema nacional cubre a apenas cinco de cada cien personas mayores dependientes. Hablamos mucho de envejecimiento. Todavía no lo financiamos.
Doña Rosa tiene 58 años y hace tres que no duerme una noche completa. Su madre, de 84, dejó de caminar sola tras una caída. Desde entonces, Rosa la baña, la moviliza, le administra siete medicamentos y la lleva a la Caja, todo alrededor de un trabajo que ya la vio pedir permiso demasiadas veces. Nadie le pagó por ello. Nadie la relevó. Cuando preguntó en la municipalidad qué apoyos existían, le entregaron un folleto y un número que nunca contestó.
La historia de Rosa no es una anécdota. Es la forma en que este país resuelve, en la práctica, el cuidado de sus personas mayores dependientes: en silencio, dentro de las casas, sobre los hombros de mujeres que no aparecen en ningún presupuesto. Un dato reciente pone número a esa realidad.
Un sistema que existe en la ley, pero no en la billetera
El perfil 2026 del Global Observatory of Long-Term Care, del Care Policy and Evaluation Centre de la London School of Economics, ofrece el retrato más actualizado del sistema costarricense de cuidados de larga duración. Su conclusión es incómoda: casi cuatro años después de su creación, el sistema invierte alrededor del 0,12% del PIB y cubre apenas al 5% de las personas adultas mayores en situación de dependencia. La cifra de cobertura procede de una ponencia preparada para el Informe Estado de la Nación 2025, recogida en ese mismo perfil.
Conviene detenerse en la magnitud. Costa Rica creó su Sistema Nacional de Cuidados y Apoyo para Adultos y Adultos Mayores en Situación de Dependencia —el SINCA, establecido por la Ley N.° 10192— con la ambición de convertirse en el primer sistema nacional de cuidados de larga duración de un país de ingresos medios. Fue, en su momento, motivo de orgullo. El problema es que nació sin financiamiento nuevo. Se lanzó en plena pandemia, en medio de restricciones fiscales, recortes de empleo público y una coordinación interinstitucional débil.
El resultado es un andamiaje normativo robusto sobre una base presupuestaria mínima. La ley promete. La billetera no acompaña.
El 0,12% en perspectiva
Un porcentaje aislado dice poco. Comparado, dice mucho. Los países de la OCDE destinan en promedio cerca del 1,5% de su PIB a los cuidados de larga duración. Costa Rica, que desde julio de 2025 es clasificado como país de ingresos altos, invierte una fracción: alrededor de la doceava parte de ese promedio. El propio diseño del SINCA contempla escalar hasta el 0,52% del PIB en el quinto año de implementación. Aun cumpliéndose esa meta, seguiría por debajo de un tercio del estándar de los países con los que solemos compararnos.
Y hay un detalle que revela cuán inconcluso está el edificio. La ley ordenó definir los copagos —lo que las familias con capacidad de pago aportarían por los servicios— desde noviembre de 2023. A abril de 2026, esos montos aún no se habían publicado. Un sistema pensado para avanzar hacia la universalidad sigue, en la práctica, restringido a quien vive en pobreza. Doña Rosa, que trabaja y no es pobre pero tampoco puede pagar una cuidadora privada, queda exactamente en la grieta.
¿Qué hay realmente disponible?
El sistema fue diseñado con cinco servicios: atención domiciliaria, residencias de larga estancia, teleasistencia, centros diurnos y transferencias en efectivo. La atención domiciliaria —hasta 80 horas mensuales— fue definida como el servicio principal, el que debía sostener a las familias en casa. Según el perfil de la LSE, ese servicio todavía no se ha desarrollado. La única acción concreta ha sido una plataforma web donde las familias contratan cuidadores por su cuenta, pagando el 100% del costo sin financiamiento público. Los propios investigadores la describieron como una suerte de «Uber del cuidado».
Lo que sí opera son las modalidades heredadas del viejo esquema de bienestar social. A junio de 2025, unas 1.614 personas mayores recibían atención en centros diurnos y cerca de 1.618 vivían en 125 hogares de cuidado, todos administrados por organizaciones sin fines de lucro. Son cifras pequeñas frente a una población dependiente que crece cada año. La atención comunitaria —el corazón declarado del modelo— sigue descentralizada, desigual y dependiente de lo que cada municipio pueda o quiera sostener.
La brecha, además, tiene geografía. Al no llegar transferencias del gobierno central, los gobiernos locales han asumido responsabilidades con recursos propios. Donde hay municipio con caja, hay algo. Donde no, no hay. Las zonas rurales quedan sistemáticamente atrás.
Quién sostiene lo que el Estado no financia
Cuando un sistema público cubre al 5%, alguien cubre el 95% restante. Ese alguien tiene nombre y tiene género. La provisión privada de cuidados en Costa Rica es escasa, de modo que la inmensa mayoría del cuidado se presta de forma informal, en el hogar, por mujeres. Madres, hijas, hermanas, esposas. Mujeres que reducen su jornada, renuncian a su empleo o simplemente se agotan sin que ese esfuerzo figure en ninguna estadística de gasto público.
Aquí el dato deja de ser económico y se vuelve un asunto de derechos. La Ley N.° 7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, reconoce a las personas mayores como sujetos de derechos, entre ellos el derecho a la atención integral. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, incorporada mediante la Ley N.° 9394, obliga al Estado a garantizar servicios de cuidados de larga duración. Un sistema que cubre al 5% no cumple con esa obligación: la traslada. La deposita en la cocina de doña Rosa.
Hay señales de movimiento. Existe una propuesta de reforma constitucional para reconocer el derecho al cuidado en los artículos 51 y 56 de la Constitución Política, con votación prevista en la Asamblea Legislativa para 2026. Y el piloto de teleasistencia domiciliaria evaluado en Heredia mostró resultados alentadores: mejoró la calidad de vida de las personas atendidas y redujo el agotamiento de las cuidadoras. Pero incluso ese avance se financia con recursos municipales, sin apoyo nacional, lo que amenaza con ensanchar aún más las brechas entre cantones ricos y pobres.
Termino aquí.
Costa Rica tiene una ley de cuidados, una política nacional, una secretaría, un baremo y hasta una reforma constitucional en camino. Tiene, en el papel, casi todo. Lo que no tiene es el dinero para que ese casi todo llegue a las casas donde de verdad se cuida. Un 0,12% del PIB no es un sistema de cuidados: es la promesa de uno.
El envejecimiento no es una amenaza futura que podamos aplazar. Es el presente de miles de familias que ya cuidan, hoy, sin red y sin relevo. Financiar el cuidado no es un gasto: es la manera concreta en que una sociedad decide no abandonar a quienes la construyeron. La pregunta, entonces, no es si podemos pagarlo.
¿Cuántas doñas Rosas más van a sostener solas el país que decimos estar construyendo, antes de que decidamos cuidar también a quien cuida?
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Fuente principal: Chaverri-Carvajal, A. (2026). Perfil del sistema de cuidados de larga duración: Costa Rica, 2026. Global Observatory of Long-Term Care, Care Policy and Evaluation Centre, London School of Economics. Disponible en goltc.org.
