CONTEXTO · PROTECCIÓN SOCIAL. Por: Eduardo Méndez, Abogado. Director de Costa Rica Mayor.
Un proyecto de ley propone financiar más de 31.000 pensiones del Régimen No Contributivo. Detrás de la cifra hay rostros concretos: quienes trabajaron toda su vida sin que ese trabajo contara para una pensión.
Doña Emilce tiene 71 años y nunca cotizó un solo mes a la Caja. No porque no trabajara. Trabajó toda su vida. Crió cinco hijos en una casa de San Diego de La Unión, cuidó a su madre enferma durante los últimos ocho años de vida de ella, y sacó adelante una pequeña siembra de café que nunca dio para planilla. A los 71, sin ingreso propio y dependiente de una hija que también apenas alcanza, doña Emilce presentó su solicitud al Régimen No Contributivo hace catorce meses. Sigue esperando. Es una de aproximadamente treinta mil personas en la misma fila.
Esa fila volvió a ser noticia. Como parte del paquete legislativo presentado por el Ejecutivo al cumplir sus primeros cien días de gobierno, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto que propone redirigir hacia el Régimen No Contributivo un aporte patronal que hoy recibe el Banco Popular. Conviene detenerse en el dato humano antes que en el político. Porque detrás de la discusión sobre porcentajes hay una pregunta que este medio considera central: ¿quiénes son las personas que llegan a la vejez sin jubilación, y por qué?
Qué propone el proyecto, en términos sobrios
La iniciativa dispone trasladar al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares el 0,25 por ciento del aporte patronal que actualmente recibe el Banco Popular, con destino específico al Régimen No Contributivo. Según los cálculos del Ejecutivo, esa porción representó cerca de ₡37.507 millones durante 2025 y permitiría financiar aproximadamente 31.221 nuevas pensiones, tomando como referencia un costo anual cercano a ₡1,2 millones por beneficio, incluidos aguinaldo y Seguro de Enfermedad y Maternidad. La exposición de motivos sostiene, además, que el régimen cerró 2025 con unas 30.000 solicitudes pendientes por falta de recursos.
El proyecto no toca el uno por ciento que aportan las personas trabajadoras al Banco Popular ni el porcentaje patronal que ya financia las pensiones complementarias. Y conviene decirlo con la misma claridad con que lo diríamos en cualquier tema: se trata de una propuesta, no de una aprobación. No hay garantía todavía de que esas 31.221 pensiones se otorguen. Iniciativas muy parecidas para redirigir ese mismo 0,25 por ciento se frenaron en comisión legislativa en marzo de este año y una anterior fue archivada en 2023 al vencer su plazo. El camino, si lo tiene, no será automático.
Quiénes están en esa fila
El Régimen No Contributivo nació en 1974, con la Ley 5662, para proteger a quienes llegan a la vejez en condición de pobreza sin haber acumulado el derecho a una pensión contributiva. La selección se hace hoy mediante el registro de pobreza del Estado. Y cuando uno se pregunta quién termina ahí, aparecen patrones que dicen mucho del país.
Están, en primer lugar, las mujeres. Muchas dedicaron décadas al trabajo doméstico no remunerado y al cuido de hijos, esposos y padres. Ese trabajo sostuvo hogares enteros, pero no generó una sola cuota porque el sistema nunca lo reconoció como empleo. Llegaron a los 65 sin planilla, no por falta de esfuerzo, sino porque su esfuerzo fue invisible para la seguridad social. Están los agricultores y peones rurales que trabajaron la tierra ajena por jornal, sin patrono que los reportara. Están los trabajadores informales de toda la vida: vendedores, empleadas domésticas, personas que rebuscaron el sustento sin nunca entrar al circuito formal.
Y están los cuidadores familiares, cada vez más visibles. Personas —de nuevo, en su mayoría mujeres— que dejaron de trabajar para atender a un familiar enfermo o con discapacidad, y que al envejecer se encuentran sin pensión propia porque cuidar a otro no cotiza. La historia de doña Emilce reúne varias de estas condiciones a la vez. No es la excepción; es el patrón.
Por qué esto importa más allá de la coyuntura
Hay un dato que conviene poner sobre la mesa, porque enmarca la urgencia. A inicios de 2026, la Contraloría advirtió que el presupuesto del Régimen No Contributivo para este año era el más bajo desde 2021, producto de menores transferencias del Fodesaf. Es decir, la fila de espera no crece por casualidad ni por mala gestión aislada: crece porque el financiamiento del programa lleva tiempo bajo presión mientras la población del país envejece. Sobre ese telón de fondo debe leerse cualquier propuesta de nuevos recursos.
Una pensión del Régimen No Contributivo ronda hoy los ₡82.000 mensuales. No es una suma que resuelva la vida. Pero para quien no tiene absolutamente nada, es la diferencia entre depender por completo de la caridad de un hijo y conservar un mínimo de autonomía y dignidad al final de la vida. Es, en el sentido más literal, un derecho de subsistencia.
Por eso la discusión que se abre no es apenas una partida presupuestaria que se mueve de una institución a otra. Es la pregunta de qué le debe un país a quienes lo sostuvieron sin que su trabajo quedara registrado. Doña Emilce no pide un favor. Reclama, tarde, el reconocimiento de algo que hizo toda su vida.
Termino aquí.
Si un país mide su justicia por cómo trata a quien ya no puede producir, ¿qué dice de nosotros que treinta mil personas mayores esperen, en fila, el reconocimiento de un derecho de subsistencia?
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Fuentes: exposición de motivos del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo (cifras de ₡37.507 millones, 31.221 pensiones y 30.000 solicitudes pendientes son cálculos oficiales del Ejecutivo); Contraloría General de la República, informe sobre el presupuesto del Fodesaf 2026; Ley 5662 y su reforma mediante Ley 8783; normativa del Régimen No Contributivo (CCSS/Fodesaf); cobertura de Delfino.cr, Semanario Universidad, Diario Extra y La Nación. La iniciativa es una propuesta legislativa en trámite y no constituye ley aprobada.
