SU DERECHO HOY. Por Eduardo Méndez, Abogado. Director www.costaricamayor.com
El despojo patrimonial dentro de la familia casi nunca empieza con el robo de una casa. Empieza con un favor. Reconocer a tiempo esa pendiente resbaladiza es la mejor defensa de su autonomía económica.
Doña Emilia tiene 78 años y una pensión que, con esfuerzo, siempre le alcanzó. Cuando su vista empezó a fallar, su yerno se ofreció a llevarle las cuentas del recibo del agua y la luz. Fue un alivio. Meses después, él manejaba su tarjeta de débito «para no molestarla con filas en el banco». Al año, retiraba la pensión completa y le entregaba «lo que necesitara». Cuando doña Emilia quiso vender un lote heredado para arreglar su casa, descubrió que ya no decidía sobre nada: dependía económicamente de la persona que controlaba todo su patrimonio.
Un abuso que se disfraza de cariño
El despojo patrimonial progresivo es una de las formas más difíciles de identificar del abuso económico contra las personas mayores, precisamente porque no tiene la cara del delito. No hay un asalto, no hay un extraño, no hay un momento claro en que usted pueda decir «aquí me robaron». Hay, en cambio, una sucesión de gestos que parecen ayuda y que, sumados, terminan por vaciar su capacidad de decidir sobre lo suyo.
La secuencia suele repetirse. Primero, alguien «colabora» con las cuentas y los trámites. Luego administra la tarjeta. Después maneja la pensión. Y finalmente decide sobre las propiedades, los ahorros y los demás bienes. Cada paso, tomado por separado, parece razonable y hasta generoso. El problema es el conjunto: al final del camino, la persona mayor ha dejado de ser dueña de su propia vida económica y pasó a ser dependiente de quien controla su patrimonio.
Conviene decirlo con claridad: la mayoría de las familias que apoyan a un adulto mayor lo hacen con amor y honestidad. Recibir ayuda para administrar los bienes no es un problema; es, muchas veces, una necesidad legítima. La línea que separa el apoyo del despojo es una sola: quién sigue tomando las decisiones. Si usted acompaña y la persona mayor decide, hay cuido. Si alguien decide en su lugar y la deja sin voz sobre lo suyo, hay abuso.
Las señales que no debe ignorar
Hay signos tempranos que anuncian que la ayuda se está convirtiendo en control. Ponga atención si un familiar insiste en que usted no necesita revisar sus propios estados de cuenta, si empieza a recibir «una mensualidad» de su propia pensión en lugar de disponer libremente de ella, o si le piden firmar documentos que no le explican con calma y por completo. Desconfíe cuando alguien lo aísla de otros parientes o del abogado de confianza, cuando le repiten que usted «ya no está para esos trámites», o cuando aparecen retiros, préstamos o traspasos que usted no recuerda haber autorizado.
Una señal especialmente grave es la presión para «arreglar la herencia en vida»: que traspase la casa, que ponga a alguien como codueño de la cuenta o que firme un poder amplísimo «por si acaso». No hay nada malo en planificar el futuro, pero esa planificación debe nacer de usted, con asesoría independiente, y nunca bajo la premisa de que si no firma quedará desamparado.
Lo que dice la ley costarricense
El ordenamiento jurídico costarricense no deja a la persona mayor sin defensa. La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, Ley N.º 7935, reconoce de forma expresa el derecho a la integridad y a no ser sometida a explotación patrimonial, y define como violencia toda acción u omisión que dañe el patrimonio de la persona mayor. Sobre esa base, el despojo progresivo no es un asunto meramente familiar: es una forma de violencia que el Estado está obligado a atender.
Cuando el control se ejerce con violencia, intimidación o aislamiento, la Ley contra la Violencia Doméstica, Ley N.º 7586, permite solicitar medidas de protección ante los juzgados especializados, incluida la orden de que el agresor se abstenga de disponer de los bienes de la víctima. Y si alguien se apropió de dinero o bienes abusando de la confianza o de un poder otorgado, pueden configurarse los delitos de administración fraudulenta o estafa previstos en el Código Penal, con la posibilidad de denunciar y de reclamar la restitución.
Un punto central es el poder. Otorgar un poder no significa renunciar a sus bienes: el apoderado administra en nombre suyo y en interés suyo, no del propio. Usted conserva el derecho de pedir cuentas y, sobre todo, el derecho de revocar ese poder en cualquier momento, sin tener que dar explicaciones. Si firmó un poder y hoy siente que lo usan en su contra, ese poder puede dejarse sin efecto ante notario.
Cómo protegerse antes y después
La mejor protección es preventiva. Mantenga su documentación en un lugar seguro y conserve acceso, aunque sea acompañado, a sus propios estados de cuenta. Antes de firmar cualquier traspaso, poder o codeuda, busque asesoría legal independiente, es decir, de un abogado que no sea el mismo de quien le pide firmar. Deje sus decisiones patrimoniales por escrito y con testigos de confianza. Y hable: el aislamiento es el mejor aliado del despojo, así que conserve vínculos con varias personas, no con una sola.
Si ya está ocurriendo, no se paralice por la vergüenza ni por el miedo a «hacer un escándalo familiar». Puede acudir a la Línea Dorada de CONAPAM (1165), disponible las 24 horas, que orienta y activa la ruta de atención; al servicio socio-legal de AGECO (2542-4527); y, cuando hay violencia, a los juzgados de familia o de violencia doméstica para pedir medidas de protección. Denunciar no es traicionar a la familia: es recuperar el derecho a decidir sobre su propia vida.
Su patrimonio es el fruto de toda una vida de trabajo y, con él, su independencia y su dignidad. Aceptar ayuda no debería costarle nunca el derecho a ser el dueño de lo suyo.
Termino aquí.
¿Cuándo fue la última vez que usted, con calma y sin que nadie mirara sobre su hombro, revisó sus propias cuentas?
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