CONTEXTO · ABANDONO HOSPITALARIO . Por Eduardo Méndez, Director de www.costaricamayor.com
En 2026 el abandono hospitalario alcanzó sus registros más altos. La ley endureció las penas, pero los cupos de cuido para que esas personas puedan salir siguen sin aparecer.
A mediados de noviembre de 2026, 107 personas adultas mayores permanecían en condición de abandono en los 22 centros hospitalarios del país, según datos del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) consultados por Costa Rica Mayor. No ocupan esas camas porque lo exija su salud. Muchas ya recibieron el alta médica. Siguen ahí porque no hay quién las reciba ni un lugar disponible al cual trasladarlas.
La cifra es la fotografía de un solo momento, pero coincide con lo que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el CONAPAM y las universidades públicas han documentado a lo largo de este año: para un número creciente de personas mayores, el hospital se convirtió en una residencia que nadie eligió. Ocurre, además, en un país que envejece rápido. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la población adulta mayor pasó de 263.000 a 638.000 personas en dos décadas.
Las cifras de 2026
En julio de 2026, la CCSS dio a conocer los balances del año anterior en sus dos hospitales más grandes. El San Juan de Dios contabilizó 102 personas abandonadas en 2025, cuando entre 2020 y 2024 registraba entre 36 y 50 por año. El Calderón Guardia reportó 59 pacientes en abandono; el 72 % eran personas mayores, cinco murieron en esa condición y la estancia promedio llegó a 120 días.
En junio, con datos del CONAPAM, la Universidad Nacional informó que el abandono de personas mayores creció más de 600 % en diez años: de 150 personas atendidas en 2014 a cerca de 1.050 una década después. En octubre, la Universidad de Costa Rica recordó que los egresos hospitalarios por abandono de personas de 65 años o más pasaron de 9 en 2014 a 89 en 2022, con una estancia promedio de 41 días. Esa sigue siendo la última serie nacional publicada: no hay todavía una cifra oficial de toda la red hospitalaria para 2025 ni para 2026, y el corte del CONAPAM a noviembre es el dato más reciente disponible.
Quiénes quedan en la cama
Siete de cada diez personas egresadas por abandono son hombres, según la serie de la UCR. Muchas llegan tras una fractura de cadera, un accidente cerebrovascular o un cuadro de demencia, y salen con una dependencia funcional que exige cuidado diario. Cada semana adicional en un salón de Medicina o Cirugía aumenta el riesgo de infecciones, de pérdida de movilidad y de deterioro cognitivo, y transcurre sin privacidad ni control sobre la propia rutina.
El sistema también paga. El Área de Trabajo Social estima en ₡637.000 el costo diario de una cama en esos servicios, en un año en que una auditoría interna de la CCSS documentó la sobreocupación de las emergencias de los tres grandes hospitales nacionales.
Por qué ocurre
El abandono hospitalario rara vez es una decisión repentina; suele ser el final de un proceso en el que las redes de apoyo se desgastaron mucho antes del ingreso. Los equipos de Trabajo Social de la CCSS encuentran historias de violencia o distanciamiento familiar, pobreza extrema, situación de calle y consumo problemático, hogares donde la única persona que podría cuidar también es mayor o vive con una discapacidad, y personas migrantes sin ningún vínculo en el país. Pesa también la falta de ingresos propios: más de 215.000 personas mayores no reciben pensión, según la UCR, y dependen de familias que muchas veces tampoco pueden sostenerlas. El cuido sigue recayendo sobre todo en mujeres, sin servicios públicos de apoyo ni descanso, hasta que se agotan. Y existe un componente cultural que Fernando Morales, decano de Medicina de la UCR, ha descrito como un serio problema: el rechazo hacia la persona mayor cuando deja de tener dinero. Cuando una fractura o un derrame la vuelve dependiente, una familia que ya estaba al límite no encuentra a quién recurrir, y el hospital termina siendo el único lugar donde dejarla.
Cuatro instituciones y ninguna puerta de salida
Cuando la familia no se presenta o se niega a recibir a la persona, el hospital activa un protocolo que involucra a cuatro instituciones. Trabajo Social valora el caso y busca parientes; si se confirma la negativa, el hospital presenta una denuncia ante el Ministerio Público. Luego envía un informe al CONAPAM para solicitar una reubicación. Si la respuesta no llega en un plazo razonable, interpone un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, y solo con esa resolución se coordina el traslado.
El paso decisivo es el cupo, y ahí el sistema está lleno. En su informe de gestión de junio de 2026, el CONAPAM reconoce que los hogares de larga estancia operan a su máxima capacidad, califica de urgente y alarmante la lista de personas pendientes de reubicar y advierte que las declaratorias de abandono en hospitales y juzgados la siguen engrosando. El país no cuenta con hogares ni centros diurnos públicos: la atención de largo plazo depende de organizaciones de bienestar social con financiamiento parcial del Estado. Para quienes no encajan en esos programas, como las personas migrantes, en situación de calle o con discapacidad severa, la ruta simplemente se detiene.
En ese mismo informe aparece una tensión de fondo. El CONAPAM sostiene que existe impunidad para las familias que incumplen su deber de cuido y cuestiona informes sociales que, a su juicio, las eximen de responsabilidad. Los hospitales describen familias inexistentes o tan precarias que devolverles a la persona sería inseguro. De cuál de esos diagnósticos prevalezca depende quién asume el costo.
El tema llegó también a la Defensoría de los Habitantes. Recientemente, el CONAPAM se reunió con la Defensora de los Habitantes para coordinar acciones frente al abandono de personas mayores. No es la primera intervención de la Defensoría en 2026: en abril advirtió fallas de coordinación entre el CONAPAM y el Ministerio de Salud en el seguimiento de los hogares de larga estancia, y este año evitó que una mujer con discapacidad fuera egresada sin red de cuido del Hospital Tomás Casas tras 220 días de internamiento. Que esa coordinación se traduzca en una ruta de egreso con plazos y cupos es la prueba pendiente.
La respuesta fue la cárcel
La Asamblea Legislativa optó por la vía penal. La Ley 10776, aprobada por unanimidad en octubre de 2025, reformó el artículo 142 bis del Código Penal. Quien tenga la obligación de cuidar y abandone a una persona mayor en estado de vulnerabilidad enfrenta de uno a tres años de prisión; la pena sube a entre seis y doce años si el abandono causa la muerte. Antes, la sanción básica era de días multa o de uno a seis meses de prisión.
Un año después, nadie puede decir si la reforma funciona. Según las investigaciones de Costa Rica Mayor, el país carece de registros precisos sobre cuántas familias han sido sancionadas, lo que configura un doble abandono: el de la familia y el del Estado. La ley, además, no atiende a quienes no tienen familia y no crea un solo cupo de cuido.
Lo que otros países están probando
Costa Rica no está sola. En junio de 2026, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de Colombia publicaron una radiografía nacional del abandono y la institucionalización prolongada de personas mayores. Bogotá abrió este año un servicio sociosanitario transitorio con 100 cupos, que atendió a 81 personas en sus primeros dos meses. En Chile, la Corte Suprema respaldó en setiembre un proyecto de ley sobre abandono sociosanitario, aunque advirtió falta de recursos.
La idea detrás de esos modelos es sencilla: una cama de transición fuera del hospital, con atención básica de salud y acompañamiento psicosocial, mientras se define con la persona dónde y con quién quiere vivir. En Costa Rica esa discusión no ha empezado, y en marzo de 2026 se supo que el nuevo Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología se proyecta ahora hasta 2038.
Una persona, no un expediente
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por Costa Rica, reconoce el derecho a decidir dónde vivir y a recibir cuidados de largo plazo. Ninguna de las descripciones públicas del protocolo hospitalario menciona cómo se recoge la voluntad de la persona sobre su destino, ni cómo se le apoya para decidir cuando tiene deterioro cognitivo.
Las 107 personas que hoy esperan en una cama no son un problema de ocupación hospitalaria. Son titulares de derechos a quienes el Estado todavía no ofrece una alternativa.
Termino aquí.
¿Cuántas personas más tendrán que pasar meses en una cama de hospital antes de que el país asuma que el cuido de largo plazo es una responsabilidad pública y no un asunto privado de cada familia?
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Cuéntenos. ¿Ha vivido o acompañado una situación de abandono hospitalario? Escríbanos a hola@costaricamayor.com o por WhatsApp al +506 8324-0116. Si conoce a una persona mayor en riesgo, puede llamar a la Línea Dorada del CONAPAM, 1165, disponible las 24 horas.
Nota de fuentes. Personas en abandono en hospitales a noviembre de 2026: CONAPAM, consulta de Costa Rica Mayor. Balances 2025 de los hospitales San Juan de Dios y Calderón Guardia: información de la CCSS publicada por Teletica (julio de 2026). Crecimiento del abandono en diez años: CONAPAM, citado por UNA Comunica (junio de 2026). Serie 2014–2022, población adulta mayor y personas sin pensión: UCR Noticias (octubre de 2026), con datos del INEC y del Observatorio del Envejecimiento. Situación de reubicaciones: Informe de gestión junio 2024–junio 2026 del CONAPAM. Ley 10776: Asamblea Legislativa, artículo 142 bis del Código Penal. Hospital geriátrico, control de hogares y caso del Hospital Tomás Casas: Defensoría de los Habitantes (2026). Comparación regional: Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación de Colombia (junio de 2026), Alcaldía de Bogotá (febrero de 2026) y Diario Constitucional de Chile (setiembre de 2026). Lic. Carlos Eduardo Méndez Vásquez, Máster en Gerencia Social — Abogado.Código profesional 036791





