CONTEXTO. Por: Eduardo Méndez, Director de www.costaricamayor.com
Un hombre de 80 años murió en Los Chiles y circula un video de una presunta agresión. Antes de su muerte, sus familiares ya habían pedido ayuda. Explicamos, sin tecnicismos, qué dice la ley y qué debe aprender el país.
Lo que se sabe
El domingo 8 de noviembre, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) levantó en Los Chiles, Alajuela, el cuerpo de un hombre de 80 años, de apellido Quirós. Lo trasladaron a la Morgue Judicial para hacerle la autopsia, el examen que permite saber de qué murió una persona. El caso se conoció por un video que circuló en redes sociales, donde se ve una presunta agresión contra él.
Un día después, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), la institución del Estado encargada de esta población, contó a la prensa algo grave: entre 2023 y 2025, familiares y personas cercanas llamaron a su Línea Dorada, el 1165, para avisar de posibles maltratos y de abusos con su dinero o sus bienes. La respuesta fue darles orientación.
Hasta el 10 de noviembre no se sabía de qué murió ni había personas detenidas. Por eso, este artículo no acusa a nadie: toda persona es inocente mientras un tribunal no demuestre lo contrario. Lo que sí podemos hacer es explicar qué dice la ley y qué lecciones deja el caso.
Primero, la autopsia: ¿qué delito podría ser?
Si se demuestra que una agresión le causó la muerte, la ley lo trata como homicidio, con penas de 12 a 18 años de cárcel, que pueden subir a entre 20 y 35 años cuando hay agravantes. Si la muerte se produjo por un descuido, sin intención de matar, se habla de homicidio culposo, con seis meses a ocho años.
Si la autopsia indica que la muerte no tuvo que ver con la agresión, los golpes siguen siendo delito. Pueden ser lesiones, castigadas en los casos más graves hasta con diez años, o una agresión contra una persona adulta mayor, que la ley especial castiga con apenas uno a tres meses cuando no deja incapacidad.
Las llamadas también hablaban de un posible abuso patrimonial, es decir, que alguien se aprovechara de su dinero, su pensión o sus propiedades. Eso se puede investigar aparte. La ley castiga con uno a dos años de cárcel a quien se aproveche de una persona mayor para que traspase sus bienes en su contra, y un juez puede anular ese traspaso.
Primera lección: orientar no es proteger
Ya no se trata de saber si hubo alertas, sino de qué se hizo con ellas. Durante al menos dos años, personas cercanas a don Quirós llamaron y recibieron orientación. Falta saber si alguien valoró el riesgo en su casa y si algún aviso llegó a la Fiscalía.
La ley daba herramientas más fuertes. Los funcionarios públicos que se enteran de un posible delito por su trabajo deben denunciarlo, y la Fiscalía puede actuar sin que la víctima lo pida. Además, existen las medidas de protección: órdenes urgentes de un juzgado de violencia doméstica, como sacar de la casa a la persona agresora o prohibirle acercarse. Las puede pedir cualquier persona que sepa del maltrato, incluidos vecinos e instituciones públicas. Esa puerta estaba abierta.
En julio de 2026, la Defensoría de los Habitantes ya había advertido que el CONAPAM no tiene protocolos específicos para atender todas las formas de violencia, incluido el abuso con los bienes. La lección es clara: cada aviso de maltrato debería generar una valoración del riesgo, una persona responsable y un seguimiento, no solo una llamada. Si se comprobara que alguien falló en su deber, podría haber sanciones y hasta una obligación del Estado de reparar el daño, algo que hoy no está demostrado.
Segunda lección: un video viral no es un sistema de protección
La grabación hizo visible lo que las llamadas no lograron. Cuando un video tiene que volverse viral para que las autoridades reaccionen, el sistema ya llegó tarde.
Si usted tiene una grabación que puede ayudar a aclarar lo ocurrido, entréguela al OIJ o a la Fiscalía. Lo que no ayuda es compartirla en redes: la ley protege la imagen y la dignidad de las personas adultas mayores, y usar la imagen de alguien sin su permiso puede traer consecuencias legales. Reenviar la presunta humillación de un hombre no lo protege: la multiplica.
Tercera lección: quien cuida tiene un deber y también necesita apoyo
La ley entiende que quien cuida a una persona que depende de otra tiene la obligación de protegerla. Si ve que algo grave va a pasar, puede evitarlo y no lo hace, también puede responder ante la justicia. Desde noviembre de 2025, además, la Ley 10776 castiga con seis a doce años de cárcel el abandono que cause la muerte de una persona adulta mayor. Abandonar también es dejar sin la atención necesaria a quien no puede valerse por sí mismo.
Ese deber convive con una realidad dura. Según la Encuesta Nacional sobre Discapacidad 2023 del INEC, entre las personas adultas con discapacidad que recibían ayuda, quien más apoyaba era una mujer en el 65,9 % de los casos, y solo en el 7,7 % se pagaba por esa ayuda. Con el tiempo llega el agotamiento: cansancio que no se quita, insomnio, irritabilidad, aislamiento y culpa.
El agotamiento puede aumentar el riesgo, pero nunca justifica el maltrato. Por eso cuidar a quienes cuidan también es prevenir. Costa Rica creó en 2022 el Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos, pero el Informe Estado de la Nación 2025 calculó que el país invierte cerca del 0,1 % de su producción en estos servicios, cuando la ley requeriría al menos el 0,3 %.
Cuarta lección: la ley castiga de forma desigual
Hoy, agredir a una persona adulta mayor sin dejarle incapacidad se castiga con uno a tres meses de cárcel, una pena fijada en 1999. En cambio, el abandono que causa la muerte ya se castiga hasta con doce años. Esa diferencia merece revisión en la Asamblea Legislativa, aunque ninguna pena reemplaza la detección a tiempo.
Quinta lección: la protección tiene que llegar a la comunidad
Los Chiles está entre los cantones con menor desarrollo humano del país, según el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 2026 del PNUD. Allí, quien vive lejos del centro puede depender del bus o de un aventón para llegar a una oficina. Por eso el EBAIS, la Fuerza Pública y las organizaciones comunales suelen ser el primer lugar donde alguien pide ayuda, y desde ahí debe quedar claro quién valora el riesgo y quién da seguimiento.
Sexta lección: contar mejor y rendir cuentas
El Ministerio de Salud registró 3.161 avisos de violencia dentro de la familia contra personas de 60 años o más en 2025, frente a 2.960 en 2024, según cifras divulgadas por el Colegio de Trabajadores Sociales. Y esos números solo muestran los casos que llegaron al sistema, no todos los que ocurren.
Costa Rica se comprometió, mediante la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a prevenir, investigar y castigar la violencia contra esta población. Cumplirlo exige informar cuánto tardan las instituciones en actuar tras un aviso. En Los Chiles, esa cuenta empieza por las llamadas de 2023 a 2025.
Qué derechos tiene la familia y dónde pedir ayuda
Cuando un delito causa la muerte, la ley considera víctimas a los familiares cercanos. Tienen derecho a que les informen cómo avanza la investigación, a participar con su propio abogado, a reclamar una indemnización y a recibir acompañamiento de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.
Si hay peligro inmediato, llame al 9-1-1. Para orientación, la Línea Dorada del CONAPAM, 1165, atiende las 24 horas. Para pedir medidas de protección, acuda al juzgado de violencia doméstica. Para denunciar, vaya a la Fiscalía o al OIJ. Si ya avisó y nada cambió, insista y pida que su aviso quede registrado. Y si usted cuida y siente que ya no puede más, la línea 1322 de la CCSS ofrece apoyo psicológico las 24 horas.
Las leyes para proteger a don Quirós existían. Lo que parece haber fallado es el paso entre el aviso y la acción. Él tenía derechos, y esos derechos valían antes de su muerte.
Termino aquí.
¿Cuántas llamadas más tendrán que quedarse en orientación antes de que un aviso active, de verdad, la protección de una persona mayor?
Comparta. Comparta este artículo, no el video. Si conoce o sospecha que una persona adulta mayor sufre violencia, llame al 9-1-1 si hay peligro inmediato o a la Línea Dorada del CONAPAM, 1165.
Cuéntenos. ¿Ha pedido ayuda para una persona mayor y no obtuvo respuesta? Escríbanos a hola@costaricamayor.com o al WhatsApp +506 8324-0116.
Nota de fuentes: Organismo de Investigación Judicial (9/11/2026); CONAPAM, declaraciones a la prensa sobre los registros de la Línea Dorada 1165 (9/11/2026); Defensoría de los Habitantes, vía La Nación (11/7/2026); Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, con datos del Ministerio de Salud (Delfino.cr, 30/10/2026); INEC, Encuesta Nacional sobre Discapacidad 2023, cuadro 4.14; Informe Estado de la Nación 2025; PNUD, Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 2026, vía Semanario Universidad; Código Penal, Ley 4573, artículos 18, 111, 112, 117, 123 a 125 y 142 bis (reformado por la Ley 10776); Código Procesal Penal, Ley 7594, artículo 281; Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, Ley 7935, artículos 6, 57, 58, 61 y 62; Ley contra la Violencia Doméstica, Ley 7586; Ley 10192 (Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos); Ley General de la Administración Pública, artículo 190; Código Civil, artículo 47; Ley 9394, artículo 9. Información vigente al 10 de noviembre de 2026. Este artículo es informativo y no sustituye la asesoría legal sobre un caso concreto.
