Por: Redación www.costaricamayor.com
En Costa Rica, cada vez más personas adultas mayores enfrentan una realidad silenciosa pero profundamente preocupante: después de años de trabajo, su pensión ya no les alcanza ni para cubrir lo más básico. El motivo no siempre es el bajo monto de la jubilación, sino los rebajos por créditos que terminan dejando a muchas personas con ingresos insuficientes para comprar alimentos, pagar servicios o adquirir medicamentos. Así lo alertó recientemente la Defensoría de los Habitantes, que urgió la aprobación del proyecto de ley 24.940 para proteger un monto mínimo intocable en las pensiones.
La preocupación no es menor. Según reportó la Defensoría, se atendido a más de un centenar de personas pensionadas afectadas por cobros directos de créditos que reducen sus ingresos mensuales a niveles mínimos. La institución advirtió que esta situación compromete seriamente la calidad de vida de la población adulta mayor, porque limita su capacidad de cubrir necesidades esenciales para la subsistencia.
Lo que está en discusión no es un privilegio. Es un tema de dignidad, derechos humanos y protección social. La propuesta impulsada busca funcionar de manera similar al salario inembargable que protege a las personas trabajadoras activas. Es decir, establecer un límite que no pueda ser tocado por deducciones crediticias, de forma que siempre exista un monto básico disponible para vivir.
El tema cobra aún más relevancia luego de una resolución reciente de la Sala Segunda, citada en la información periodística, en la que se reconoce la existencia de un “núcleo vital de la pensión”. Ese criterio parte de una idea sencilla pero poderosa: aunque una persona tenga deudas, no se le puede despojar del mínimo indispensable para sobrevivir.
Esta discusión ocurre en un momento especialmente sensible para el país. Costa Rica envejece aceleradamente. Habrá menos personas jóvenes trabajando y más personas jubiladas, lo que obliga a repensar no solo la sostenibilidad del sistema de pensiones, sino también la manera en que el Estado protege a quienes dependen de esos ingresos para vivir.
Desde una perspectiva de envejecimiento digno, este no es un asunto solamente financiero. Cuando una pensión queda reducida por debajo de lo necesario, se afecta la alimentación, la adherencia a tratamientos médicos, la posibilidad de transporte, la autonomía personal y hasta la salud mental. Para muchas personas adultas mayores, una rebaja excesiva no significa “ajustarse un poco”, sino escoger entre comprar medicamentos o comer.
También es necesario mirar con mayor profundidad cómo se colocan ciertos créditos a población pensionada, bajo qué condiciones, con qué controles y con qué nivel de información real sobre las consecuencias de pago. En una sociedad que avanza hacia la longevidad, no basta con ofrecer productos financieros: hay que garantizar que no se conviertan en una trampa que erosione la protección económica en la vejez.
El proyecto de ley 24.940, que fue presentado en abril de 2025 y permanece en análisis en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, podría marcar una diferencia importante si logra establecer una barrera efectiva contra deducciones que dejen a las personas mayores en desprotección.
La gran pregunta de fondo es incómoda, pero necesaria: ¿de qué sirve pensionarse, si al final no queda lo suficiente para vivir con dignidad?
En un país que habla cada vez más de envejecimiento, economía plateada y longevidad, proteger el ingreso mínimo de las personas pensionadas debería ser una prioridad nacional. Porque una pensión no es solo un depósito mensual. Es, para miles de personas, la última línea de defensa frente a la pobreza, la enfermedad y la exclusión.
