Por: Redacción Costa Rica Mayor
Más allá del abandono visible, una sombra de violencia estructural se cierne sobre las personas adultas mayores en Costa Rica, silente y normalizada. En el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, es crucial entender que la realidad va mucho más allá de cifras aisladas: es un sistema que falla, persistentemente, en garantizarles dignidad y derechos, atravesando distintos niveles de nuestra sociedad.
Los datos recientes pintan un panorama alarmante. Durante los primeros diez meses de 2024, el Ministerio Público reportó 6.182 denuncias por delitos cometidos contra personas adultas mayores; una cuarta parte de esos casos correspondió a estafas. Por su parte, el Ministerio de Salud contabilizó 1.107 denuncias por violencia intrafamiliar en ese mismo período, afectando en su mayoría a personas mayores de 75 años. Estos datos confirman que la violencia hacia esta población no es esporádica ni anecdótica: es sostenida, múltiple y reflejo de estructuras que fallan en garantizar protección, acceso y dignidad.
Uno de los rostros más evidentes de esta violencia es el abandono hospitalario. Entre enero y abril de 2025, en el Hospital San Juan de Dios se reportarón 40 casos de personas mayores dejadas sin red de apoyo ni seguimiento. Si se toma en cuenta el comportamiento desde 2016, el incremento de este tipo de abandono supera el 800 %. No es un hecho aislado, sino un síntoma de un sistema que no responde de manera adecuada al acelerado envejecimiento de nuestra población.
Las llamadas por violencia recibidas por organizaciones especializadas como AGECO también siguen una tendencia preocupante. En 2023, casi el 50 % de las llamadas recibidas se relacionaron con algún tipo de maltrato. Para 2024, esta situación se mantuvo con decenas de denuncias específicas por agresión en los primeros cinco meses del año.
Costa Rica experimenta un proceso de envejecimiento sin precedentes. Según la Encuesta Nacional de Hogares del primer trimestre de 2025, el 13,63 % de la población ya supera los 60 años. Esta transformación demográfica impone retos urgentes en materia de atención, políticas públicas y marcos normativos. Sin embargo, las respuestas han sido fragmentadas, insuficientes y, muchas veces, marcadas por una visión asistencialista que perpetúa la exclusión.
Entre los principales obstáculos destaca el edadismo, es decir, la discriminación por motivo de edad. Este prejuicio, aún arraigado en el discurso cotidiano y en las prácticas institucionales, impide avanzar hacia modelos de atención centrados en la autonomía, los derechos y la participación activa de las personas adultas mayores.
A pesar de contar con leyes que tipifican el abandono y otras formas de violencia, como la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor y las reformas penales correspondientes, la aplicación efectiva de estas normativas sigue siendo limitada. Las herramientas existen, pero su impacto es escaso sin una voluntad política clara, recursos suficientes y un compromiso real de transformación. El Sistema Nacional de Cuidados (SINCA), creado para fortalecer la red de apoyos y protección, necesita consolidarse más allá de la intención. La articulación institucional, la formación de profesionales, la ampliación de servicios y la participación activa de la sociedad civil son claves para su efectividad.
La violencia estructural no se expresa solo en golpes o gritos. Se manifiesta cuando una persona adulta mayor es excluida digitalmente, cuando no recibe atención médica oportuna, cuando no puede acceder a una pensión digna, cuando es ignorada en la toma de decisiones que la afectan, o cuando se le considera una carga antes que un sujeto de derechos. Imagine a Don Roberto, de 78 años, a quien su banco le exige trámites bancarios por una aplicación móvil que no comprende, dejándolo sin acceso a su pensión. O a Doña Ana, de 85, a quien se le niega una cita médica crucial porque «no hay campo» en los próximos meses, deteriorando su salud. Estos no son incidentes aislados; son el reflejo de un sistema que, por diseño o por omisión, los margina.
La verdadera noticia no es que una persona mayor sea abandonada en un hospital. La verdadera noticia es que el abandono es posible porque hay una estructura social que lo permite, lo tolera y, en muchos casos, lo invisibiliza. Cambiar esta realidad exige un nuevo enfoque: uno que no reduzca la vejez al silencio o a la caridad, sino que la reconozca como una etapa de la vida que merece respeto, presencia activa y pleno ejercicio de derechos.
