Por: Redacción www.costaricamayorcom . Colabora: Eduardo Méndez, Abogado , Director de Costa Rica Mayor.
Hay una fecha que debería preocupar a todo el país: 2038.
Ese es el año hasta el cual se extendería el proceso relacionado con el nuevo Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, según el cronograma presentado por la Caja Costarricense de Seguro Social.
Dicho en palabras simples: una persona que hoy tiene 70 años tendría 82 cuando el proyecto esté completamente cerrado. Una persona que hoy tiene 75 llegaría con 87. Y muchas personas mayores que actualmente necesitan atención geriátrica especializada, sencillamente, podrían no estar para verlo.
Esa es la dimensión humana del atraso. No se trata solo de cemento, planos, licitaciones o trámites administrativos. Se trata de salud, dignidad, tiempo y derechos.
Costa Rica envejece rápidamente. Cada año aumenta la cantidad de personas mayores que requieren servicios de salud más especializados, accesibles y oportunos. Sin embargo, el país sigue operando con una infraestructura geriátrica que ya no responde plenamente a las necesidades actuales, mucho menos a las que vendrán en los próximos años.
Por eso, la pregunta es inevitable: ¿cómo puede un país que envejece postergar hasta 2038 una de sus obras más importantes para atender la vejez?
Un hospital que ya debió ser prioridad nacional
El nuevo Hospital Geriátrico no es un lujo. No es una obra secundaria. No es un proyecto que pueda esperar indefinidamente.
Es una necesidad sanitaria, demográfica y ética.
El actual Hospital Blanco Cervantes tiene más de 65 años de operar en una infraestructura con limitaciones conocidas. Diversas organizaciones han señalado preocupaciones relacionadas con condiciones de evacuación, rutas de escape, salidas de emergencia y otros aspectos críticos para un centro que atiende a personas mayores, muchas de ellas con movilidad reducida, enfermedades crónicas, dependencia funcional o condiciones de alta vulnerabilidad.
No estamos hablando de cualquier población. Estamos hablando de personas que requieren entornos seguros, accesibles, adaptados y pensados desde la geriatría y la gerontología.
El nuevo proyecto contempla una inversión preliminar cercana a los 200 mil millones de colones, con 53.000 metros cuadrados de construcción, 297 camas, 10 salas de operaciones, 45 camas de observación y 9 consultorios en su primera etapa.
Sobre el papel, representa una oportunidad histórica para modernizar la atención de las personas mayores en Costa Rica. Pero el nuevo cronograma genera una preocupación profunda: la construcción y el equipamiento concluirían hasta setiembre de 2035, la puesta en operación se haría de forma gradual y el cierre administrativo llegaría hasta enero de 2038.
La fecha anterior apuntaba a 2032. Ahora, el horizonte se aleja varios años más.
Y en la vejez, los años pesan distinto.
La Defensoría encendió las alarmas
La Defensoría de los Habitantes calificó el aplazamiento como “grave e inaceptable”.
La frase no debería pasar inadvertida. Tiene un peso institucional y humano. Cuando se trata de población en condición de vulnerabilidad, los proyectos de infraestructura sanitaria deben avanzar con responsabilidad, urgencia y transparencia.
Cada año de atraso tiene consecuencias. Significa más personas mayores atendidas en hospitales no especializados. Significa familias cuidadoras más agotadas. Significa listas de espera, hospitalizaciones prolongadas, mayor presión sobre la CCSS y un sistema que llega tarde a una realidad que ya estaba anunciada.
El problema de fondo no es solo técnico. Es político. Es ético. Es de prioridades nacionales.
Costa Rica puede tener estudios, juntas, gerencias, expedientes, informes y comisiones. Pero mientras tanto, las personas mayores siguen esperando.
Y esperar a los 75, 80 o 85 años no es lo mismo que esperar en otras etapas de la vida.
¿Estamos frente a una forma de edadismo institucional?
El debate también debe analizarse desde los derechos humanos.
Organizaciones como AGECO, la Fundación Justicia y Género, el movimiento ciudadano La Caja es Nuestra y otras agrupaciones han rechazado el aplazamiento y han advertido que esta decisión puede afectar directamente los derechos de las personas mayores.
Desde una mirada gerontológica, postergar por tantos años una obra esencial para la atención especializada de la vejez puede leerse como una forma de edadismo institucional.
El edadismo no siempre aparece como burla, insulto o maltrato visible. A veces aparece como una fila interminable. Como una cita que nunca llega. Como una infraestructura que se posterga. Como una obra pública que se desplaza hacia el futuro, aunque la necesidad esté ocurriendo hoy.
Costa Rica ratificó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que reconoce el derecho a la salud física y mental sin discriminación por edad. Además, la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, Ley N.° 7935, ya establecía desde 1999 la necesidad de avanzar en hospitales geriátricos.
Entonces, la pregunta no es si las personas mayores tienen derecho a atención especializada. Ese derecho ya existe.
La pregunta es por qué sigue esperando.
La demografía no espera a la burocracia
Costa Rica está envejeciendo con rapidez. Las personas de 65 años y más representan actualmente cerca del 11% de la población. Para 2040, el país tendrá una proporción mucho mayor de personas mayores, y para 2050 se proyecta que una de cada cuatro personas será adulta mayor.
Eso significa que la demanda de servicios geriátricos no va a bajar. Va a crecer.
Aplazar el hospital hasta 2038 obligaría al sistema a seguir atendiendo a muchas personas mayores en centros no especializados, con el riesgo de aumentar costos, prolongar estancias hospitalarias y profundizar la saturación de los servicios.
No construir a tiempo también cuesta.
Cuesta en dinero. Cuesta en camas ocupadas. Cuesta en desgaste del personal de salud. Cuesta en sufrimiento familiar. Cuesta en pérdida de autonomía. Cuesta en derechos postergados.
Postergar no siempre es ahorrar. A veces, postergar es trasladar el costo al futuro, pero con intereses humanos más altos.
Lo que se exige es claridad y prioridad
Las organizaciones que han cuestionado el aplazamiento no están pidiendo un milagro. Están pidiendo algo básico: explicaciones claras, justificación técnica, transparencia y participación.
Se requiere conocer con precisión por qué el proyecto se traslada hacia 2038. También se necesita información pública sobre el estado real de las expropiaciones de los terrenos pendientes, los obstáculos administrativos y las decisiones que han llevado a este nuevo cronograma.
La CCSS ha señalado que no puede licitar sin tener posesión de todos los terrenos. Sin embargo, desde la Junta de Salud se ha indicado que 14 de los 16 propietarios ya habrían aceptado la expropiación.
Si ese avance existe, el país merece saber por qué no se traduce en una ruta de aceleración responsable.
Costa Rica necesita respuestas comprensibles. No tecnicismos que diluyen la urgencia. No silencios institucionales. No explicaciones que lleguen tarde.
La pregunta que duele
Una persona que hoy tiene 70 años tendrá 82 en 2038.
Quien hoy tiene 75 tendrá 87.
Quien hoy tiene 80 tendría 92.
Esa aritmética no cabe en un cronograma administrativo.
Porque la vejez no son porcentajes.
La salud no es un trámite.
La dignidad no puede esperar doce años más.
El nuevo Hospital Geriátrico debe convertirse en prioridad nacional. No porque las personas mayores den lástima, sino porque tienen derechos. Porque la población envejece. Porque el sistema de salud necesita prepararse. Porque el país no puede seguir atendiendo el futuro con infraestructura del pasado.
Costa Rica debe decidir si la vejez ocupa un lugar real en sus prioridades o si seguirá apareciendo solo en discursos, celebraciones y comunicados.
El 2038 está demasiado lejos para quienes necesitan atención hoy.
Costa Rica no puede esperar. Las personas mayores, mucho menos.
