Por: Eduardo Méndez,Abogado. Director www.costaricamayor.com
Desde el 8 de mayo, Costa Rica tendrá una nueva presidenta. Laura Fernández asume 31 de 57 diputaciones y el control del directorio legislativo durante el primer año. Con poder real para gobernar.
La pregunta desde el campo del envejecimiento y la vejez es directa: ¿aparecen las personas mayores en su hoja de ruta?
Costa Rica supera hoy las 800.000 personas mayores de 60 años. Según la Encuesta Nacional de Hogares 2025 del INEC, las personas de 65 y más representan el 11,7% de la población, y para 2050 una de cada cuatro tendrá 65 años o más. La transición demográfica no es una hipótesis: es un hecho consumado.
Y sin embargo, el envejecimiento sigue siendo tema secundario en la agenda nacional. Se menciona en campaña. Rara vez se traduce en presupuesto, estructura institucional o voluntad política sostenida.
Estas son las siete deudas que el gobierno entrante recibirá el 8 de mayo.
Pensiones que protejan, no que castiguen
El sistema descansa sobre dos pilares. Ambos están bajo presión.
A finales de abril, la Gerencia de Pensiones de la CCSS elevó a su Junta Directiva la propuesta de reforma al IVM. Si no se actúa, la reserva del fondo se agotará en 2047. La institución ya descartó subir la edad de retiro a 70 años y descartó aumentos adicionales en la cotización tripartita. Por descarte, el ajuste se concentrará en los beneficios.
Decirlo con claridad: «ajustar beneficios» significa, en la práctica, recortar pensiones a quienes están por jubilarse. El IVM es, antes que un fondo, un contrato social. Cualquier reforma que reduzca derechos adquiridos representa una traición a ese contrato.
Pero existe un problema más urgente y menos discutido: el Régimen No Contributivo está colapsado. Al cierre de 2025, la CCSS reportó 30.000 solicitudes represadas, el 85% de personas en pobreza básica o extrema. Para 2026, la Dirección Actuarial advierte un faltante presupuestario de ₡50.954 millones. Y el monto mensual del beneficio se mantiene en ₡82.000, muy por debajo de la línea de pobreza del INEC.
Las personas mayores más pobres del país reciben una pensión que no cubre la canasta básica. Y otras 30.000 esperan en una fila que no avanza.
El abandono es violencia
Los datos no admiten interpretación benévola. En 2014 el Conapam atendió 150 casos de abandono de personas adultas mayores. Para octubre de 2024 la cifra alcanzó las 1.050. Un aumento de más del 600% en una década. Los registros de vigilancia epidemiológica de la CCSS muestran que los casos de violencia pasaron de 624 en 2020 a 2.390 en 2024. Aproximadamente el 65% de las personas afectadas son mujeres.
Costa Rica tiene legislación. Existe la Ley 7935. Existe el delito específico de abandono, sancionado con hasta diez años de prisión. Existe la Línea Dorada. Existe el Sistema Nacional de Cuidados activado por la Ley 10192. Lo que no existe, con suficiente fuerza, es la voluntad institucional de aplicarlas. La diferencia entre una ley y un derecho efectivo es exactamente esa.
El nuevo gobierno debe designar en el Conapam liderazgos con trayectoria en derechos humanos —no operadores políticos—, fortalecer la Línea Dorada y construir una estrategia nacional de cuidados que deje de descansar sobre las mujeres como amortiguador invisible.
El mercado laboral no puede tener fecha de vencimiento a los 45
El edadismo laboral es una realidad documentada y socialmente normalizada. La encuesta IDESPO-UNA «Percepciones sobre las personas adultas mayores en Costa Rica, 2023» encontró que el 66,1% de la población considera que las personas mayores sufren mucha discriminación, y el 66,5% percibe que están poco integradas en los espacios donde se toman decisiones. Es un consenso social sobre una realidad cotidiana.
Personas con experiencia y calificación son descartadas en procesos de selección antes de demostrar su capacidad. Según el INEC, el 73,1% de las personas adultas mayores que trabajan lo hacen en empleo informal.
Excluir del empleo formal a quienes hoy tienen entre 45 y 65 años no es solo una injusticia individual. Es un error estratégico de dimensiones macroeconómicas.
La cronicidad no se gestiona con el modelo de la urgencia
El sistema de salud costarricense fue exitoso frente a enfermedades infecciosas y atención aguda. El desafío actual es estructuralmente distinto: la cronicidad, la fragilidad progresiva y la dependencia funcional.
Más de 200.000 personas esperan cirugía en la CCSS y más de 400.000 aguardan consulta especializada. Para personas mayores con padecimientos crónicos, esos tiempos no son una incomodidad: son una condena anticipada.
La geriatría no es una especialidad menor. Es la respuesta médica a la realidad demográfica del país. Necesitamos un nuevo Hospital Geriátrico —el Raúl Blanco Cervantes opera muy por debajo de la demanda actual—, más plazas de geriatría en la CCSS y una política explícita de fortalecimiento de la atención domiciliar.
El cuidado no es asunto privado
Más del 70% del cuidado de personas mayores dependientes recae sobre familiares, principalmente mujeres. El cuidado no remunerado es, como ha señalado el Programa Estado de la Nación, un subsidio invisible del sistema. Sobrecarga doméstica. Precarización laboral femenina. Desigualdad acumulada que se transmite intergeneracionalmente.
El Sistema Nacional de Cuidados existe como marco normativo. Lo que no existe, con suficiente consistencia, es su implementación. Los centros diurnos son insuficientes. La red de cuido tiene cobertura limitada. El reconocimiento económico y laboral a quienes cuidan es, en la práctica, inexistente.
Un gobierno con mayoría legislativa tiene las condiciones para convertir el sistema de cuidados en política pública real, financiada y exigible.
Las personas mayores son sujetos de derechos, no objeto de políticas
Costa Rica sigue diseñando políticas públicas sobre las personas mayores, no con ellas.
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores —ratificada mediante la Ley 9394— establece su derecho a la participación política y pública. No es un texto decorativo. Es un derecho vigente.
En la práctica, las personas mayores siguen siendo destinatarias pasivas de servicios, no interlocutoras institucionales. En la Junta Rectora del Conapam, en las mesas técnicas que discuten la reforma del IVM, en los espacios donde se diseñan los protocolos de atención: en muy pocos hay representación organizada y con voz propia.
Sin participación, las otras deudas se siguen negociando sobre la cabeza de quienes deberían ser protagonistas de su propia vida.
Costa Rica perdió en silencio su Plan Nacional de Alzheimer
En 2014, Costa Rica fue el primer país de América Latina en aprobar un Plan Nacional de Alzheimer y demencias relacionadas. Ese plan venció en 2025. Un año después, sigue sin actualizarse.
El contexto agrava la omisión. Centroamérica tiene la mayor prevalencia mundial de demencias: entre 6,5% y 7% de la población adulta mayor, frente a 5,5% global. En Costa Rica, los estudios estiman entre 30.000 y 40.000 personas viviendo con algún tipo de demencia.
La paradoja es elocuente. Costa Rica fue pionera y sigue siendo referente académico iberoamericano en el estudio de las demencias. Pero ese liderazgo internacional convive con un vacío doméstico: el país que enseñó a otros cómo planificar la respuesta al Alzheimer hoy no tiene un plan propio para enfrentarlo.
Detrás de cada caso hay una persona con derechos y una familia, casi siempre una mujer, sosteniendo un cuidado que el Estado no ha sabido acompañar. La ausencia de un plan no es un detalle administrativo. Es el abandono de decenas de miles de personas y de sus cuidadoras.
Doña Laura llega a Casa Presidencial con más poder político del que han tenido la mayoría de sus predecesores en décadas recientes. Esa es una oportunidad histórica. También es una responsabilidad proporcional.
El envejecimiento de Costa Rica no es una amenaza. Es el resultado de décadas de inversión en salud pública, educación y seguridad social. Es un logro colectivo. Celebrar sin actuar es irresponsable.
Las personas mayores no piden compasión. Piden coherencia: que las leyes se apliquen, que los presupuestos reflejen las prioridades declaradas, que se les reconozca como ciudadanas y ciudadanos plenos.
El envejecimiento no espera. Y este país tampoco puede seguir haciéndolo.
Nota: El artículo fue publicado originalmente en Delfino.com
