Por: Sandra Fuentes, Consultora Fiscal.
La pensión de una persona mayor no es un regalo. Es un derecho construido durante años de trabajo, aportes, esfuerzo, cuidados, responsabilidades familiares y participación en la vida del país.
Por eso, cualquier rebajo no autorizado, confuso o impuesto mediante engaño debe tomarse con seriedad. No se trata de una “pequeña deducción” ni de un simple error administrativo. Puede tratarse de una afectación directa al patrimonio, la tranquilidad y la autonomía económica de una persona adulta mayor.
En Costa Rica se han conocido casos de personas pensionadas a quienes se les aplican rebajos mensuales por servicios que no recuerdan haber contratado, que no utilizan, que no comprenden claramente o que fueron ofrecidos mediante información incompleta. Entre ellos pueden aparecer paquetes turísticos, asistencias funerarias, seguros, membresías, servicios comerciales o contratos firmados bajo presión, confusión o falta de información suficiente.
El problema no es que una persona mayor contrate un servicio. Por supuesto que puede hacerlo. Las personas adultas mayores tienen plena capacidad para tomar decisiones sobre su dinero, sus compras y sus contratos. El problema aparece cuando una empresa, vendedor o intermediario obtiene una autorización sin consentimiento informado, mediante engaño, presión, letra pequeña, información incompleta o prácticas abusivas.
¿Por qué llegó menos dinero en la pensión?
Una de las primeras señales de alerta es notar que el depósito mensual de la pensión llegó con un monto menor al esperado. A veces la persona puede pensar que se debe al costo de vida, a un ajuste institucional, a una deuda anterior o a un cambio que no le explicaron bien.
Pero también puede existir otra razón: un rebajo aplicado por una empresa privada, una asociación, una cooperativa, una financiera u otro proveedor de servicios.
Por eso, ante cualquier diferencia en el monto recibido, lo más importante es pedir un desglose claro de la pensión. La persona pensionada tiene derecho a saber cuánto recibe, cuánto se rebaja, quién solicita el rebajo, por qué concepto se aplica y desde cuándo está vigente.
La información debe ser comprensible, completa y accesible. Nadie debería tener que adivinar por qué le depositaron menos dinero.
Servicios que pueden aparecer como rebajos no reconocidos
Algunas personas pensionadas han reportado rebajos relacionados con servicios que no utilizan o que no recuerdan haber aceptado plenamente. Entre los casos más frecuentes pueden encontrarse paquetes de viaje, asistencias funerarias, pólizas, membresías, electrodomésticos financiados, servicios de emergencia, beneficios comerciales o contratos ofrecidos por teléfono, en la calle, en ferias, en comercios o mediante visitas a domicilio.
En ocasiones, la persona firma un documento pensando que está solicitando información, recibiendo un beneficio gratuito o participando en una promoción. Luego descubre que ese documento autorizaba un rebajo mensual.
También puede ocurrir que el contrato exista, pero que la información brindada haya sido incompleta, poco clara o presentada de forma confusa. En esos casos, es válido revisar si hubo consentimiento informado real.
Aceptar un servicio debe ser una decisión libre, informada y voluntaria. Si hubo engaño, presión, ocultamiento de información o dificultad para cancelar el rebajo, podría tratarse de una práctica abusiva.
Acompañar no es quitar autonomía
La familia, las personas cuidadoras o las redes de apoyo pueden tener un papel importante, pero siempre desde el respeto.
No se trata de quitarle a la persona mayor el control de su dinero ni de decidir por ella. Tampoco se trata de asumir que por su edad no puede comprender sus finanzas. Se trata de acompañar, si la persona así lo desea, para revisar documentos, aclarar dudas, identificar rebajos extraños y solicitar información.
Una buena práctica es revisar periódicamente el depósito de la pensión, los comprobantes, estados de cuenta o constancias de pago. Esto puede hacerse en conjunto, conversando con respeto y permitiendo que la persona mayor tome sus propias decisiones.
La pregunta clave no es: “¿Quién le quitó la plata?”.
La pregunta correcta es: “¿Usted autorizó este rebajo de manera clara, libre e informada?”.
Si la respuesta es no, hay que actuar.
¿Dónde pedir información o denunciar?
El primer paso es acudir a la entidad que paga la pensión o administra el régimen correspondiente. Puede ser la Caja Costarricense de Seguro Social, JUPEMA, la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo u otra institución, según el caso.
Ahí se debe solicitar un desglose detallado de los rebajos aplicados: nombre de la empresa o entidad beneficiaria, monto mensual, fecha de inicio, concepto del rebajo y documento que respalda la autorización.
También se puede pedir copia del supuesto consentimiento, contrato, autorización o documento firmado. La persona pensionada tiene derecho a conocer la base del rebajo.
Si se sospecha que hubo engaño, presión comercial o falta de información clara, se puede acudir al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, por medio de la Dirección de Apoyo al Consumidor, para presentar una denuncia contra la empresa o proveedor.
El CONAPAM también puede orientar cuando se considere que hay una afectación a los derechos de una persona adulta mayor. Asimismo, la Defensoría de los Habitantes puede intervenir cuando una institución pública no responde, retrasa injustificadamente el trámite o no brinda información clara.
En casos graves, especialmente cuando hay posible abuso patrimonial, falsificación, coacción, estafa o aprovechamiento indebido, también puede valorarse la vía judicial correspondiente.
¿Cómo solicitar que se detenga el rebajo?
Una acción inmediata es presentar una nota formal ante la entidad que paga la pensión solicitando la suspensión del rebajo y la revocatoria de cualquier autorización otorgada previamente.
La solicitud debe indicar que la persona pensionada no desea que se continúe trasladando dinero de su pensión a determinada empresa o entidad. También puede pedir que se investigue el origen del rebajo, que se entregue copia de la autorización y que se informe el procedimiento para reclamar montos cobrados indebidamente.
Es recomendable conservar copia de todo: notas presentadas, recibido institucional, correos electrónicos, estados de cuenta, comprobantes de pensión, contratos, mensajes, llamadas registradas o cualquier documento relacionado.
Si la institución no responde o si la empresa se niega a cancelar el servicio, se debe escalar la gestión ante las instancias correspondientes.
La pensión debe llegar a quien le pertenece
La pensión cumple una función esencial: garantizar ingresos para la vida cotidiana, alimentación, vivienda, salud, medicamentos, transporte, recreación, pago de servicios y autonomía personal.
Por eso, cada colón cuenta.
Un rebajo no autorizado puede parecer pequeño para una empresa, pero puede ser enorme para una persona pensionada. Puede significar menos medicamentos, menos alimentos, menos transporte o menos tranquilidad.
Revisar la pensión no debe verse como desconfianza hacia la persona mayor. Debe entenderse como un ejercicio de protección patrimonial, transparencia y respeto a sus derechos.
La clave está en hacerlo bien: sin infantilizar, sin imponer, sin decidir por la persona y sin asumir incapacidad por razones de edad.
Las personas adultas mayores tienen derecho a administrar su dinero, contratar servicios, cancelar contratos, pedir explicaciones, denunciar abusos y recibir información clara.
Si un rebajo no fue autorizado de forma libre e informada, debe detenerse.
Porque la pensión no es de la empresa.
No es del intermediario.
No es del vendedor.
No es de quien presionó para obtener una firma.
La pensión pertenece a la persona que la recibe.
Y protegerla también es defender su dignidad.
