Por: Eduardo Méndez, Director de Costa Rica Mayor.com
San José, octubre de 2025
A sus 71 años, Guillermo Arroyo habla con serenidad, pero también con una convicción que atraviesa cada frase. Criminólogo, historiador y exviceministro de Justicia y Paz, fue director general del sistema penitenciario entre 1993 y 2006 y asesor en reformas carcelarias centroamericanas. Hoy es candidato a la segunda vicepresidencia por el Frente Amplio y continúa estudiando en el Programa de Atención Integral a la Persona Adulta Mayor (PIAM-UCR).
Dice que no pretende hablar “desde la academia, sino desde la vivencia”. Se asume como “un experto vivencial en envejecimiento”, convencido de que la dignidad no se jubila y de que Costa Rica debe pasar del asistencialismo a una garantía plena de derechos para las personas mayores.
Autonomía, el punto de partida
Para Arroyo, el ejercicio de derechos en la vejez se juega en la autonomía real. Los ingresos congelados, la dificultad para acceder a créditos, el costo de la vivienda y la atención en salud deficiente condicionan la capacidad de decidir y participar.
«La pregunta es cuán autónomos somos para completar una vida digna.»
“Yo soy pensionado y estudiante del PIAM. He visto cómo muchos compañeros dependen económicamente de familiares, no porque no quieran valerse por sí mismos, sino porque el país no ha construido condiciones para que puedan hacerlo. Si los ingresos no alcanzan y los servicios públicos no se adaptan, la autonomía se vuelve un ideal, no un derecho.”
Arroyo recuerda las largas filas en hospitales y los trámites digitales imposibles para quienes no dominan la tecnología. “He visto adultos mayores desistir de matricularse en un curso porque no logran entrar al sistema en línea. La educación continua no puede ser un lujo: debería ser un derecho garantizado.”
La autonomía, insiste, no se reduce a la independencia económica, sino que incluye la libertad de moverse, aprender, decidir y participar. “Los edificios universitarios no son accesibles; los parques carecen de bancas seguras o de sombra; las aceras están rotas. Todo eso limita nuestra autonomía física y social.”
En su mirada, las universidades y municipalidades podrían jugar un papel clave. “Las municipalidades casi no tienen programas para personas mayores, y las universidades tienden a tratar los programas de extensión como servicio social, no como derecho. Eso hay que revertirlo.”
«El adulto mayor no necesita compasión: necesita oportunidades.»
El costo de la vida y la erosión de la dignidad
Cuando habla de economía, Arroyo lo hace con cifras y ejemplos. “El costo de la vida es tan alto que incluso quienes cotizamos más de cuarenta años vemos cómo la pensión se desvanece antes de fin de mes. ¿Cómo sobreviven los que reciben 120 000 colones? No es vida digna.”
A su juicio, el país debe avanzar hacia un ingreso mínimo vital para las personas mayores en condición de vulnerabilidad. “Nadie debería tener que escoger entre pagar la luz o comer. Eso atenta contra la dignidad.”
«La pobreza no solo limita el consumo: limita la libertad.»
Para Arroyo, la dignidad es el núcleo de los derechos humanos. “Podemos hablar de todas las generaciones de derechos, de todos los protocolos, pero todo se resume en una palabra: dignidad. La pobreza la erosiona. No tener qué comer o dónde vivir afecta la autoestima y la participación social.”
De la urna a la incidencia
Arroyo subraya que la participación política de las personas mayores no puede limitarse al voto. Según el INEC, en 2025 las personas adultas mayores representan entre 13 y 14 % de la población, y para 2050 serán cerca del 25 %. “Eso nos convierte en una fuerza social y política de peso que aún no ha sido reconocida.”
«Somos una población creciente, pero todavía invisible. Lo que no se ve, no existe.»
Propone reformas concretas: representación obligatoria de personas mayores en juntas de salud, educación y gobiernos locales; presupuestos participativos que incluyan la voz de la vejez; y una Defensoría de los Habitantes con una sección especializada en derechos de personas mayores. “El CONAPAM se ha debilitado. Necesitamos una institución que coordine, supervise y haga cumplir la política de envejecimiento, no que se limite a dar ayudas.”
También llama a la organización desde la base: “Hay que crear grupos de personas mayores que defiendan sus derechos, no solo asociaciones recreativas. Si no nos organizamos, seremos invisibles para las instituciones.”
El problema, dice, no es solo institucional, sino cultural. “Costa Rica sigue siendo un país edadista. A la gente le cuesta imaginar a una persona de 70 años en política, o liderando una empresa, o enseñando en una universidad. Esa visión hay que desmontarla.”
«El envejecimiento no es cierre, es una etapa activa, creativa y productiva.»
Arroyo menciona con orgullo su participación en cursos regulares junto a jóvenes universitarios. “Compartir con ellos fue revelador: los jóvenes se sorprendían de nuestra perspectiva y nosotros aprendíamos de ellos. Esa mezcla intergeneracional debería ser norma, no excepción.”
Reconstruir el tejido social
Uno de los temas que más lo apasiona es la necesidad de reconstruir el tejido social. En su diagnóstico, la fragmentación comunitaria ha profundizado el aislamiento y la inseguridad. “Las comunidades ya no son espacios de encuentro. Se han roto los vínculos, y con ellos la sensación de pertenencia y seguridad.”
«Cuando los adultos mayores se aíslan, se vuelven más vulnerables. Necesitamos volver a tejer comunidad.»
Recuerda su infancia en la Costa Rica de los años 50 y 60: “Jugábamos hasta que se apagaban las luces y nadie tenía miedo. Los barrios eran entornos protectores. Hoy vivimos encerrados por miedo. Recuperar la paz social pasa por recuperar la vida en comunidad.”
Para Arroyo, la prevención del delito empieza en lo local: “No basta con más policía. Necesitamos inversión social, educación, cultura, empleo digno y urbanismo seguro. Si un parque está limpio y con luz, la gente vuelve; si la gente vuelve, el miedo baja.”
Los centros cívicos de paz, creados hace años, son ejemplo de política pública que debería multiplicarse. “Son espacios donde jóvenes, mujeres y personas mayores pueden encontrarse, aprender y participar. Ojalá cada cantón tuviera uno.”
Seguridad con enfoque humano
El criminólogo no duda en llamar las cosas por su nombre: “Estamos viviendo una época de violencia desbordada. Desde los delitos menores hasta el crimen organizado, todo se ha multiplicado.” Frente a ello, plantea una estrategia dual: prevención social e intervención especializada.
«No se trata de un Estado gigante, sino de un Estado fuerte que garantice derechos y seguridad.»
La prevención, explica, requiere reconstruir el tejido social, rescatar territorios y ofrecer alternativas reales. “Mientras existan barrios abandonados, sin oportunidades ni espacios de encuentro, seguirá creciendo la violencia. No podemos dejar los espacios públicos en manos del miedo.”
También reclama formación especializada para atender delitos contra personas mayores, como fraudes bancarios, estafas telefónicas o violencia patrimonial. “Necesitamos fiscales y policías capacitados para comunicarse con víctimas mayores. No se puede tratar igual un testigo de 25 años que uno de 80.”
En materia financiera, pide responsabilidad a los bancos: “Tienen que proteger a los pensionados, ofrecer alertas, educación financiera y procesos seguros. Hoy muchos adultos mayores pierden sus ahorros por engaños que podrían evitarse con políticas de prevención.”
Su propuesta va más allá del castigo. “La justicia debe ser restaurativa, no solo punitiva. Las víctimas necesitan reparación integral: apoyo psicológico, orientación jurídica y restitución de derechos. De nada sirve encarcelar a alguien si la víctima sigue viviendo con miedo o pobreza.”
El Estado y la corresponsabilidad social
Para Arroyo, la raíz de muchos problemas actuales está en la reducción del Estado social iniciada en los años 80 con los planes de ajuste estructural. “Desde entonces empezó un deterioro sostenido: menos inversión en educación, salud y bienestar. Hoy estamos pagando ese costo con desigualdad, violencia y desconfianza.”
«No podemos seguir debilitando el Estado: es quien garantiza los derechos de las personas mayores, los jóvenes, las mujeres y la niñez.»
No se trata, aclara, de un Estado enorme, sino de un Estado eficiente, articulado y con vocación social. “Cuando un adulto mayor espera cinco años por una cirugía, no es solo un problema médico: es un problema de derechos. Necesitamos instituciones más ágiles y cercanas.”
Habla también de la corrupción como una forma de violencia institucional. “La corrupción erosiona la confianza, desmoraliza al funcionario y debilita la justicia. Necesitamos auditoría ciudadana y participación comunitaria para vigilar el uso de los recursos públicos. Las personas mayores, con su experiencia, podrían liderar esa vigilancia.”
La educación y la prevención del delito
Como criminólogo, Arroyo defiende que la seguridad se construye desde la escuela. “Si queremos menos delincuencia, debemos invertir en educación. No podemos tener un sistema donde más del 80 % de las escuelas no imparten el currículo completo.”
«La educación no es gasto, es inversión en seguridad humana.»
Explica que el abandono escolar y la falta de oportunidades laborales empujan a los jóvenes hacia la informalidad o la ilegalidad. “El crimen organizado se nutre de la desesperanza. Cuando un muchacho siente que no tiene futuro, cualquier ingreso rápido parece una opción.”
Por eso propone reforzar la formación técnica y comunitaria, integrar programas intergeneracionales y enseñar ciudadanía desde la infancia. “Aprender a convivir, respetar y dialogar es tan importante como aprender matemáticas.”
Derechos humanos, dignidad y envejecimiento
La conversación vuelve una y otra vez al concepto de dignidad, que para Arroyo resume toda la filosofía de los derechos humanos. “Un adulto mayor que pierde su autonomía o su comunicación, o que deja de expresar afecto, es una persona cuya dignidad está siendo vulnerada.”
«Los seres humanos no dejamos de amar ni de aprender por cumplir años.»
El exviceministro habla con ternura de su esposa y sus nietos. “Me gusta caminar de la mano con mi esposa, abrazar a mis nietos, conversar con mis amigos. Esa emocionalidad nos mantiene vivos. El problema es que la sociedad nos infantiliza o nos invisibiliza.”
Por eso insiste en que las políticas públicas deben defender tres capacidades humanas: la capacidad de adaptación, la capacidad de comunicación y la capacidad de amar. “Si perdemos esas tres, dejamos de ser plenos.”
La capacidad de adaptación, explica, ha sido una constante en su generación. “No nacimos con computadoras ni con tarjetas electrónicas, pero aprendimos. La resiliencia no es resistir pasivamente, sino adaptarse para seguir aportando.”
Una sociedad que no tema a la diferencia
Arroyo lamenta que la política costarricense aún reproduzca divisiones. “Nos separamos por edad, por condición social, por ideología. Y olvidamos que todos somos personas.”
«No le tengamos miedo al diferente: todos somos semejantes en dignidad.»
Recuerda los ataques que ha recibido en redes por ser una figura mayor en un partido con base joven. “Me han dicho de todo, pero también he recibido cariño. Lo importante es convivir, aprender unos de otros. Si puedo aportar experiencia y ellos energía, ganamos todos.”
Defiende una visión intergeneracional e inclusiva de la política. “En los espacios de decisión deben estar mujeres, jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad y diversidad sexual. Esa es la verdadera democracia.”
El desafío de las instituciones y la vida cotidiana
El entrevistado habla con conocimiento interno de las instituciones: “Conozco por dentro el sistema penitenciario, la justicia, la salud. Sé lo que es esperar años para una cirugía o ver a una persona mayor abandonada en un hospital.”
«No basta con buenas intenciones: necesitamos inversión, planificación y respeto al servicio público.»
Su hijo, enfermero en el Hospital Blanco Cervantes, le comparte la realidad de quienes llegan allí. “Es doloroso ver a personas que fueron pilares de sus familias terminar solas. Hay funcionarios comprometidos, pero sin recursos suficientes.”
Arroyo propone que las personas mayores tengan participación asegurada en las juntas de salud y que los hospitales adopten estándares “senior friendly”. “Así como se invierte en el Hospital de Niños, también debe invertirse en infraestructura y atención especializada para la vejez.”
La organización como camino
Para Arroyo, el mayor desafío es político-cultural: pasar del asistencialismo a la ciudadanía plena. “Todavía se piensa que la persona mayor debe pedir favores. No: debe exigir derechos.”
«No quiero misericordia. Quiero garantías.»
Esa garantía, insiste, empieza por la organización. “Las personas mayores deben crear asociaciones, redes, colectivos. Así se construye poder social y se obliga al Estado a responder. Lo han hecho las mujeres, lo han hecho los jóvenes: ahora nos toca a nosotros.”
Arroyo cree que Costa Rica tiene una ventaja: una generación longeva con formación, memoria histórica y compromiso ético. “Somos gente que trabajó, que educó, que construyó este país. Tenemos todavía mucho que aportar.”
Un mensaje a la nueva generación
Hacia el final de la conversación, baja el tono y mira más allá del proceso electoral. “Yo crecí viendo a mi padre, que no terminó la primaria, trabajar toda su vida con honestidad. De él aprendí que el valor de una persona no está en los títulos, sino en su integridad.”
«No perdamos la fe. Tenemos futuro si construimos juntos.»
Su mensaje a los jóvenes es de corresponsabilidad: “No se trata de elegir entre generaciones, sino de complementarlas. Los jóvenes tienen fuerza, nosotros experiencia. La vejez no es carga, es reserva de sabiduría.”
Repite que el presente es siempre el mejor tiempo para actuar. “Mi mejor momento es hoy, a los 71 años. Equivocarse es un derecho humano, pero corregir es una obligación. Soñar es un derecho, pero cumplir los sueños es un deber.”
Guillermo Arroyo no se conforma con diagnósticos: propone una ética pública que devuelva al envejecimiento su valor social y político. Su llamado es simple y radical: dignidad, autonomía y participación real.
«Las personas adultas mayores no pedimos favores: exigimos derechos. Y los exigimos porque seguimos siendo ciudadanos de pleno derecho, capaces de amar, aprender y construir una Costa Rica mejor.»
Ping – pong
—Una medida prioritaria para proteger a personas mayores de fraudes y abandono.
Fortalecer la presencia territorial de las instituciones, crear equipos especializados y establecer protocolos financieros preventivos en bancos y fiscalías adaptados a la realidad de la vejez.
—Cómo pasar del voto a la incidencia real.
Garantizando representación obligatoria de personas mayores en juntas, comités y gobiernos locales, e impulsando presupuestos participativos donde la vejez tenga voz y decisión.
—Qué cambia si ponemos la autonomía en el centro.
Aumentan la dignidad y la seguridad: ingresos justos, salud oportuna y educación continua permiten decidir, participar y envejecer sin miedo.
