Por: Redacción www.costaricamayor.com
La violencia contra las personas adultas mayores no siempre deja golpes visibles. A veces aparece en forma de presión, manipulación, abuso económico, uso indebido de bienes, control de pensiones o decisiones tomadas sin consentimiento. Esa es precisamente una de las razones por las que la violencia patrimonial sigue siendo una de las formas más difíciles de detectar, denunciar y atender.
La Defensoría de los Habitantes emitió un informe con recomendaciones dirigidas al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, CONAPAM, y a la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, luego de una investigación de oficio relacionada con la atención institucional de personas mayores en condición de vulnerabilidad.
Aunque en el caso analizado no fue posible acreditar la existencia de violencia psicológica o patrimonial contra una persona adulta mayor, la investigación sí dejó al descubierto un tema de fondo: Costa Rica necesita fortalecer sus rutas institucionales para prevenir, identificar y atender de manera oportuna este tipo de violencia.
¿Qué es la violencia patrimonial en la vejez?
La violencia patrimonial ocurre cuando una persona adulta mayor ve afectado su derecho a administrar, usar o decidir sobre sus bienes, dinero, pensión, propiedades o recursos económicos.
Puede manifestarse de muchas maneras: apropiación de la pensión, presión para firmar documentos, ventas o traspasos sin comprensión plena, endeudamientos forzados, uso indebido de tarjetas, control del dinero por parte de familiares o terceros, o decisiones económicas tomadas sin respetar la voluntad de la persona mayor.
El problema es que muchas veces esta violencia sucede dentro del entorno familiar o de confianza, lo que dificulta la denuncia. Además, puede confundirse con “ayuda”, “protección” o “cuidado”, cuando en realidad se está limitando la autonomía y la libertad de decisión de la persona adulta mayor.
Vacíos en la respuesta institucional
Según la Defensoría, el CONAPAM aún no cuenta con protocolos institucionales específicos para atender todas las manifestaciones de violencia contra las personas adultas mayores.
La institución también enfrenta limitaciones importantes en recursos humanos, presupuesto e infraestructura, lo que afecta su capacidad de respuesta ante situaciones de vulnerabilidad.
En el caso de la CCSS, la Defensoría reconoció que existen lineamientos para atender a personas víctimas de violencia. Sin embargo, estos se concentran principalmente en la violencia física y sexual, sin incorporar de manera expresa la violencia patrimonial como una forma específica de agresión que requiere mecanismos claros de detección, referencia y coordinación.
Este punto es clave: si el personal institucional no cuenta con herramientas para identificar la violencia patrimonial, muchas situaciones pueden pasar desapercibidas hasta que el daño económico, emocional y familiar ya es profundo.
Recomendaciones al CONAPAM
La Defensoría recomendó al CONAPAM avanzar en la elaboración y oficialización de lineamientos institucionales para atender situaciones de violencia en todas sus manifestaciones, incluyendo expresamente la violencia patrimonial.
También solicitó informar sobre el estado de avance de estos instrumentos, la fecha estimada de entrada en vigencia y el modelo previsto para capacitar y divulgar dichos lineamientos.
Además, pidió alinear y oficializar los procedimientos internos relacionados con requerimientos judiciales derivados del Código Procesal de Familia de Costa Rica, con el fin de establecer rutas claras de actuación y derivación de casos.
Recomendaciones a la CCSS
A la CCSS se le recomendó incorporar disposiciones específicas para abordar la violencia patrimonial contra personas adultas mayores dentro de sus lineamientos institucionales vigentes o en proceso de actualización.
Esto implica que cualquier atención médica podría convertirse también en una oportunidad para detectar señales de abuso económico, activar referencias adecuadas y coordinar con CONAPAM, Poder Judicial y otras instancias competentes.
La Defensoría también planteó la necesidad de establecer un programa permanente de capacitación para el personal institucional, orientado a la atención integral de las personas adultas mayores desde un enfoque de derechos humanos, envejecimiento digno y prevención de todas las formas de violencia.
Una alerta para las familias y las instituciones
La violencia patrimonial no es un problema privado. Es una vulneración de derechos humanos.
Cuando una persona adulta mayor pierde el control sobre su dinero, sus bienes o sus decisiones económicas, también puede perder independencia, seguridad, tranquilidad y capacidad para construir su propio proyecto de vida.
Por eso, este llamado de la Defensoría debe leerse como una alerta nacional. Costa Rica envejece rápidamente y necesita instituciones preparadas para responder a las nuevas formas de violencia que afectan a la población mayor.
Prevenir la violencia patrimonial requiere protocolos claros, personal capacitado, articulación institucional y, sobre todo, una mirada que reconozca a las personas adultas mayores como sujetas de derechos, no como objetos de tutela, caridad o control.
Costa Rica Mayor considera
La protección de las personas adultas mayores no puede limitarse a atender emergencias cuando el daño ya ocurrió. El país necesita anticiparse, educar, detectar señales tempranas y garantizar que cada persona mayor pueda decidir sobre su vida, su salud, su patrimonio y su futuro con libertad, información y apoyos adecuados.
Cuidar no es controlar. Proteger no es sustituir la voluntad. Acompañar no es decidir por la persona.
La vejez digna también pasa por respetar el derecho de cada persona adulta mayor a manejar su patrimonio, expresar su voluntad y vivir libre de presiones, abusos o manipulaciones.
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