CONTEXTO. Por: Eduardo Méndez, Director www.costaricamayor.com
El único centro geriátrico del país no suma una sola cama desde los años noventa. Su reemplazo existe en planos, pero avanza al ritmo de tres pleitos judiciales por terrenos. Organizaciones de personas mayores decidieron dejar de esperar en silencio.
Doña Marta tiene ochenta y un años y una cita en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología que consiguió tras meses de espera. Llega desde Cartago acompañada de su hija, que pidió permiso en el trabajo para llevarla. En la sala advierte lo que muchos usuarios ya conocen: el edificio está lleno, los pasillos son estrechos y el servicio de emergencias no atiende de noche. Su hija se pregunta, en voz baja, qué harán si la próxima vez la urgencia ocurre a las once de la noche.
La escena tiene un trasfondo institucional que las organizaciones de personas adultas mayores decidieron sacar a la luz. El pasado 28 de agosto, autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, la Defensoría de los Habitantes, representación legislativa y organizaciones civiles se reunieron en un foro nacional para revisar por qué el nuevo Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología no termina de arrancar. La conclusión que compartieron varios de los participantes fue incómoda: el proyecto existe, tiene planos y presupuesto en el horizonte, pero permanece atado a la adquisición de dieciséis terrenos, y tres de esos terrenos están hoy en manos de los tribunales.
Este medio recogió lo expuesto en ese foro a partir de la cobertura de Delfino.cr, que reunió las intervenciones de los funcionarios y de las organizaciones convocantes. Las cifras y los plazos que se detallan a continuación fueron expuestos por las autoridades durante la actividad y se atribuyen explícitamente a quienes los presentaron.
Un edificio detenido en los años noventa
La directora general del hospital, Milena Bolaños, ofreció durante el foro una radiografía del centro que resume la urgencia. Según expuso, el hospital dispone actualmente de 141 camas de hospitalización, 25 consultorios médicos y dos salas de operaciones. El servicio de emergencias no funciona las veinticuatro horas, precisamente por las limitaciones de espacio que arrastra la edificación.
El dato más elocuente lo aportó la propia directora: el número de camas de hospitalización no aumenta desde la década de 1990. En más de treinta años, mientras la población que necesita esos servicios crecía, la capacidad instalada del único hospital geriátrico del país se mantuvo congelada. El centro desarrolla, según se informó, medidas de contingencia para ampliar espacios, mejorar instalaciones eléctricas y reorganizar servicios mientras la nueva infraestructura se concreta.
Ese estancamiento no es un asunto de eficiencia administrativa. Es un asunto de derechos. La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, Ley número 7935, reconoce a las personas mayores el derecho a la atención integral de su salud y a servicios que respondan a sus necesidades específicas. Un hospital que atiende hoy con la misma capacidad que hace tres décadas, mientras la demanda se multiplica, tensiona directamente ese mandato legal. La pregunta no es si el país puede darse el lujo de construir el nuevo hospital, sino cuánto tiempo más puede posponer una obligación que ya está escrita en la ley.
Dieciséis terrenos, tres pleitos y un cronograma cautivo
El gerente de Infraestructura y Tecnología de la CCSS, Jorge Granados Soto, explicó por qué el proyecto no avanza al ritmo que las familias esperan. La institución necesita tener la posesión de la totalidad de los terrenos requeridos antes de iniciar la licitación de la primera etapa, y esa posesión todavía no está completa.
Según detalló el funcionario, el proyecto requiere dieciséis propiedades. Trece propietarios aceptaron inicialmente el proceso de adquisición voluntaria, pero tres casos escalaron a la vía judicial: dos por desacuerdo con el avalúo y uno más por una hipoteca que impide completar directamente el traspaso. Granados aclaró que la CCSS no necesita que cada expropiación concluya del todo, sino obtener la posesión; una vez que un juzgado la otorgue, la institución podrá usar el terreno mientras continúa por separado la discusión sobre el monto de la indemnización.
El problema es el reloj. Con base en la experiencia de la institución en otros procesos, Granados estimó que obtener la posesión judicial suele tomar entre seis meses y un año, y proyectó que la CCSS podría contar con el cien por ciento de los terrenos dentro de aproximadamente un año. Enfatizó, eso sí, que no puede garantizar ese plazo porque depende de los tribunales. A partir de esa posesión, según el cronograma que expuso, la institución publicaría la licitación cuatro meses después, tiempo destinado a completar los trámites internos antes de llevar el procedimiento al Sistema Integrado de Compras Públicas.
El propio funcionario reconoció que el cronograma llegó a contemplar una posible licitación hasta 2030 por la incertidumbre de las expropiaciones, aunque señaló que, si los terrenos se obtienen antes, todas las etapas posteriores podrían adelantarse. La primera etapa incorporaría los servicios de mayor complejidad, como emergencias, hospitalización, imágenes médicas, farmacia y laboratorio; la segunda sumaría la consulta externa y las áreas administrativas. La CCSS aclaró que los servicios de la primera fase podrán entrar en funcionamiento antes de que concluya formalmente todo el proyecto, cuyo cierre incluye además dos años de mantenimiento posteriores a la entrega.
Envejecemos rápido y con menos recursos
La discusión sobre ladrillos y avalúos ocurre sobre un telón de fondo demográfico que le da carácter de urgencia. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos citados durante el foro, las personas de 65 años o más representaban el 11,7% de la población en 2025 y alcanzarían cerca del 25% para 2050. Es decir, en una generación, uno de cada cuatro habitantes del país tendría 65 años o más.
El geriatra Álvaro Martínez, integrante de la Junta Directiva de la Asociación Pro Hospital Nacional de Geriatría, puso el matiz que distingue el caso costarricense. Advirtió que el país enfrentará ese proceso con recursos más limitados que los países desarrollados que atravesaron antes una transición demográfica parecida. En sus palabras durante el foro, el país envejece rápidamente en un contexto de recursos limitados, lo cual exige respuestas distintas a las que tradicionalmente ofrecieron las naciones más ricas. Martínez sostuvo, además, que un verdadero hospital general de geriatría resulta indispensable y cuestionó que, a su criterio, la CCSS todavía no le otorgue al problema la urgencia que requiere.
La Defensoría de los Habitantes reconoció durante la actividad los avances en la adquisición de terrenos y en la actualización de los estudios técnicos, pero pidió a la CCSS analizar alternativas institucionales que acorten los plazos y elaborar un plan de contingencia que garantice seguridad, calidad asistencial y continuidad de los servicios mientras la nueva infraestructura se concreta. El gerente médico de la Caja, Marvin Palma, sostuvo por su parte que el proyecto es una prioridad institucional y aseguró que el nuevo hospital se construirá.
De la espera a la vigilancia ciudadana
La novedad del foro no estuvo tanto en las cifras como en la decisión de las organizaciones de dejar de esperar. La presidenta de la Junta de Salud del hospital, Alicia Avendaño Rivera, planteó ampliar la participación de la ciudadanía en el seguimiento del proyecto y sostuvo que la Junta necesita sumar más sectores a esa vigilancia. El gerente general de la Asociación Gerontológica Costarricense, Fabián Trejos Cascante, fue más lejos: llamó a conformar un movimiento nacional que incorpore a otras organizaciones de personas mayores, sindicatos y colegios profesionales para levantar la voz y presionar a la Caja a acelerar los trámites pendientes.
Ese giro tiene un significado que trasciende el proyecto puntual. Cuando las personas adultas mayores y sus organizaciones se organizan para exigir el cumplimiento de una obligación estatal, no están pidiendo un favor ni una obra de caridad. Están ejerciendo la vigilancia ciudadana que la ley les reconoce sobre las políticas que les conciernen. La construcción del hospital dejó de ser, en ese foro, un expediente técnico de la CCSS para convertirse en una causa que sus destinatarios reclaman como propia.
Termino aquí.
Si el país sabe que uno de cada cuatro habitantes tendrá 65 años o más para 2050, ¿por qué el hospital que debe atenderlos sigue esperando a que los tribunales decidan cuándo empezar a construirse?
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Nota de fuentes. Esta nota se basa en la cobertura del Foro Nacional de Seguimiento al Proyecto de Ampliación y Fortalecimiento del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. Las cifras de infraestructura y cronograma se atribuyen a las autoridades de la CCSS y del hospital citadas durante la actividad. La proyección demográfica del INEC (11,7% en 2025; cerca de 25% para 2050) fue citada de manera secundaria durante el foro y está pendiente de contraste con la fuente primaria. El marco de derechos se sustenta en la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, Ley número 7935.
