CONTEXTO · Política fiscal y vejez . Por: Eduardo Méndez, Director www.costaricamayor.com
El nuevo paquete tributario que valora el gobierno propone elevar el impuesto al valor agregado sobre la canasta básica del 1% al 13%. Un análisis del Cinpe-UNA advierte que el peso caería sobre los hogares más pobres y de clase media. Para la población mayor, atravesada por la pobreza, las pensiones ausentes y un registro estatal con fugas, la promesa de devolución del impuesto por medio del Sinirube encierra un riesgo concreto: dejar por fuera a quienes más lo necesitan.
El anuncio se hizo con lenguaje coloquial. El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, planteó «quitarles la exoneración a los emperifollados» al presentar la intención de aumentar el impuesto al valor agregado sobre los productos de la canasta básica tributaria, pasando de un 1% a un 13%. La frase sugiere que el ajuste recaería sobre la población de mayores ingresos. La evidencia disponible apunta en la dirección contraria.
Un análisis de Leiner Vargas, investigador del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional, dimensionó el impacto. La recaudación pasaría de 42.065 millones de colones a 546.841 millones de colones, cerca de un 1% del producto interno bruto. El problema no está en la cifra global, sino en quién la paga. Se trata de un impuesto a los bienes y servicios, no a las personas, y por esa naturaleza golpea con más fuerza a quien destina una porción mayor de su ingreso a comer.
La aritmética de un impuesto regresivo
Los números del Cinpe-UNA describen un reparto profundamente desigual. La población más pobre, ubicada en el primer quintil, percibe un ingreso promedio mensual de 321.351 colones y destina el 44,1% de ese monto a la compra de bienes de la canasta básica. Para ese hogar, el aumento del IVA equivaldría a un 6,7% adicional de sus ingresos dedicado a alimentarse. En el otro extremo, el grupo más adinerado, con un ingreso promedio mensual de 2.675.743 colones, usa apenas un 9,9% de sus recursos en esos mismos productos, y el efecto del impuesto rondaría entre un 0,6% y un 1%.
Entre ambos extremos se ubica la clase media. El segundo quintil, con un ingreso promedio de 604.749 colones, absorbería un efecto de entre 4% y 5%; el tercero, entre 2,5% y 3,5%; el cuarto, entre 1,5% y 2%. Cuanto más pobre el hogar, mayor la mordida. Vargas lo tradujo a términos que se sienten en la mesa: para un hogar del primer quintil, el ajuste equivale a perder cerca de un mes de capacidad de compra alimentaria al año, y para el segundo quintil, compuesto por hogares vulnerables que aún no son pobres, el riesgo concreto es descender bajo la línea de pobreza. Un impuesto que se presenta como cobro a los «ticos con corona» opera, en la práctica, como un esquema distributivo regresivo.
El rostro envejecido de esa aritmética
Ninguna de esas cifras menciona la edad, y ahí radica un vacío que esta sección debe llenar. Los quintiles más pobres de Costa Rica tienen, en proporción creciente, rostro de persona mayor. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el 26,6% de las personas de más de 65 años vive en condición de pobreza, un dato recogido por la Asociación Gerontológica Costarricense. Es una cuarta parte de la población mayor cuyo presupuesto ya está tensado al límite antes de cualquier ajuste tributario.
La raíz de esa vulnerabilidad está en la ausencia de ingresos estables. La Contraloría General de la República estimó, con datos del INEC, que el 46,6% de las personas adultas mayores no recibía ninguna pensión en 2025. Quienes sí dependen del Estado lo hacen a través de la pensión del Régimen No Contributivo, cercana a los 82.000 colones mensuales, un monto que por sí solo no cubre la canasta básica; y la espera es larga: la Defensoría de los Habitantes contabilizó 35.277 solicitudes pendientes a marzo de 2025 . Sobre esa base frágil se propone ahora encarecer el arroz, los frijoles, el pan, los huevos, la leche y el pollo, precisamente los productos de mayor peso en el gasto de los hogares más pobres.
Hay una dimensión adicional que nombrar. El envejecimiento en Costa Rica tiene rostro de mujer, y las mujeres mayores enfrentan tasas más altas de pobreza por una vida laboral marcada por el trabajo informal, los ingresos bajos y las responsabilidades de cuidado no remuneradas que nunca cotizaron a una pensión. Cuando el impuesto encarece la comida, la carga recae con especial dureza sobre la adulta mayor sola, sin pensión contributiva, que administra un presupuesto mínimo. La política fiscal no es neutral respecto a la edad ni al género.
La promesa de la cédula: por qué el Sinirube no protegería a quien más lo necesita
El gobierno respondió con una promesa técnica. El jerarca de Hacienda aseguró que la población de más bajos ingresos solo tendría que enseñar la cédula al comprar para que le rebajen el porcentaje del impuesto, porque los comercios tendrían acceso al Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, el Sinirube, donde figura la gente de los quintiles más bajos. Es el llamado «IVA personalizado»: cobrar a todos y devolver a los pobres identificados en el registro. La idea suena razonable en el papel; en la práctica, presenta una falla que compromete su propósito.
El propio análisis del Cinpe-UNA lo advirtió. Incluso aplicando la devolución a los más pobres, existe una fuga de información de al menos un 50% de las personas que son pobres. La mitad de la población que el mecanismo pretende proteger no aparecería correctamente identificada en el registro al momento de la compra, y pagaría el impuesto completo sin recibir devolución. El golpe no se limitaría al primer quintil: alcanzaría de lleno al segundo y tercero, donde se ubica la clase media. Un instrumento diseñado para amortiguar terminaría amplificando la regresividad.
Para entender la falla conviene mirar cómo se construye el Sinirube. El sistema integra bases de datos administrativas de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Tribunal Supremo de Elecciones, el Registro Nacional de la Propiedad y los programas del Instituto Mixto de Ayuda Social, entre otras, con una cobertura reportada como alta, cercana al 95% de la población según la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza . Pero cobertura de datos no es identificación correcta del ingreso en tiempo real, y ahí se abre la brecha, porque la persona adulta mayor pobre es, con frecuencia, quien queda invisible para el registro. Muchos mayores en pobreza no reciben ninguna pensión y por tanto no dejan la huella administrativa que el sistema cruza para clasificar ingresos; el 46,6% sin pensión no genera el rastro de un depósito mensual que confirme su condición. Otros figuran con datos de cotizaciones antiguas que ya no reflejan su realidad. Las 35.277 solicitudes del Régimen No Contributivo aún pendientes son personas que el Estado todavía no ha terminado de reconocer como pobres, aunque lo sean. A ello se suma una barrera práctica: enseñar la cédula en la caja supone un trámite digital, un lector funcionando y una persona mayor familiarizada con el procedimiento, condiciones que no siempre se cumplen en zonas rurales ni en poblaciones con menor alfabetización tecnológica.
El resultado es una paradoja cruel. El mecanismo está calibrado para reconocer a quien el sistema ya ve, y la persona adulta mayor en pobreza es, muchas veces, justamente la que el sistema no ve. Se cobraría a todos por igual y se devolvería solo a la mitad visible.
Un asunto de derechos, no de contabilidad
Costa Rica no discute este ajuste en el vacío. La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, Ley 7935, y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, incorporada al ordenamiento mediante la Ley 9394, reconocen a la persona mayor como titular de derechos, entre ellos el de un nivel de vida adecuado y la seguridad económica. Una medida que erosiona la capacidad de compra alimentaria de la población mayor pobre, y que además falla en el mecanismo pensado para compensarla, no es solo un problema de diseño fiscal: es una tensión directa con el marco jurídico que el Estado se comprometió a garantizar.
El debate público presenta el ajuste como una disputa entre el fisco y los ricos, pero los datos reordenan esa conversación. Quien perdería un mes de comida al año no es el «tico con corona»: es el hogar del primer quintil, y dentro de él, con creciente frecuencia, la persona mayor que llega a la vejez sin pensión, sin ahorro y sin el reconocimiento oportuno del registro estatal. Antes de cobrar, el país tendría que preguntarse si su capacidad de devolver es real. La evidencia sugiere que, para la mitad de los pobres y para buena parte de la población mayor, no lo es.
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Nota sobre fuentes: Las cifras del impacto por quintiles y el dato de fuga de información del 50% provienen del análisis de Leiner Vargas, investigador del Cinpe-UNA (29 de julio de 2026). Los datos de pobreza en personas mayores (26,6%) corresponden al INEC citado por AGECO; el porcentaje sin pensión (46,6% en 2025) a la Contraloría General de la República con base en INEC; el dato de 82.000 colones del Régimen No Contributivo y las 215.528 personas mayores sin protección económica formal a la Universidad de Costa Rica; y las 35.277 solicitudes pendientes a marzo de 2025 a la Defensoría de los Habitantes. La cobertura del Sinirube cercana al 95% se reporta según la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza.
