Un estudio actuarial recién publicado por la propia Caja revela que el costo de atender a las personas mayores se triplicará en solo 15 años. Pero la pregunta que nadie responde es esta: si sabemos lo que viene, ¿por qué seguimos sin resolver lo que ya está fallando hoy?
Por: Redacción www.costaricamayor.com
San José, 30 de Abril del 2026. El dato es contundente y merece leerse con calma: el gasto de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en la atención de personas de 66 años en adelante pasará de poco más de ¢600.000 millones en 2024 a aproximadamente ¢2 billones en 2038. No es una proyección alarmista de un grupo de presión. Es la conclusión del estudio Valuación Actuarial del Seguro de Salud, elaborado por la propia Dirección Actuarial y Económica de la institución, publicado esta semana.
Para dimensionarlo: hablamos de una aceleración que triplicará el gasto en una sola generación. Y detrás de esa cifra hay una realidad que cualquier persona mayor de 60 años en este país conoce bien: citas que tardan años, especialistas que escasean, listas de espera que crecen como marea alta.
El envejecimiento no llegó de sorpresa
Costa Rica lleva décadas sabiendo que envejece. Las cifras del INEC y de la propia CCSS lo anunciaban con precisión. Hoy, las personas de 65 años o más representan el 10,6% de la población total. En 2038, serán el 18,3%. Y para 2050, una de cada cuatro personas en el país será adulta mayor. Superamos ya las 800.000 personas mayores de 60 años — más del 15% de la población nacional.
Lo que el estudio actuarial subraya con claridad es que este cambio demográfico trae consecuencias directas sobre los servicios de salud: mayor demanda de hospitalización, mayor prevalencia de enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades cardiovasculares y condiciones osteoarticulares, y patrones de uso más intensivos del sistema. No es una amenaza futura. Es el presente acelerado.
La paradoja que indigna: más dinero proyectado, menos servicio real
Aquí es donde la indignación es completamente legítima. Mientras la CCSS proyecta billones para el futuro, en el presente más de 530.000 personas esperan una cita con especialista o una cirugía que no llega.
Y los adultos mayores no son una estadística abstracta en esa lista. Son los más afectados. Son quienes más necesitan ortopedia, cardiología, neurología. Son quienes menos pueden permitirse esperar años para una valoración.
El caso que circuló esta semana en medios nacionales lo ilustra sin necesidad de adornos: una mujer de 63 años con serios problemas de rodilla acudió al Hospital San Carlos y le asignaron cita de valoración para el año 2047. Veintiún años de espera. Tuvo que presentar un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para que la atendieran en abril. No es un caso aislado — es el síntoma de un sistema que no da abasto.
En noviembre de 2025, la Sala IV ya había ordenado adelantar la cita de una mujer de 80 años con una condición grave en columna y cadera — su turno en Ortopedia estaba programado para 2031. Los magistrados fueron explícitos: la falta de recursos humanos o materiales no justifica el incumplimiento del Estado de brindar atención médica oportuna, especialmente a la población adulta mayor.
Una institución que reconoce lo que no puede resolver
En noviembre de 2025, la presidenta ejecutiva de la CCSS admitió ante la Asamblea Legislativa que reducir las listas de espera en ese momento era, en sus propias palabras, «imposible». La razón: un déficit severo de especialistas médicos que obliga a trasladar pacientes entre hospitales para cubrir cirugías urgentes, con brechas críticas en ortopedia, anestesiología y otras especialidades esenciales para la población mayor.
La respuesta institucional en 2026 ha sido reorganizar internamente: liberar a más de 400 médicos de labores administrativas en comisiones evaluadoras de incapacidades para devolverlos a la atención directa. Es una medida necesaria. Pero insuficiente frente a la magnitud del problema.
En la Asamblea Legislativa avanza el expediente N.º 24.015, que busca declarar la inopia de especialistas y abrir la contratación temporal de profesionales extranjeros. El gremio médico se opone. El debate continúa. Mientras tanto, las listas siguen creciendo.
Lo que la Ley 7935 exige y el sistema no cumple
La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (Ley 7935) es clara: las personas adultas mayores tienen derecho a acceder a los servicios de salud de manera oportuna, sin discriminación por edad. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por Costa Rica, va en el mismo sentido: la atención en salud es un derecho que el Estado debe garantizar con prioridad.
Que una persona de 80 años espere seis años para una cita de ortopedia no es una falla administrativa menor. Es una violación concreta de sus derechos. Y que sea necesario llegar a la Sala Constitucional para acceder a una cita que debería ser parte del servicio ordinario revela una brecha profunda entre el marco legal que protege a las personas mayores y la realidad de los servicios que reciben.
La pregunta que no puede esperar
El estudio actuarial de la CCSS es, en el fondo, una advertencia disfrazada de informe técnico. Nos dice que el sistema de salud costarricense enfrenta una transformación sin precedentes en su historia. Que los costos crecerán de forma sostenida y acelerada. Que la demanda de servicios especializados para personas mayores se intensificará año con año.
Pero los números proyectados para 2038 no sirven de consuelo a quien tiene cita en 2047. La pregunta urgente no es cuánto gastará la CCSS en quince años. La pregunta es qué va a hacer — concretamente, ahora — para que las personas que hoy tienen 65, 70 u 80 años puedan recibir atención médica sin tener que esperar décadas o recurrir a un amparo constitucional para ejercer un derecho que ya tienen reconocido.
Costa Rica envejece. Lo sabe desde hace tiempo. La diferencia está en si vamos a seguir construyendo proyecciones o vamos a empezar a construir soluciones.
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