Por Redacción Costa Rica Mayor
25 de noviembre de 2025
La violencia hacia las mujeres adultas mayores se ha convertido en una crisis silenciosa que Costa Rica aún no reconoce con la urgencia que merece. Aunque el país cuenta con leyes que protegen a las mujeres en todas las etapas de la vida, esta población continúa siendo una de las más invisibilizadas en las políticas públicas, los programas de atención y las rutas institucionales. La evidencia es contundente: cada año aumenta la cantidad de mujeres de 60 años o más víctimas de agresiones físicas, psicológicas, patrimoniales, sexuales y de abandono, sin que exista una respuesta adecuada del Estado.
Según el Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, la violencia contra las mujeres adultas mayores está claramente desatendida. Esta población constituye el tercer grupo etario de mujeres más violentadas, con una tasa de 410 casos por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con cifras de la Caja Costarricense de Seguro Social. Este dato, por sí solo, revela la magnitud de un problema que avanza silenciosamente y que, según el gremio profesional, se intensifica cada año. La situación fue denunciada en el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer, con un llamado urgente a reconocer la gravedad de lo que ocurre en hogares, comunidades y servicios públicos.
El ciclo de violencia no comienza en la vejez. Tal como lo explicó Laura Guzmán Stein, representante del Colegio de Trabajadores Sociales, muchas mujeres llevan décadas viviendo agresiones y abusos que se profundizan con la edad. A partir de los 50 años comienzan a experimentar exclusiones sistemáticas en ámbitos como la participación laboral, el acceso a oportunidades educativas, el disfrute de espacios de ocio y recreación, la posibilidad de obtener crédito, el uso de tecnologías y la vivencia de una sexualidad activa y segura. Estas limitaciones no solo deterioran la autonomía, sino que también incrementan la dependencia económica y social, lo cual coloca a muchas mujeres en un círculo de vulnerabilidad difícil de romper.
Guzmán Stein destacó que las mujeres mayores reportan con mayor frecuencia presiones psicológicas, controles, prohibiciones y humillaciones, manifestaciones que constituyen el tipo de violencia más común en este grupo etario, según reportes de los servicios sociales. Este patrón se suma a la violencia patrimonial, el despojo económico y la negligencia en los cuidados, que continúan siendo formas de abuso ampliamente documentadas.
Los datos oficiales refuerzan la alerta. El Centro Operativo de Atención a la Violencia Intrafamiliar (COAVIF), adscrito al Inamu, registró que de cada 100 personas mayores de 65 años víctimas de violencia intrafamiliar en 2022, 69 eran mujeres. A esto se suma la información del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, que reportó que el 8% de las víctimas de feminicidio entre 2021 y 2022 eran mujeres mayores de 60 años, una proporción que evidencia el riesgo extremo que enfrentan incluso en edades avanzadas.
La Asociación Gerontológica Costarricense (Ageco) también ha levantado alertas. Su Servicio de Orientación Socio-legal atendió, solo hasta agosto de este año, 341 consultas, de las cuales 226 fueron realizadas por mujeres adultas mayores. La mayoría de estas consultas correspondieron a situaciones de violencia patrimonial, pobreza, violencia física, psicológica y sexual. Ageco insiste en que estas cifras, aunque preocupantes, representan solo la superficie del problema, pues la mayoría de casos no se denuncian debido al miedo, la dependencia económica y el aislamiento.
A pesar de este panorama, el Colegio de Trabajadores Sociales denuncia que la respuesta estatal ha sido insuficiente. Señalan que la inversión social destinada a atender la violencia hacia mujeres mayores es cada vez menor y que, aunque existen políticas y documentos estratégicos, muchos carecen de viabilidad económica u operativa, quedándose en “discursos políticos vacíos”. Esta inacción, advierten, perpetúa la vulneración de derechos y deja sin protección a miles de mujeres que no tienen a dónde acudir.
La violencia contra las mujeres adultas mayores no es un asunto marginal. Es un reflejo de estructuras sociales que combinan el machismo con el edadismo, generando una doble discriminación que afecta profundamente la calidad de vida, la salud física y mental y la autonomía de estas mujeres. Ignorar esta realidad significa abandonar a quienes sostuvieron por décadas familias, comunidades y economías locales.
El Colegio de Trabajadores Sociales hizo un llamado claro: todas las mujeres, sin importar su edad, deben denunciar cualquier hecho de violencia. Las autoridades recuerdan que pueden hacerlo mediante la línea 9-1-1 o por medio del Servicio de Orientación Socio-legal de Ageco, al teléfono 2542-4527. Sin embargo, más allá de la denuncia, el país necesita rutas de atención que entiendan y respondan a las particularidades de envejecer siendo mujer, en un contexto donde persisten estereotipos y barreras estructurales.
Costa Rica enfrenta un reto urgente y moral: garantizar que las mujeres adultas mayores vivan la etapa final de sus vidas libres de violencia, con dignidad y con acceso real a justicia. En un país que envejece rápidamente, la protección de sus mujeres mayores no puede seguir siendo la deuda silenciosa de un sistema que, hasta ahora, no ha sabido verlas ni escucharlas.
