Por: Redacción Costa Rica Mayor. Colabora: Eduardo Méndez, Director, Costa Rica Mayor.
La pensión vuelve al centro del debate nacional. La Caja Costarricense de Seguro Social estudia un paquete de medidas para fortalecer el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, conocido como IVM. Entre las propuestas más sensibles está aumentar de 300 a 360 cuotas el requisito para pensionarse. En palabras sencillas: pasar de 25 a 30 años de cotización continua.
La noticia toca una fibra profunda en Costa Rica: ¿podrán las nuevas generaciones pensionarse con dignidad?, ¿qué pasará con las personas de más de 50 años que han tenido trabajos intermitentes?, ¿cómo afectaría esto a mujeres, trabajadores independientes, personas cuidadoras y quienes han vivido largos periodos de informalidad?
La propuesta no viene sola. Según la información publicada por CRHoy, la CCSS analiza un conjunto de medidas que incluye cambios en la forma de calcular la pensión, ajustes a la pensión anticipada, incentivos para retrasar voluntariamente la jubilación, una posible contribución solidaria a pensiones más altas y acciones para incorporar más mujeres al régimen. También se plantea revisar el aporte al seguro de salud y redirigir recursos hacia el fondo de pensiones.
Pero el dato que más conversación generará es el de las cuotas. Para una persona joven puede sonar lejano. Para una persona de 50, 55 o 60 años, puede sentirse como una alarma. En un país donde muchas personas han trabajado por cuenta propia, han tenido empleos sin aseguramiento, han cuidado familiares sin remuneración o han salido del mercado laboral por edadismo, pedir más cuotas no es un simple ajuste técnico: puede ser una barrera real para alcanzar una pensión.
Costa Rica envejece rápidamente. Cada vez habrá más personas mayores y menos población joven sosteniendo el sistema mediante cotizaciones. Ese cambio demográfico obliga a discutir la sostenibilidad del IVM. Pero la gran pregunta no es solo financiera. También es social, laboral y humana.
Porque una reforma de pensiones no se mide únicamente en balances actuariales. Se mide en la vida de doña Ana, que trabajó décadas en labores domésticas sin cotizar. Se mide en don José, despedido a los 57 años y considerado “muy viejo” para volver a ser contratado. Se mide en miles de mujeres que cuidaron hijos, nietos, padres enfermos o personas con discapacidad, pero que no acumularon cuotas suficientes para proteger su propia vejez.
El debate debe hacerse con seriedad. El IVM necesita sostenibilidad, sí. Pero también necesita justicia. No se puede fortalecer un régimen dejando por fuera a quienes ya están en mayor desventaja. Cualquier reforma debe mirar de frente tres realidades: la informalidad laboral, las brechas de género y la discriminación por edad en el empleo.
También debe quedar claro algo fundamental: estas medidas aún están en fase de análisis y discusión dentro de la CCSS. No se trata de una reforma aprobada ni de un cambio que ya esté vigente. Sin embargo, el solo hecho de que estén sobre la mesa obliga a la ciudadanía a informarse, participar y exigir transparencia.
Costa Rica necesita hablar de pensiones antes de que sea tarde. Pero debe hacerlo sin culpar a las personas mayores, sin enfrentar generaciones y sin reducir la vejez a una carga económica. La pensión no es un regalo. Es el resultado de una vida de trabajo, cotización, cuidados y aporte social.
La pregunta de fondo es incómoda, pero necesaria: ¿queremos un sistema de pensiones sostenible solo en números, o un sistema sostenible también en dignidad?
Porque si el país envejece, la política pública también debe madurar.
