Redacción | Costa Rica Mayor | 04 de Junio de 2025
La Superintendencia de Pensiones (SUPEN) ha propuesto un cambio significativo en el sistema de pensiones costarricense: establecer un mínimo de 30 años de cotización laboral como requisito indispensable para acceder a una pensión con cargo al régimen básico de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Esta propuesta, que forma parte de las recomendaciones entregadas a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), busca reforzar la sostenibilidad del régimen ante los retos que impone el envejecimiento acelerado de la población y el aumento en la esperanza de vida. Según la SUPEN, el sistema requiere ajustes para evitar que se agoten los fondos destinados a las jubilaciones futuras.
Actualmente, para recibir una pensión bajo el IVM, se requiere cumplir con una cantidad mínima de cuotas —270, es decir, 15 años de aportes— además de tener la edad exigida (61 años y 11 meses para mujeres, 62 años y 11 meses para hombres). Con la propuesta de SUPEN, este umbral aumentaría al doble: 30 años de cotización continua o acumulada, sin importar la edad.
El cambio afectaría principalmente a personas trabajadoras con trayectorias laborales fragmentadas, empleo informal o períodos de desempleo prolongado, situación común entre muchas personas mayores hoy en día.
La SUPEN señala que el actual sistema no es viable a largo plazo si no se toman medidas estructurales. De acuerdo con el informe técnico presentado, el IVM está bajo presión por el crecimiento en la cantidad de personas adultas mayores beneficiarias y una reducción en la proporción de personas jóvenes trabajadoras que cotizan.
Para el año 2045, se espera que en Costa Rica haya 4 personas mayores de 65 años por cada 10 menores de 15 años, lo cual implica un cambio radical en la pirámide poblacional y plantea nuevos desafíos para la sostenibilidad financiera de los regímenes de pensión.
Organizaciones de personas trabajadoras y sectores sindicales han mostrado preocupación, señalando que imponer 30 años como mínimo de cotización puede dejar sin pensión a miles de personas mayores en situación de vulnerabilidad. Además, alertan sobre las implicaciones para quienes han trabajado informalmente o de manera intermitente, en especial mujeres, personas con discapacidad y personas trabajadoras independientes.
Por su parte, expertos en gerontología y derechos humanos han advertido que cualquier reforma debe respetar los principios de progresividad, no regresividad y el derecho a una vejez digna. «La sostenibilidad financiera no puede lograrse a costa de excluir a quienes ya enfrentan condiciones desiguales en el mundo del trabajo», indicó Eduardo Méndez, director de Costa Rica Mayor.
La propuesta de la SUPEN es un insumo técnico. La decisión final recaerá en la Junta Directiva de la CCSS, que deberá valorarla junto con otras recomendaciones. El debate apenas comienza y se espera que en los próximos meses se intensifique la discusión pública y legislativa sobre el futuro de las pensiones en el país.
