Proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa —Expediente 25.404— plantea que el Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), asuma la operación de rutas abandonadas
Por: Redacción Costa Rica Mayor.com
San José, 26 de Febrero del 2026. Las constantes cancelaciones y el abandono de rutas de autobús en Costa Rica se han vuelto una crisis silenciosa, particularmente para quienes dependen del transporte público por necesidad: las personas adultas mayores. La movilidad es un derecho fundamental que influye directamente en la calidad de vida, el acceso a la salud, la inclusión y la participación social. Pero cuando los buses desaparecen —especialmente en zonas rurales o en servicios de largo trayecto—, ese derecho se ve vulnerado de manera directa.
En las últimas semanas, organizaciones y autoridades han puesto sobre la mesa la crítica situación del transporte público. Un proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa —Expediente 25.404— plantea que el Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), asuma la operación de rutas abandonadas por las autobuseras privadas, garantizando así el servicio en comunidades que han quedado sin acceso al bus.
Viajar para sobrevivir
Para María Gómez*, de 72 años, vecina de Birrisito de Cartago, la falta de transporte significa más que incomodidad: significa riesgo. María requiere tratamiento de radioterapia en el Hospital México, en San José, y depende del transporte público para llegar a sus citas médicas.
“A veces tengo que esperar horas en la parada y el bus no pasa. O pasa tan tarde que llego al hospital cuando ya cerró la consulta. Si un taxi o un Uber costaran menos, tal vez lo usaría, pero muchas veces no puedo pagarlos. Me quedo en casa y pierdo mi tratamiento,” comparte con la voz entrecortada.
Sus palabras revelan una realidad que no es aislada: sin buses accesibles, las citas de salud, trámites y reunirse con la familia se vuelven una odisea, cuando no una verdadera barrera. María no es la única: según estudios de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), el abandono de rutas incrementa las brechas en desarrollo social, afectando especialmente zonas sin alternativas de transporte y usuarios con menor capacidad económica o movilidad reducida.
Derecho a la movilidad: Más que un concepto
El derecho a la movilidad es la garantía de que toda persona pueda desplazarse libremente dentro del territorio, con acceso a servicios básicos como salud, educación, trabajo y participación social. Para muchas personas mayores, cuyo acceso a ingresos es limitado y cuya movilidad física puede estar reducida, el transporte público no es un lujo: es una herramienta esencial de vida y dignidad.
Cuando una ruta de autobús desaparece, no solo se pierde un servicio: se pierde la oportunidad de participar plenamente en la vida comunitaria y de ejercer otros derechos humanos conectados, como el derecho a la salud o al trabajo. Esta interdependencia hace que la movilidad sea una piedra angular de la inclusión social.
¿Qué está pasando?
Eduardo Méndez, especialista en envejecimiento y vejez y director de Costa Rica Mayor, señala que la queja por el transporte público es una de las más frecuentes entre las personas adultas mayores con las que trabajan.
“Recibimos llamadas y mensajes diarios de adultos mayores que no pueden llegar a sus citas médicas, que han perdido empleo por falta de bus o que han tenido que renunciar a actividades comunitarias porque no hay cómo movilizarse. La falta de un servicio público de transporte digno y accesible profundiza la exclusión social y vulnera derechos que deberían ser básicos,” explica Méndez.
Sus observaciones coinciden con el llamado de diversos sectores que exigen no solo reformar leyes, sino implementar soluciones efectivas y sostenibles para personas que dependen del transporte público, especialmente en zonas rurales y periféricas donde las rutas abandonadas han dejado a comunidades enteras aisladas.
¿Qué sigue?
La discusión legislativa busca que el Estado garantice el transporte en zonas donde el servicio dejó de existir por motivos comerciales, asegurando que aspectos como tarifas, horarios, paradas y frecuencias no discriminen por razones geográficas o económicas. Para muchos adultos mayores, esta iniciativa podría ser la diferencia entre acceder o no a sus derechos básicos.
Hasta que ello ocurra, sin embargo, historias como la de María se repiten a lo largo y ancho del país, recordándonos que cuando una ruta de bus desaparece, también desaparece parte de la autonomía y dignidad de quienes más lo necesitan.
