Por: Redacción Costa Rica Mayor
San Jose, 07 de Enero 2026. La reciente resolución de la Sala Constitucional que ordena suspender el desalojo de dos personas adultas mayores en el cantón de Santo Domingo de Heredia marca un precedente relevante para la protección de los derechos humanos en la vejez en Costa Rica.
El caso involucra a dos personas adultas mayores que han habitado por décadas una finca hoy propiedad de la municipalidad, donde además han desempeñado labores como panteoneros del cementerio municipal. Ante la amenaza de desalojo sin una alternativa habitacional real y digna, la Sala IV acogió parcialmente un recurso de amparo y ordenó detener cualquier acción hasta que se les garantice una solución adecuada, articulada con instituciones como el CONAPAM y el IMAS.
Para Eduardo Méndez, Abogado, Director de Costa Rica Mayor, esta decisión refuerza el enfoque de derechos y es especialmente relevante por varias razones:
Primero, reafirma el derecho a una vivienda digna, reconocido tanto en la Constitución Política como en los instrumentos internacionales de derechos humanos, y subraya que este derecho no se debilita con la edad, sino que exige una protección reforzada cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad.
Segundo, la resolución reconoce el principio de dignidad humana, al señalar que las soluciones no pueden ser meramente temporales ni improvisadas. En la vejez, la estabilidad habitacional no es un privilegio, sino una condición básica para la salud, la autonomía y el bienestar integral.
Tercero, el fallo aplica el principio de corresponsabilidad institucional, al exigir la coordinación entre el gobierno local y las entidades del sistema de protección social. Esto envía un mensaje claro: los conflictos que afectan a personas adultas mayores no pueden resolverse únicamente desde una lógica administrativa o patrimonial, sino desde una mirada social, interinstitucional y centrada en la persona.
Finalmente, esta decisión visibiliza una realidad estructural del país: muchas personas adultas mayores envejecen en contextos de inseguridad habitacional, sin redes de apoyo ni recursos económicos suficientes. Casos como este recuerdan que envejecer con derechos implica que el Estado actúe de forma preventiva, humana y articulada, y no solo reactiva ante una emergencia judicial.
En Costa Rica Mayor, consideramos que este tipo de resoluciones fortalecen el camino hacia una sociedad que no solo envejece, sino que aprende a cuidar, respetar y garantizar derechos en la vejez.
