Por Redacción Costa Rica Mayor.
San José, Costa Rica – 11 noviembre 2025. El Régimen No Contributivo (RNC) de pensiones, administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), atraviesa una delicada situación financiera que pone en riesgo la estabilidad económica de miles de personas mayores, con discapacidad o en condición de pobreza extrema que dependen de este beneficio para subsistir.
De acuerdo con estimaciones de la CCSS, el fondo del RNC requiere ¢227.463 millones para 2026, pero únicamente dispone de ¢176.509 millones, lo que representa un déficit superior a los ¢50.000 millones. Este desequilibrio presupuestario podría comprometer el pago oportuno de las pensiones y limitar la incorporación de nuevos beneficiarios en el próximo año.
El RNC cubre actualmente a cerca de 150.000 personas, en su mayoría adultos mayores en situación de vulnerabilidad social. Para muchas de ellas, el monto mensual —de aproximadamente ¢100.000— constituye su único ingreso fijo. “Si este régimen falla, miles de personas quedarían sin medios para atender necesidades básicas como alimentación y medicamentos”, advirtió un Eduardo Méndez de Costa Rica Mayor.
La CCSS aprobó recientemente un presupuesto extraordinario por ¢50.458 millones destinado a cubrir compromisos de cierre de año, incluyendo el aguinaldo de los pensionados del RNC. Sin embargo, los expertos señalan que se trata de una medida temporal que no resuelve la falta estructural de financiamiento.
Organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos de las personas mayores han alertado sobre el impacto que este déficit podría tener en la garantía del derecho a una pensión digna, consagrado en la Constitución Política y en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
“El RNC no es una dádiva, es una expresión concreta del derecho a la seguridad social. Su debilitamiento representa un retroceso en la lucha contra la pobreza y la exclusión”, indicó Méndez.
La sostenibilidad del régimen dependerá de las decisiones presupuestarias que tome el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa en los próximos meses. Mientras tanto, el futuro de miles de personas mayores continúa en incertidumbre.
