Por Redacción Costa Rica Mayor
San José, 18 de mayo de 2025.
Una nueva propuesta legislativa ( proyecto de Ley 24.962) busca equilibrar la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia con el respeto a la dignidad de las personas adultas mayores. La iniciativa, presentada por la diputada oficialista Luz Mary Alpízar, plantea que el Estado asuma el pago de pensiones alimentarias en los casos en que las personas mayores de 65 años no puedan cumplir con esta obligación por razones económicas, legales o de fallecimiento.
El proyecto surge como respuesta a los cambios introducidos por el nuevo Código Procesal de Familia, que eliminó el apremio corporal para personas adultas mayores, es decir, la posibilidad de ser encarceladas por el incumplimiento de pensiones alimentarias. Esta reforma, pensada para garantizar un trato más justo y proporcional hacia esta población, dejó también un vacío en cuanto a los mecanismos para garantizar la protección económica de los menores beneficiarios.
“Actualmente, si una persona mayor de 65 años no tiene recursos y no puede pagar la pensión, el menor queda en una situación de desprotección”, explicó Alpízar. “Con esta propuesta buscamos que el Estado intervenga en estos casos, de forma temporal o permanente, previa verificación judicial o administrativa.”
¿Por qué es relevante esta propuesta?
Según datos del Tribunal Supremo de Elecciones, a junio de 2024 existían 10.564 personas adultas mayores que tenían al menos un hijo menor de edad registrado. La diputada Alpízar señaló que, en estos casos, es frecuente encontrar limitaciones económicas, inexistencia de bienes o ausencia de herederos solidarios.
La propuesta plantea que el Estado costarricense asuma esta responsabilidad subsidiaria únicamente en los casos en que:
-
El deudor mayor de 65 años no pueda ser obligado a pagar.
-
Exista imposibilidad económica comprobada.
-
Haya fallecido sin dejar bienes ni herederos obligados.
¿Cómo se financiaría esta medida?
El texto legislativo propone la creación de un fondo especial adscrito a una institución pública, el cual estaría alimentado por:
-
Un 0,05% del Impuesto Selectivo de Consumo y del Impuesto al Valor Agregado sobre productos de tabaco.
-
Partidas específicas del presupuesto nacional.
-
Aportes solidarios de instituciones públicas y privadas.
-
Donaciones voluntarias.
Un enfoque de corresponsabilidad y sostenibilidad
La iniciativa busca articular un modelo de corresponsabilidad intergeneracional y sostenibilidad financiera. Según la diputada, el proyecto está guiado por tres principios fundamentales: el interés superior de la niñez, el trato digno hacia las personas adultas mayores y la sostenibilidad de las políticas públicas.
“No se trata de eximir obligaciones, sino de encontrar soluciones humanas y fiscalmente responsables cuando las condiciones de la vida hacen imposible el cumplimiento”, sentenció Alpízar.
¿Qué sigue?
El proyecto deberá ahora ser asignado a comisión legislativa, donde iniciará su análisis técnico y jurídico. De avanzar, podría marcar un precedente importante en la protección social compartida y en la redefinición de los mecanismos de cumplimiento de obligaciones alimentarias en contextos de vejez.
Desde Costa Rica Mayor, seguiremos atentos a esta discusión que pone en el centro los desafíos del envejecimiento, la protección de la niñez y el papel del Estado como garante de derechos en todas las etapas de la vida.
