Por: Redacción Costa Rica Mayor
San José, Costa Rica,03 de septiembre de 2025. Una alerta crítica se ha encendido en el sistema de salud pública de Costa Rica. Según datos revelados esta semana por La Nación, el Gobierno acumula una deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que ya supera los ₡4,4 billones, afectando directamente el financiamiento de servicios esenciales para más de 420 000 personas en condición de vulnerabilidad, incluyendo una gran parte de la población adulta mayor.
De ese monto, al menos el 82 % corresponde al Seguro de Salud, pilar fundamental que permite a miles de personas adultas mayores acceder a consultas médicas, medicamentos, cirugías, terapias y otros tratamientos especializados. El riesgo no es menor: de mantenerse esta situación, las personas mayores en pobreza, dependencia o indigencia podrían enfrentar una disminución en la calidad y continuidad de los servicios de salud que reciben.
¿Qué está en juego?
Esta crisis no solo representa un reto financiero, sino una amenaza directa a los derechos fundamentales de las personas adultas mayores, entre ellos el derecho a la salud, a una vida digna y al acceso oportuno a servicios médicos sin discriminación por edad o condición socioeconómica.
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores —ratificada por Costa Rica— establece que los Estados deben garantizar servicios públicos de salud adecuados para este grupo poblacional. No cumplir con los traspasos presupuestarios a la CCSS viola ese compromiso internacional y pone en entredicho la voluntad política de priorizar el envejecimiento digno.
Un sistema al límite
El déficit proyectado para el 2026 es de ₡412 681 millones, cifra que compromete el funcionamiento de programas dirigidos a poblaciones no aseguradas o en pobreza extrema, donde se encuentran muchas personas mayores que viven solas, no cuentan con pensión, o tienen pensiones del régimen no contributivo que no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas.
Llamado a la acción
Es urgente que las autoridades nacionales tomen decisiones responsables, basadas en una visión de futuro y de justicia social, que garanticen el financiamiento sostenido del sistema de salud. Proteger el acceso a servicios para las personas adultas mayores no puede ser una opción, sino un imperativo ético, político y legal. Asegurar su atención médica y calidad de vida debe ser una prioridad del país.
Nuestro compromiso
Desde Costa Rica Mayor reafirmamos la importancia de poner en el centro del debate nacional a las personas adultas mayores, no como un “gasto” sino como sujetos de derechos que merecen vivir en plenitud, dignidad y con servicios públicos que estén a la altura de sus necesidades.
💬 ¿Qué opinás vos?
¿Creés que el Estado debería priorizar el financiamiento de la CCSS para garantizar los derechos de las personas adultas mayores?
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