Por: Redacción Costa Rica Mayor.com
El sistema de pensiones de Costa Rica vuelve a estar en el centro del debate público. En los últimos días, la Superintendencia de Pensiones (Supén) advirtió sobre la necesidad de aprobar reformas estructurales al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para garantizar su sostenibilidad en las próximas décadas.
Actualmente, el régimen del IVM paga pensiones a cerca de 393.000 personas jubiladas en Costa Rica, una cifra que continúa creciendo año con año como resultado del envejecimiento acelerado de la población. Este fenómeno demográfico —que implica más personas mayores viviendo más tiempo— representa un logro del desarrollo social del país, pero también plantea desafíos importantes para el financiamiento de la seguridad social.
Según las advertencias de la Supén, el sistema necesita reformas oportunas para asegurar que pueda seguir pagando pensiones en el futuro. Entre las medidas que se encuentran en discusión destacan varias opciones que han sido planteadas en distintos espacios técnicos y políticos.
Una de ellas es aumentar el número de cuotas necesarias para pensionarse, pasando de las actuales 300 a cerca de 360 cuotas. También se ha planteado incrementar las contribuciones al sistema, tanto por parte de trabajadores como de empleadores.
Otro de los temas que comienza a ganar espacio en la discusión es la posibilidad de crear una pensión básica universal, que garantice un ingreso mínimo para todas las personas adultas mayores, incluso para quienes no lograron cotizar lo suficiente durante su vida laboral.
Además, algunos sectores han planteado la necesidad de revisar el monto mínimo de las pensiones, con el fin de mejorar la protección económica en la vejez.
El debate cobra especial relevancia porque el régimen del IVM ya ha tenido que utilizar parte de sus reservas para pagar pensiones, algo que en proyecciones anteriores se esperaba que ocurriera varias décadas más adelante. Esto ha encendido las alertas entre especialistas en seguridad social, quienes insisten en que las decisiones deben tomarse con suficiente anticipación.
Para las personas adultas mayores, este tema no es solo una discusión técnica o financiera. Las pensiones constituyen la principal fuente de ingresos para cientos de miles de hogares en Costa Rica, y son una pieza clave para garantizar la autonomía, la dignidad y la calidad de vida en la vejez.
El desafío para el país consiste en encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad financiera del sistema y la protección social de una población que envejece cada vez más rápido. Según proyecciones demográficas, en las próximas décadas Costa Rica tendrá más personas mayores y menos trabajadores activos por cada pensionado, lo que obligará a repensar el modelo de seguridad social.
En ese contexto, el debate sobre el futuro del IVM no es únicamente una discusión sobre números. Es, sobre todo, una conversación sobre cómo Costa Rica quiere proteger a sus personas mayores en una sociedad que envejece.
