San José, 29 de mayo de 2025 | Por Redacción Costa Rica Mayor
A pesar de que Costa Rica cuenta con una de las leyes pioneras en derechos para las personas con discapacidad —la Ley 7600— miles de adultos mayores con discapacidad siguen enfrentando barreras visibles e invisibles en su día a día. Así lo evidencian los recientes datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que revelan que 676.310 personas viven con alguna discapacidad en el país, lo que representa un 17,2% de la población adulta.
En el marco del Día Nacional de la Persona con Discapacidad, surgen preguntas incómodas pero necesarias: ¿por qué siguen existiendo aceras imposibles de transitar? ¿Por qué en muchos servicios públicos aún no se cuenta con intérpretes, señalización accesible, o espacios adaptados? ¿Qué impide que los derechos plasmados en la Ley 7600 se cumplan a cabalidad, especialmente para quienes han envejecido con o adquirido una discapacidad?
Las barreras aún presentes
Las personas adultas mayores con discapacidad se enfrentan a múltiples formas de discriminación que no solo afectan su movilidad, sino también su autonomía, acceso a la salud, a la información, a la justicia, y a la participación social.
- Barreras físicas: Edificios públicos sin rampas adecuadas, transporte colectivo sin accesibilidad, centros de salud sin mobiliario adaptado.
- Barreras actitudinales: Trato infantilizante, invisibilización en decisiones familiares y comunitarias, y estigmatización por parte del entorno.
- Barreras institucionales: Largos tiempos de espera para recibir ayudas técnicas, falta de datos desagregados por edad y tipo de discapacidad para orientar políticas públicas, y ausencia de fiscalización efectiva del cumplimiento de la ley.
- Barreras tecnológicas y comunicativas: Escasa alfabetización digital adaptada, sitios web inaccesibles, y una brecha creciente en el acceso a servicios en línea.
Una ley con letra viva, pero aplicación limitada
Promulgada en 1996, la Ley 7600 sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad sentó un precedente en América Latina. Sin embargo, la falta de voluntad política sostenida y de presupuestos asignados limita su impacto real. Además, muchas veces las normativas no consideran el doble envejecimiento: el que ocurre cuando una persona con discapacidad envejece, o cuando una persona mayor adquiere una discapacidad por condiciones de salud o deterioro funcional.
Hacia un país accesible para todos
Envejecer con discapacidad en Costa Rica todavía significa sortear múltiples obstáculos para poder ejercer derechos básicos, se necesita dejar de ver la vejez y la discapacidad como temas separados; ambos se entrelazan y exigen respuestas integradas.
El envejecimiento de la población costarricense es una realidad: se proyecta que para el 2050, dos de cada cinco personas serán adultas mayores. Muchas de ellas vivirán con alguna forma de discapacidad. Esto demanda una planificación seria, interinstitucional y con enfoque gerontológico y de derechos humanos, que garantice ciudades accesibles, sistemas de salud integrales y oportunidades reales de participación social.
La inclusión de las personas adultas mayores con discapacidad no debe depender de voluntades aisladas, sino del cumplimiento de una ley que ya existe y que debe hacerse efectiva. Porque una sociedad verdaderamente inclusiva no es aquella que solo protege, sino la que garantiza condiciones para que todas las personas vivan con dignidad, autonomía y plenitud, en todas las etapas de la vida.
