Por Eduardo Méndez Vásquez — Abogado. Máster en Gerencia Social. Especialista en envejecimiento y vejez. Director de Costa Rica Mayor.
Costa Rica envejece más rápido de lo que sus instituciones asimilan. El país supera ya las 800.000 personas mayores de 60 años, más del 15% de la población total, con más de 130.000 personas de 80 años o más. Según proyecciones del INEC, el país tendrá aproximadamente un 43% de población adulta mayor en 2080, unos 32 puntos porcentuales más que en 2024. En ese contexto, la demencia deja de ser un asunto familiar para convertirse en un tema de derechos humanos y de política pública urgente.
Sin embargo, persiste una idea equivocada que genera exclusión cotidiana: creer que un diagnóstico de demencia extingue la condición jurídica de una persona. Nada más alejado de la realidad legal costarricense.
Demencia en Costa Rica: un problema de derechos, no solo de salud
Cuando la familia escucha «Alzheimer» o «demencia vascular», la respuesta instintiva suele ser tomar el control: de las cuentas, de las decisiones médicas, de la vida entera de esa persona. Esta reacción, aunque comprensible, puede constituir una violación directa de derechos.
El enfoque vigente del derecho internacional —incorporado al ordenamiento costarricense con rango superior a la ley ordinaria según el artículo 7 de la Constitución Política— es claro: las personas con demencia siguen siendo titulares plenos de derechos humanos. Eso incluye el derecho a la dignidad, a la autonomía, a la vida privada y a participar en las decisiones que afectan su existencia.
La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (N° 7935) y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad (N° 9379) refuerzan ese principio: el deterioro cognitivo no elimina la capacidad jurídica, sino que exige apoyos adecuados para su ejercicio.
Los derechos que la ley garantiza: no son opcionales
Las personas con demencia en Costa Rica tienen derechos exigibles hoy, no aspiraciones para el futuro. Tienen derecho a recibir atención médica oportuna y especializada, a ser protegidas contra toda forma de violencia o abuso patrimonial, y a participar —dentro de sus posibilidades— en las decisiones sobre su salud y su vida. Tienen derecho a información clara sobre su condición, a mantener su independencia el mayor tiempo posible y a permanecer en su entorno familiar y comunitario. Tienen también derecho a no ser discriminadas por edad o condición cognitiva, a que su historia de vida sea respetada y a acceder a tratamientos, terapias y cuidados de calidad en la red pública.
Estos derechos no admiten demora ni excepción.
La salvaguardia: el mecanismo legal que pocas familias conocen
El proceso de salvaguardia, regulado por la Ley N° 9379, se ha convertido en el mecanismo clave para garantizar que los adultos mayores con discapacidad cognitiva o psicosocial puedan tomar decisiones informadas y recibir el apoyo necesario sin que se les prive de su capacidad jurídica.
A diferencia del viejo modelo de interdicción —que declaraba a la persona «incapaz» y la borraba del mapa legal—, la salvaguardia no sustituye a la persona: la acompaña. Implica supervisión, proporcionalidad y revisión periódica. Cualquier intervención debe ser la mínima necesaria para proteger sus intereses, siempre respetando su voluntad.
Este es el cambio de paradigma más importante del derecho costarricense en materia de vejez en los últimos veinte años. Y la gran mayoría de familias no sabe que existe.
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Los desafíos que el sistema aún no resuelve
El marco jurídico existe. El problema es que llega tarde, cuando llega. Según datos del INEC, al menos un 64% de la población de 65 años y más requiere de algún tipo de asistencia en movilidad, labores domésticas o cuidado personal, y en el 51,6% de los casos esa asistencia recae en miembros del mismo hogar. Ageco Las listas de espera en neurología, la escasez de especialistas en demencia y la sobrecarga de las familias cuidadoras —que en su mayoría son mujeres— siguen siendo brechas estructurales que ninguna ley corrige por sí sola.
A esto se suma un problema cultural persistente: la tendencia a priorizar el control sobre la autonomía. A tomar decisiones por la persona en lugar de con ella.
Un llamado que no puede esperar
Costa Rica tiene el andamiaje legal. Lo que falta es voluntad institucional para aplicarlo y cultura social para respetarlo. Defender los derechos de las personas con demencia no es una tarea técnica. Es un acto de humanidad y una prueba de coherencia de una sociedad que dice valorar a sus mayores.
Porque al final, la pregunta no es jurídica. Es profundamente ética: ¿cómo queremos ser tratados cuando llegue ese momento?
La respuesta debería ser clara: con dignidad, con respeto y con todos nuestros derechos intactos.
