Por: Redacción www.costaricamayor.com
San José, Costa Rica. 4 de Abril de 2026. Esta semana uninforme de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica encendió una señal de alerta sobre el control y supervisión de los hogares para personas adultas mayores en el país, al evidenciar inconsistencias entre los registros del Ministerio de Salud de Costa Rica y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor.
La investigación revela que ambas instituciones manejan datos distintos sobre centros con órdenes sanitarias activas, lo que plantea dudas sobre la capacidad real del Estado para garantizar condiciones adecuadas de atención y resguardo para una población en condición de vulnerabilidad.
Este tipo de órdenes no son un trámite menor. Se emiten cuando existen incumplimientos en aspectos críticos como salubridad, infraestructura, seguridad o calidad en la atención. En ese sentido, la falta de coincidencia en los registros institucionales no solo refleja un problema administrativo, sino una posible brecha en el seguimiento efectivo de estos casos.
La situación adquiere mayor relevancia al considerar que los hogares de larga estancia cumplen una función esencial dentro del sistema de cuido, especialmente para personas mayores que requieren apoyo permanente. Cuando la supervisión falla o se fragmenta, el riesgo no es abstracto, sino concreto: se traduce en posibles afectaciones a la salud, la dignidad y la calidad de vida de quienes residen en estos espacios.
El informe también apunta a situaciones en las que centros reportados por una institución no figuran en los registros de otra, así como casos en los que no se evidenció un seguimiento oportuno ante alertas previamente identificadas. Este tipo de inconsistencias debilita la trazabilidad de la información y limita la capacidad de respuesta del Estado.
Más allá de los hallazgos puntuales, el caso evidencia un problema estructural en la gobernanza del sistema de atención a personas adultas mayores en Costa Rica. Actualmente, la supervisión de estos centros recae en distintas entidades con competencias diferenciadas, lo que exige mecanismos sólidos de articulación que, según lo señalado por la Defensoría, no están funcionando de manera adecuada.
Costa Rica cuenta con un marco jurídico robusto para la protección de los derechos de las personas mayores, respaldado por la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor No. 7935 y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Sin embargo, este caso vuelve a poner sobre la mesa un desafío recurrente en la gestión pública: la brecha entre la normativa existente y su implementación efectiva.
En un contexto donde el envejecimiento poblacional avanza de forma sostenida, las debilidades en los sistemas de control y supervisión adquieren un carácter estratégico. La demanda de servicios de cuido seguirá creciendo en los próximos años, lo que hace indispensable contar con estructuras institucionales articuladas, transparentes y orientadas a resultados.
El señalamiento de la Defensoría no solo identifica fallas, sino que también abre la puerta a una discusión más amplia sobre la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional, mejorar los sistemas de información y garantizar mecanismos de fiscalización más eficaces.
El cuidado de las personas adultas mayores no puede depender de registros incompletos ni de procesos desconectados. En una sociedad que envejece, asegurar condiciones dignas de atención no es solo una obligación legal, sino un compromiso ético y social que define el tipo de país que Costa Rica aspira a ser.
