Por: Eduardo Méndez – Abogado, Director de Costarica.com
El abandono de personas mayores es una de las formas más dolorosas de violencia silenciosa que vivimos en Costa Rica. Las razones detrás de este problema son múltiples: dificultades económicas, cambios en la estructura familiar, enfermedades crónicas, falta de conciencia social, discriminación por edad e incluso problemas de salud mental en los cuidadores. Sin embargo, ninguna de estas razones justifica dejar a una persona mayor a su suerte.
El Código Penal costarricense ya lo considera un delito en su artículo 142 bis, estableciendo sanciones que van desde multas hasta penas de prisión que pueden llegar a diez años, dependiendo de las consecuencias del abandono. La pregunta es inevitable: ¿es suficiente la cárcel para resolver este problema?
El proyecto de ley Expediente 24.244
Actualmente se discute en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley Expediente 24.244, que busca endurecer las sanciones por abandono de personas adultas mayores. La propuesta reforma el artículo 142 bis para aumentar las penas, sobre todo en los casos en que el abandono ponga en riesgo la vida, la salud o el bienestar de la persona mayor. El mensaje del proyecto es claro: la sociedad no puede tolerar la negligencia ni la indiferencia hacia sus personas mayores. Pero surge la duda: ¿endurecer las penas solucionará el problema de raíz o solo dará una respuesta punitiva?
A favor de la cárcel
Quienes apoyan el aumento de penas sostienen que la amenaza de una sanción busca disuadir a quienes podrían cometer este delito. Además, la cárcel envía un mensaje de justicia para la víctima, reconociendo la gravedad del daño sufrido. En este sentido, el proyecto 24.244 refuerza esta visión al elevar las penas en casos donde la vida o salud de la persona mayor están en peligro.
En contra de la cárcel
Los críticos de esta medida argumentan que castigar con prisión no cambia las conductas cuando la raíz del problema es la pobreza o la falta de apoyos. También señalan que encarcelar a un cuidador puede dejar a la familia sin ingresos y empeorar la situación de la persona adulta mayor. A esto se suma que el abandono muchas veces surge por falta de servicios comunitarios, programas de salud o redes de apoyo, lo que evidencia que se trata de un problema estructural. Finalmente, si la persona sancionada era el principal cuidador, la sanción puede dejar aún más vulnerable al adulto mayor.
Hacia un enfoque integral
Endurecer las penas puede enviar un mensaje simbólico importante, pero no resuelve el problema de fondo. Lo verdaderamente necesario es brindar apoyo económico y social a las familias cuidadoras, fortalecer los servicios de atención domiciliaria y comunitaria, impulsar campañas contra el edadismo y la discriminación, y establecer protocolos interinstitucionales que permitan detectar a tiempo las situaciones de abandono.
Conclusión
El Expediente 24.244 representa la voluntad del Estado de actuar con mayor severidad contra el abandono de las personas adultas mayores. Sin embargo, la cárcel, aunque necesaria en los casos graves, no es la solución suficiente. La verdadera respuesta está en la prevención, en garantizar apoyos, servicios y políticas públicas que permitan que las personas adultas mayores vivan con dignidad, seguridad y acompañamiento. Solo así dejaremos de reaccionar al abandono para empezar a evitarlo.
