Por: Eduardo Méndez: Abogado,Máster en Gerencia Social, especialista en envejecimiento y vejez. Director de Costa Rica Mayor.
San José, 17 de Enero del 2026. Costa Rica atraviesa una transformación demográfica profunda y sostenida: el envejecimiento de su población ya no es una proyección futura, sino una realidad que impacta los sistemas de salud, pensiones, cuidados, vivienda y participación social. Sin embargo, una revisión detallada de los planes de gobierno presentados para las elecciones nacionales 2026–2030 muestra que, en términos generales, el envejecimiento y la vejez no ocupan un lugar central ni transversal en la mayoría de las propuestas presidenciales, sino que aparecen de manera parcial, sectorial o marginal.
Planes con acciones específicas para personas adultas mayores
Solo un número reducido de partidos incorpora acciones concretas, capítulos específicos o políticas claramente dirigidas a la población adulta mayor.
La Coalición Agenda Ciudadana (PAC–ADN) plantea medidas puntuales como programas de envejecimiento activo, coordinados con municipalidades, el ICODER y la CCSS, orientados a la participación, la salud y la productividad en la vejez. Además, propone la hipoteca inversa como instrumento financiero para personas adultas mayores propietarias de vivienda pero con ingresos insuficientes, con regulación bancaria y acompañamiento en educación financiera
[Coalición Agenda Ciudadana – Bienestar para todas las personas].
El Partido Progreso Social Democrático (PSD) es el único que dedica un capítulo exclusivo al adulto mayor, reconociendo explícitamente el cambio demográfico y sus impactos sociales. Su plan propone un Sistema Nacional de Cuidados Dignos, salud integral especializada, erradicación del edadismo, prevención de la violencia y fortalecimiento del órgano rector en materia de vejez, con participación activa de las personas adultas mayores en la toma de decisiones.
Por su parte, el Partido Liberal Progresista (PLP) plantea una transformación del enfoque sanitario hacia un modelo de envejecimiento saludable, comunitario y preventivo, liderado por el Ministerio de Salud y el CONAPAM. Incluye la creación de Centros Integrados de Promoción de la Salud y Autonomía Funcional, un sistema nacional de vigilancia del estado de salud de la persona adulta mayor y la formación gerontológica del personal de salud, así como un “Sello de Buen Trato” para instituciones y servicios. Esto último ni siquiera es competencia de lo público si no que se gestiona desde la consultoría privada.
El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) dedica una sección específica a las personas adultas mayores, donde reconoce el envejecimiento como uno de los principales desafíos demográficos del país. Su plan aborda temas como pobreza en la vejez, discapacidad, abandono, negligencia y violencia, y plantea la necesidad de promover la inclusión social, comunitaria y productiva de esta población
El Partido Avanza incorpora a las personas adultas mayores como población prioritaria dentro de su estrategia de reducción de la pobreza extrema, incluyendo la ampliación de pensiones no contributivas y el fortalecimiento de la atención domiciliaria para personas con enfermedades crónicas. No obstante, estas acciones aparecen integradas a la política social general y no como un eje específico de envejecimiento
[Avanza – Desarrollo social y reducción de la pobreza].
El plan de gobierno del Frente Amplio, encabezado por Ariel Robles, reconoce de manera explícita el acelerado proceso de envejecimiento poblacional en Costa Rica, incorporando datos demográficos que señalan el aumento sostenido de la población mayor de 65 años y la presión que esto genera sobre los sistemas de salud, pensiones y cuidados. El FA propone fortalecer un Sistema Nacional de Cuidados con enfoque de derechos, que incluya de forma expresa a las personas adultas mayores, así como pensiones universales para personas mayores de 65 años en condición de pobreza y vulnerabilidad, el fortalecimiento del Régimen No Contributivo y la atención especializada a personas adultas mayores en situación de calle. Su abordaje se centra principalmente en la protección social, los cuidados y la seguridad social, aunque el envejecimiento no se desarrolla como un eje transversal que atraviese todas las políticas públicas del plan. Además el plan reconoce la figura del Cuidador de personas adultas mayores.
La vejez como tema secundario en la mayoría de los planes
En contraste, la mayoría de los planes de gobierno no presenta acciones específicas dirigidas a las personas adultas mayores. En varios casos, la vejez aparece únicamente asociada a pensiones, salud o pobreza, sin un enfoque diferenciado ni una visión integral del envejecimiento como fenómeno estructural.
Planes como los de Liberación Nacional, Nueva República, Unidos Podemos, Pueblo Soberano, Aquí Costa Rica Manda, Nueva Generación, Justicia Social Costarricense, Esperanza Nacional, Esperanza y Libertad, Integración Nacional, Centro Democrático y Social, Alianza Costa Rica Primero y Unión Costarricense Democrática no desarrollan el envejecimiento como eje transversal, ni incluyen programas específicos de autonomía, participación social, prevención del edadismo o adaptación del país a una sociedad longeva.
Lenguaje y sesgos: el caso del término “demencia senil”
En el plan de gobierno de Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, se identifica el uso del término “demencia senil”. Este concepto resulta problemático porque asocia de forma directa y generalizada el deterioro cognitivo con la vejez, reforzando estereotipos negativos sobre el envejecimiento. En los enfoques contemporáneos de salud y derechos humanos, se reconoce que no todas las personas mayores desarrollan deterioro cognitivo y que las demencias son condiciones clínicas específicas, no una consecuencia natural ni inevitable de la edad. El uso de este término puede interpretarse como un sesgo edadista, al vincular vejez con enfermedad y dependencia de manera indiscriminada
Acciones ya existentes y continuidad de políticas
Otro elemento transversal del análisis es que muchas de las acciones propuestas por los distintos partidos ya existen o han sido implementadas parcialmente, en especial durante los últimos gobiernos. Programas de cuidados, pensiones no contributivas, atención domiciliaria, redes comunitarias, políticas de envejecimiento activo y marcos normativos para la protección de las personas adultas mayores no son iniciativas nuevas, sino que forman parte del andamiaje institucional vigente. Sin embargo, los planes de gobierno rara vez evalúan de forma crítica por qué estas políticas no han sido suficientes, ni proponen transformaciones estructurales acordes con la magnitud del cambio demográfico.
Un eje transversal aún ausente
En conjunto, los planes de gobierno muestran que el envejecimiento poblacional no ha sido analizado con la profundidad necesaria para proponer cambios estructurales en áreas como infraestructura, salud, transporte, vivienda, digitalización, empleo, ordenamiento territorial o participación democrática. A pesar de reconocer la presión del envejecimiento sobre la CCSS y los sistemas de pensiones, no se observa una visión país que asuma el envejecimiento como un factor central del desarrollo nacional y las consecuencia de no hacerlo.
Las personas adultas mayores como realidad demográfica y electorado
Algunos planes reconocen explícitamente la magnitud del cambio demográfico. El PUSC señala que la población mayor de 65 años pasará de alrededor del 11% a cerca del 25% en las próximas décadas, mientras que el PSD advierte que hacia 2050 casi un tercio de la población costarricense será adulta mayor.
Estas cifras, incluidas en los propios planes, evidencian que las personas adultas mayores ya constituyen un grupo poblacional numeroso y en crecimiento, con peso social, económico y político. Como electorado, representan un sector con alta participación cívica y con capacidad de incidir de manera determinante en el rumbo del país.
La revisión de los planes de gobierno sugiere que, aunque el envejecimiento y la vejez están presentes en el discurso político, no han sido analizados con la profundidad ni la centralidad que exige la transformación demográfica que vive Costa Rica. El tema aparece fragmentado, con propuestas mayoritariamente asistenciales, sin innovación social y con escasa reflexión sobre los cambios estructurales que el país requiere para enfrentar una sociedad cada vez más longeva.
