Por la redacción de Costa Rica Mayor. Vía Nación.com
Lunes 12 de mayo de 2025
Costa Rica se enfrenta a una amenaza inminente: los dos principales fondos de pensiones del país —el del régimen IVM de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el del Poder Judicial— podrían agotar sus reservas entre los años 2047 y 2050. Esta “tormenta perfecta” dejaría al Estado costarricense con la obligación de cubrir los pagos de pensiones, poniendo una carga sin precedentes sobre el presupuesto nacional y sobre los contribuyentes.
El IVM: camino a la insolvencia
Según los estudios actuariales más recientes, el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS enfrentaría un déficit inicial de ¢2,36 billones en el primer año sin reservas. Para el cuarto año, la situación escalaría a ¢21,3 billones, casi la mitad del Producto Interno Bruto actual del país.
Este fondo sostiene actualmente a más de 378 mil personas jubiladas y depende de las cotizaciones de 1,7 millones de trabajadores activos y más de 78 mil patronos. Sin embargo, esas contribuciones ya no son suficientes para cubrir las obligaciones del sistema.
Poder Judicial: alto costo para pocos beneficiarios
Por su parte, el fondo de jubilaciones del Poder Judicial proyecta un déficit de ¢173.564 millones en su primer año sin respaldo, y de hasta ¢1 billón cuatro años después. Aunque es un régimen con menos beneficiarios —4.236 pensionados y casi 14 mil empleados activos—, su déficit actuarial cerró el 2024 en ¢787.151 millones, un 24% más que el año anterior.
Este fondo, criticado por su carácter exclusivo y por contar con beneficios altos, no ha implementado ninguna de las reformas recomendadas por estudios técnicos desde 2019.
Hacienda advierte: “Es imposible cubrir ambos déficits”
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, fue claro: “Es imposible, sin un aumento de ingresos importante, cubrir esos montos”. El funcionario insistió en la urgencia de una reforma integral de los regímenes básicos y lamentó la falta de acción legislativa, como la reciente aprobación de una jubilación anticipada para oficiales del OIJ que fue vetada por el presidente Rodrigo Chaves.
Medidas que no alcanzan
La última reforma del IVM, en vigor desde enero de 2024, eliminó el retiro anticipado para hombres y aumentó la edad para mujeres de 60 a 63 años. Pero la Supén considera que estas medidas fueron insuficientes.
Un documento interno de la CCSS propone ahora subir la edad de pensión de 65 a 70 años y reducir el porcentaje del salario recibido como pensión al 40%. La Junta Directiva de la institución analiza estas propuestas, que podrían presentarse en octubre.
¿Y los cambios en el Poder Judicial?
La Junta Administradora del fondo judicial ha sido reticente a aplicar reformas. Aunque señala que está analizando posibles cambios, no ha presentado medidas concretas. Uno de los ajustes más visibles ha sido diversificar las inversiones y colocar parte de los fondos en mercados internacionales desde 2021.
¿Qué dice la Constitución?
El artículo 177 de la Constitución Política obliga al Estado a financiar las pensiones si los sistemas se quedan sin fondos. Esto significa que los déficits se trasladarían directamente al Presupuesto Nacional, con impacto en todos los ciudadanos.
¿Qué está en juego?
Millones de personas trabajadoras y adultas mayores están en riesgo si no se actúa con urgencia. La sostenibilidad de las pensiones es una prioridad social, no solo fiscal. El envejecimiento poblacional y la falta de decisiones políticas claras amenazan con desmantelar una de las conquistas sociales más importantes del país.
