Por Lic. Eduardo Méndez, Máster en gerencia social. Especialista en envejecimiento y vejez.
27 de Julio de 2025. Costa Rica, como buena parte del mundo, ha construido su modelo social sobre la fantasía de la autosuficiencia. Nos cuesta aceptar, individual y colectivamente, que somos seres interdependientes, vulnerables por naturaleza, y que el cuidado no es una opción ni una generosidad, sino una condición esencial para sostener la vida. En la vejez, esta verdad se revela con especial claridad. Por eso, hablar del derecho al cuidado no es solo una discusión técnica o económica, sino una cuestión de dignidad, justicia y responsabilidad social.
Reconocer el cuidado como un derecho humano implica entender que todas las personas, sin importar edad, género, condición socioeconómica o situación de dependencia, tienen derecho a recibir cuidados adecuados, a cuidar sin sacrificios injustos y a ejercitar el autocuidado en condiciones justas. Sin embargo, este derecho ha sido históricamente invisibilizado en las políticas públicas y prácticas institucionales.
Durante décadas, el cuidado ha sido asumido casi exclusivamente por mujeres, especialmente en el entorno familiar, sin remuneración ni reconocimiento. Esta situación perpetúa la desigualdad de género y condena a muchas cuidadoras —incluidas mujeres adultas mayores— a una vejez sin ingresos, protección social o espacios de descanso.
A pesar de algunos avances institucionales como el Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos (SINCA) y la Política Nacional de Cuidados 2021-2031, el enfoque dominante aún es asistencial, fragmentado y con una cobertura limitada. El cuidado sigue siendo visto muchas veces como una responsabilidad privada o un favor familiar, más que como un derecho exigible respaldado por el Estado.
Este enfoque limitado tiene consecuencias reales. En la última década, según cifras del CONAPAM y del Ministerio de Salud, los casos de abandono de personas adultas mayores en Costa Rica pasaron de 150 en el año 2014 a más de 1.050 en 2024, lo que representa un aumento superior al 600 %. Se estima además que muchos casos no llegan a denunciarse formalmente, por lo que el fenómeno podría ser aún mayor. La mayoría de las personas afectadas son mujeres mayores con alguna condición de deterioro físico o cognitivo, que han sido dejadas solas o institucionalizadas sin acompañamiento familiar.
El abandono no solo es una tragedia personal: constituye una forma de violencia estructural y una violación al derecho al cuidado. No se trata únicamente de la ausencia de una persona cuidadora, sino de la falta de un sistema público que garantice apoyo, protección y acompañamiento para quienes más lo necesitan. Cuando el Estado no actúa con eficacia ante esta realidad, se consolida una forma de negligencia social que debe interpelarnos como sociedad.
El desafío se vuelve aún más apremiante cada día. En los últimos 25 años, la población de personas de 80 años o más se triplicó en Costa Rica. En el año 2000 representaban apenas el 1,07% de la población; hoy, en 2025, ya constituyen el 2,41%; y para el año 2050 se estima que alcanzarán el 8,65%. Además, el 56,63% de esta población corresponde a mujeres, lo cual refuerza la necesidad de incorporar el enfoque de género en las políticas de cuidado. A pesar de esta realidad, el propio medio advierte que el sistema de salud no está preparado para soportar la presión del cambio demográfico, una opinión que comparten múltiples expertos.
Para las personas adultas mayores, esta omisión tiene impactos profundos. No se trata únicamente de suplir necesidades básicas, sino de asegurar que puedan envejecer con dignidad, permanecer en sus hogares si así lo desean, tener acceso a servicios personalizados y ser reconocidas como ciudadanas plenas, no como una carga para el sistema.
El cuidado no puede seguir siendo un privilegio condicionado por la capacidad económica o por la existencia de una red familiar. Debe entenderse como un componente fundamental del bienestar colectivo, como parte del entramado social que permite el desarrollo de una democracia real y sostenible. Garantizarlo implica una corresponsabilidad entre hombres y mujeres, entre el ámbito público y el privado, entre familias, comunidades, empresas y el Estado.
Esto exige acciones reales, inversiones sostenidas, legislación clara, sistemas de monitoreo, profesionalización de los cuidadores y una transformación cultural que valore los vínculos humanos por encima de los parámetros de productividad.
Hablar del derecho al cuidado no es una moda ideológica ni un capricho teórico. Es una urgencia ética en un país que envejece rápidamente y que aún no ha logrado responder adecuadamente a las necesidades de quienes construyeron el presente que habitamos.
El futuro de Costa Rica no se medirá únicamente por su crecimiento económico o su digitalización. Se medirá, sobre todo, por cómo trata a sus personas mayores. Apostar por una sociedad del cuidado es apostar por un país más justo, más humano y digno para todas las etapas de la vida. Y es, también, la mejor forma de prepararnos para un envejecimiento colectivo que ya no es futuro, sino realidad presente.
Eduardo Méndez es Abogado, Máster en Gerencia Social y especialista en envejecimiento y vejez. Es activista por los derechos de las personas adultas mayores. Desde el año 2025 es Director de Costa Rica Mayor.com
