Por: Eduardo Méndez, Director de Costa Rica Mayor . 23 de diciembre de 2025
El Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) atraviesa uno de los momentos más decisivos de su historia reciente. La posibilidad de usar reservas para pagar pensiones, el anuncio de una reforma para 2026 y el crecimiento récord de personas pensionadas— no son hechos aislados. Son señales claras de un sistema que enfrenta el choque entre un diseño institucional del pasado y una realidad demográfica profundamente transformada.
Hablar del IVM no es hablar únicamente de números, déficits o proyecciones actuariales. Es hablar del derecho a la seguridad social, de la dignidad en la vejez y de la forma en que Costa Rica responde a una población que envejece aceleradamente.
Desde una perspectiva jurídica, el IVM se sostiene sobre un pilar fundamental: el derecho constitucional a la seguridad social y los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de derechos humanos de las personas mayores. La pensión no es una concesión ni un beneficio gracioso del Estado; es un derecho adquirido a lo largo de la vida laboral. Por eso, cualquier discusión sobre su financiamiento o reforma debe partir del principio de progresividad y del deber estatal de garantizar su sostenibilidad sin retrocesos injustificados.
La posibilidad de que la Caja Costarricense de Seguro Social recurra a las reservas del IVM para cumplir con el pago de pensiones al cierre de 2025, debido al incumplimiento de aportes por parte del Estado, representa una alerta que no puede minimizarse. Jurídicamente, trasladar el peso del incumplimiento fiscal a un fondo destinado a proteger a las personas adultas mayores erosiona la seguridad jurídica del sistema. Gerontológicamente, genera incertidumbre en una etapa de la vida donde la estabilidad económica es un determinante clave del bienestar físico, emocional y social.
El crecimiento proyectado del número de personas pensionadas bajo el IVM, que alcanzará casi 400.000 en 2026, confirma una realidad innegable: Costa Rica ya es un país envejecido. Este dato, lejos de ser una amenaza, es el reflejo de décadas de avances en salud y esperanza de vida. Sin embargo, también evidencia que el sistema de pensiones fue concebido para una estructura poblacional que ya no existe. El problema no es que haya más personas mayores, sino que no se haya ajustado oportunamente el modelo de protección social a esta nueva longevidad.
El anuncio de una reforma al IVM para 2026 abre un debate necesario, pero también delicado. Desde el derecho, cualquier reforma debe respetar la confianza legítima de quienes están próximos a jubilarse y evitar cambios abruptos que comprometan proyectos de vida ya planificados. Desde la gerontología, una reforma que no considere las condiciones reales del mercado laboral para personas mayores de 50 años puede traducirse en jubilaciones tardías, precarización y mayor riesgo de pobreza en la vejez.
En este debate hay un elemento que sigue ausente: la vejez como etapa plena de derechos. La discusión pública continúa centrada en balances financieros, mientras se invisibiliza que detrás del IVM hay personas que dependen de esa pensión para decidir dónde vivir, cómo cuidarse, si pueden mantenerse autónomas o si deberán depender de sus familias o del sistema de cuido institucional. Reducir el IVM a una ecuación económica es desconocer su impacto directo en la calidad de vida y en la dignidad humana.
Costa Rica necesita, con urgencia, un cambio de enfoque. El futuro del IVM no se resolverá únicamente con ajustes técnicos. Requiere responsabilidad fiscal real del Estado, políticas de empleo digno para personas mayores, educación previsional temprana y una visión integral de la vejez como parte central del desarrollo social. La sostenibilidad del sistema de pensiones no es solo un desafío financiero; es una prueba de cómo el país valora a quienes construyeron su presente.
Desde Costa Rica Mayor, sostenemos que defender el IVM es defender el derecho a envejecer con seguridad, autonomía y dignidad. El debate apenas comienza, y debe darse con información, con enfoque de derechos y con la voz de las personas adultas mayores en el centro.
