Por: Costa Rica Mayor .23 de julio de 2025
El reciente cierre temporal de un hogar de larga estancia para personas adultas mayores en la comunidad de Miramar de Puntarenas, realizado por el Ministerio de Salud de Costa Rica, ha reactivado el debate nacional sobre la calidad de los cuidados institucionales. Según el comunicado oficial de la entidad, la decisión se tomó tras una inspección sanitaria que concluyó en la emisión de una orden sanitaria de cierre temporal, como medida preventiva para resguardar la integridad de las personas residentes y del personal.
Esta acción forma parte del ejercicio de las competencias del Ministerio de Salud, el cual actúa conforme a la normativa vigente cuando identifica situaciones que podrían representar riesgos para la salud o el bienestar de la población atendida.
Este hecho nos invita a una reflexión profunda como país: ¿estamos garantizando la calidad, dignidad y seguridad en los cuidados que reciben nuestras personas mayores en los hogares de larga estancia?
La vejez merece respeto, cuidado y protección
Costa Rica ha logrado avances significativos en el reconocimiento de los derechos de las personas adultas mayores, entre ellos la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. No obstante, los servicios de atención de larga estancia —tanto públicos como privados— enfrentan desafíos importantes en materia de equidad, supervisión continua y mejora de la calidad.
Existen centros que brindan atención con calidez, ética y compromiso. Sin embargo, también se han señalado dificultades estructurales, de formación y de sostenibilidad que exigen atención prioritaria por parte de los órganos responsables.
¿Qué estándares regulan estos centros?
Los hogares de larga estancia deben cumplir con las disposiciones establecidas por el Ministerio de Salud y el CONAPAM, incluyendo:
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Personal técnico y profesional capacitado en atención geriátrica y gerontológica.
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Infraestructura segura, higiénica y adaptada a las necesidades funcionales de la población residente.
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Protocolos de atención integral, de emergencia, y garantía de los derechos humanos.
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Planes individualizados que promuevan la autonomía, participación y bienestar emocional.
Además, existen procesos de acreditación y certificación voluntaria, basados en estándares gerontológicos de calidad, que buscan reforzar una atención centrada en la persona y en el respeto a su dignidad.
Sin embargo, la implementación de estos procesos todavía presenta importantes disparidades entre instituciones, especialmente cuando se carece de recursos técnicos o financieros.
Supervisión: de lo reactivo a lo preventivo
La intervención realizada en el centro de Miramar por parte del Ministerio de Salud pone en evidencia la relevancia de las funciones de vigilancia sanitaria y la necesidad de fortalecer mecanismos de supervisión preventiva. Si bien la actuación del Ministerio fue oportuna, la experiencia también señala la importancia de contar con alertas tempranas, seguimiento continuo y sistemas de reporte accesibles.
La supervisión institucional no debe entenderse únicamente como fiscalización o sanción, sino también como un acompañamiento técnico que promueva la mejora continua, la formación del personal y la protección efectiva de los derechos de las personas adultas mayores.
¿Qué se puede mejorar?
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Reforzar los mecanismos de fiscalización preventiva, incluyendo visitas periódicas, auditorías de calidad y evaluación participativa.
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Consolidar un sistema nacional de evaluación de calidad del cuidado, incorporando no solo indicadores técnicos, sino también la percepción y satisfacción de las personas residentes.
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Asegurar la formación continua del personal, especialmente en temas de bioética, derechos humanos, atención centrada en la persona y gestión del cuidado.
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Crear rutas de mejora asistida, orientadas a hogares que requieran acompañamiento para alcanzar los estándares mínimos de calidad.
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Promover espacios de denuncia seguros y eficaces, para que familiares, trabajadores y personas residentes puedan reportar inquietudes sin temor a represalias.
La calidad del cuidado es un compromiso país
La protección integral de las personas adultas mayores no puede recaer exclusivamente en la familia o en los hogares institucionales. Se trata de un compromiso compartido del Estado, la sociedad civil, las comunidades y cada ciudadano o ciudadana.
Los servicios de larga estancia deben ser espacios de vida digna, y no meramente lugares de alojamiento o vigilancia. Lo ocurrido en Puntarenas puede y debe convertirse en una oportunidad para fortalecer los sistemas de cuidado, garantizar derechos y avanzar hacia un modelo más humano y respetuoso de la vejez.
