Por: Redacción Costa Rica Mayor. Colabora: Eduardo Méndez, Abogado. | 10 de diciembre de 2025
Costa Rica llega al cierre del 2025 con una paradoja profunda: aunque el país cuenta con uno de los marcos legales más avanzados de América Latina para proteger a las personas adultas mayores —incluyendo la Ley Integral de la Persona Adulta Mayor, la Convención Interamericana y un sistema de cuidados en construcción— la realidad demuestra que los derechos humanos en la vejez todavía no se viven plenamente.
El año estuvo marcado por campañas oficiales, alertas institucionales, cierres de hogares, denuncias mediáticas y una creciente exigencia pública para que la vejez sea tratada con dignidad. La conversación nacional cambió, pero los desafíos siguen siendo enormes.
Un país que envejece rápido y enfrenta el edadismo a diario
Según datos demográficos recientes del INEC, las personas adultas mayores ya representan más de una décima parte de la población costarricense, y el país está a pocos años de ser uno de los más envejecidos del continente. Esta transición demográfica se refleja en la vida diaria: personas mayores que continúan trabajando, adultos mayores viviendo solos en zonas urbanas, y otros con dificultades de movilidad en zonas rurales donde el transporte y la salud siguen siendo barreras.
A pesar del marco legal, el edadismo continúa presente: decisiones familiares tomadas sin consultar a la persona mayor, chistes sobre la vejez, exclusiones sutiles y prácticas institucionales que aún tratan a la persona adulta mayor como sujeto pasivo y no como titular pleno de derechos.
Abandono y maltrato: la herida social que marcó el 2025
Si hubo un tema que dominó el año fue el abandono de personas adultas mayores.
El Ministerio de Salud y CONAPAM lanzaron campañas nacionales como “¡No al abandono!”, advirtiendo que los casos siguen aumentando y que diciembre sigue siendo el mes más crítico.
En los primeros meses del año, las instituciones reportaron más de mil situaciones de abandono y maltrato, una cifra que ya rozaba los niveles registrados en todo el 2024. A esto se suman los análisis de la Universidad Nacional, que señalan un crecimiento sostenido de delitos contra personas mayores, especialmente estafas, agresiones patrimoniales y abandono hospitalario.
Detrás de cada estadística hay historias reales: personas mayores dejadas en centros médicos sin que nadie regrese por ellas, traslados forzados a hogares de larga estancia sin consentimiento y abuelas que cuidan nietos mientras ellas mismas carecen de cuidados básicos.
El Estado reacciona: más campañas, más inspecciones y una ley penal más dura
El 2025 también fue un año de respuesta institucional contundente.
CONAPAM y el Ministerio de Salud reforzaron la presencia pública con campañas, llamadas a denunciar y recordatorios legales que ya no dejan espacio para la duda: el abandono es una violación de derechos humanos y un delito.
Además, entró en vigencia una reforma al Código Penal que aumenta las penas por abandono cuando se pone en riesgo la vida o la salud de una persona adulta mayor. La norma fue anunciada como un mensaje claro: dejar a una persona mayor en vulnerabilidad no es solo inmoral, es motivo de cárcel.
Sin embargo, organizaciones académicas y sociales insisten en que la ley, por sí sola, no resuelve lo que está detrás del abandono:
la falta de redes de apoyo, la precariedad de muchas familias, la ausencia de servicios accesibles y la sobrecarga de cuidadores.
Hogares de larga estancia: entre la protección y la vulneración
Uno de los casos más comentados del año fue el cierre temporal del permiso de funcionamiento de un hogar de ancianos en Puntarenas tras denuncias de malos tratos y condiciones inadecuadas. Salud impuso una orden sanitaria estricta y CONAPAM intervino por el alto número de residentes.
Estas actuaciones revelan dos realidades simultáneas:
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Protección: el Estado está fiscalizando más y cerrando centros que incumplen.
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Fragilidad: la falta de hogares disponibles y de alternativas comunitarias provoca que cierres necesarios generen procesos de reubicación dolorosos y lentos.
Para quienes viven en estos centros, los derechos humanos se sienten en detalles cotidianos: la calidad de la comida, la higiene del baño, el trato del personal, la posibilidad de elegir, recibir visitas o mantener autonomía.
Participación y voz propia: personas mayores como agentes de cambio
No todo ha sido retroceso.
CONAPAM destacó durante el año que las personas adultas mayores no son solo beneficiarias, sino líderes y defensoras de sus derechos.
Algunos avances visibles del 2025:
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Mayores espacios de participación en consejos consultivos, asociaciones de desarrollo y programas municipales.
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El consultorio jurídico CONAPAM–UCR atendió miles de consultas relacionadas con violencia, patrimonio y acceso a servicios.
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Un grupo de personas mayores está dando seguimiento directo al cumplimiento de la Política Nacional de Vejez y Envejecimiento.
Este protagonismo marca una diferencia real: más denuncias, más fiscalización ciudadana y más presencia pública de las personas mayores como actores políticos.
¿Cómo se viven los derechos en la vida cotidiana?
El 2025 deja una fotografía clara: los derechos humanos de las personas adultas mayores en Costa Rica se viven entre avances y heridas abiertas.
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Hay más campañas, mayor conciencia pública y un discurso institucional firme contra el abandono.
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Hay nuevas herramientas legales para sancionar el maltrato.
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Pero también hay más estafas, más abandono, más soledad y más casos mediáticos que exponen condiciones indignas en algunos hogares.
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Y persisten barreras de acceso a salud, transporte, apoyos comunitarios y cuidados continuos.
La brecha entre lo que la ley garantiza y lo que muchas personas mayores experimentan sigue siendo profunda.
Lo que viene: convertir derechos en realidades
El reto del 2025 es claro: Costa Rica necesita pasar del discurso a la acción.
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De campañas a cambios culturales.
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De leyes a aplicación efectiva.
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De políticas a presupuestos reales.
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De ver a la persona mayor como “objeto de protección” a reconocerla como protagonista y defensora de sus derechos.
Con una población que envejece aceleradamente, los derechos humanos de las personas adultas mayores no pueden seguir siendo una promesa jurídica.
Deben convertirse en una experiencia diaria de dignidad, autonomía y buen trato.
