📍 San José, Costa Rica — 7 de noviembre de 2025
📝 Por Redacción Costa Rica Mayor ( www.costaricamayor.com)
La Defensoría de los Habitantes lanzó una advertencia contundente al país: la crisis por la suspensión de las licencias de cuido ha llegado a su punto límite. Esta situación está afectando gravemente a cientos de familias que atienden a personas en condiciones de alta dependencia, entre ellas personas adultas mayores, personas con discapacidad y pacientes en fase terminal.
Según el informe emitido esta semana, más de 600 familias se encuentran sin recibir los recursos que garantizan la continuidad de los cuidados y la estabilidad económica de sus hogares. La medida afecta directamente a quienes más lo necesitan: adultos mayores frágiles o dependientes que requieren atención constante y que, sin ese apoyo, enfrentan mayores niveles de abandono, estrés y vulnerabilidad social.
Un problema estructural
La Defensoría señaló que esta crisis no es nueva, sino que responde a la falta de sostenibilidad financiera y de coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y otras entidades encargadas de los programas de protección.
“El país no puede seguir dejando a las familias cuidadoras sin respaldo. Estamos ante un problema estructural que exige soluciones legislativas y presupuestarias urgentes”, expresó la jerarca de la Defensoría, al instar al Poder Ejecutivo a incluir en la agenda legislativa el proyecto de ley que busca resolver la falta de financiamiento de las licencias de cuido.
Impacto humano
Detrás de las cifras hay historias de vida. Madres, hijas e incluso personas mayores que cuidan de otros adultos mayores se han visto obligadas a suspender sus labores para brindar cuidados sin contar con ningún ingreso.
“Ya no puedo pagar los medicamentos de mi mamá ni los insumos para su alimentación especial”, contó una cuidadora afectada por la suspensión. Casos como este se repiten en todo el país, evidenciando un vacío en la protección del derecho al cuidado y en la reconocimiento del trabajo no remunerado que sostienen principalmente las mujeres.
Un llamado a la acción
La Defensoría recordó que el derecho al cuidado forma parte del bienestar integral y debe ser garantizado por el Estado, conforme a los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica en materia de derechos humanos, envejecimiento y equidad de género.
Organizaciones sociales y defensoras de los derechos de las personas mayores respaldaron el pronunciamiento, solicitando una respuesta urgente del Gobierno y de la Asamblea Legislativa para evitar el colapso de los hogares más vulnerables.
En un país que envejece aceleradamente, la crisis de las licencias de cuido no es solo un problema administrativo: es un reflejo de la fragilidad del sistema nacional de cuidados y del abandono de quienes sostienen la vida desde los hogares. Sigue www.costaricamayor.com .
