Por: Redacción Costa Rica Mayor
San José, Costa Rica. 22 de Enero de 2026. La situación de las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad fue incorporada en el debate político nacional durante el denominado antidebate presidencial, un espacio en el que varias candidaturas coincidieron en la necesidad de priorizar los temas sociales en la próxima administración.
Durante el intercambio, transmitido por Teletica, los aspirantes a la Presidencia de la República señalaron que el país enfrenta retos estructurales que requieren una mirada integral sobre el bienestar social, el cuido y la protección de poblaciones históricamente vulnerabilizadas. En ese contexto, el envejecimiento de la población y las condiciones de vida de las personas adultas mayores fueron mencionados como asuntos que no pueden seguir siendo secundarios en la formulación de políticas públicas.
Las intervenciones destacaron la urgencia de fortalecer los sistemas de cuido, garantizar el acceso efectivo a servicios de salud y promover condiciones de vida dignas para las personas mayores, especialmente aquellas que viven solas, en condición de dependencia o con recursos económicos limitados. Asimismo, se subrayó la necesidad de articular respuestas estatales que integren a las personas con discapacidad dentro de una agenda común de derechos humanos y protección social.
Este señalamiento se produce en un momento clave para el país, marcado por el acelerado proceso de envejecimiento demográfico y por crecientes presiones sobre los sistemas de pensiones, salud y asistencia social. Diversos sectores han advertido que las decisiones que se tomen en el próximo periodo de gobierno serán determinantes para garantizar un envejecimiento digno y con calidad de vida.
La vejez como prioridad política impostergable
Desde Costa Rica Mayor reiteramos que incorporar a las personas adultas mayores en el debate electoral no debe quedarse en declaraciones generales. Se requiere pasar del discurso a propuestas concretas, con presupuestos, metas claras y una visión de largo plazo que reconozca a la vejez como una etapa de derechos, participación y aporte social.
El reto está planteado: un país que envejece necesita liderazgos capaces de entender que el bienestar de las personas mayores es un indicador clave de justicia social y desarrollo humano.
